La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejó enteramente en manos del gobierno la aplicación de la Ley 91-2022, que aprobó un aumento al salario base de los oficiales correccionales, y aclaró que nunca se opuso al incremento.

El ente fiscal también señaló que en “múltiples presupuestos certificados” se incluyó la partida para el aumento al salario base de los guardias correccionales a $2,350.

“Recientemente se ha sugerido que la JSF ha impedido la aplicación de la Ley 91. Le escribimos para aclarar que la JSF nunca ha intentado ni tomado medidas para impedir la aplicación de la Ley 91. Además, varios presupuestos del Estado Libre Asociado certificados por la JSF han incluido fondos para los aumentos salariales previstos en la ley”, estableció el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, Jr.

La semana pasada, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, indicó a El Nuevo Día que, tras una reunión con el liderato de la Alianza Correccional Unida (ACU) -sindicato que representa a los oficiales correccionales- se comprometió a “gestionar el pago prospectivamente, reconociendo los retos fiscales que representa, particularmente, ante la JSF”.

Este medio intentó obtener una reacción de Quiñones Rivera, pero el funcionario declinó emitir comentarios. Por su parte, su portavoz de prensa señaló que la carta estaba dirigida al secretario de la gobernación, Francisco Domenech.

En tanto, la presidenta de la ACU, Jessica Martínez, consideró “positivo” que la Junta aclarara su posición, pues es un paso que acerca a ver reflejado el incremento en la remuneración de los oficiales correccionales.

“La Junta fue bien clara. Si ustedes no han cumplido con la Ley 91, a mí no me vengas a echar la culpa, eh. Ustedes han tenido los presupuestos para poder cumplir con la Ley 91 y poder dar el aumento de salario a los oficiales correccionales”, expresó la líder sindical.

La ACU espera reunirse con Quiñones Rivera la próxima semana, no solo para discutir el aumento, sino para también atender el reclamo de hace años por los uniformes de los guardias.

La exigencia de que se cumpliera con la Ley 91-2022, y por las extensas jornadas que deben trabajar, llevó a los oficiales correccionales a ejecutar una protesta mediante absentismo laboral que alcanzó hasta un 80 por ciento en su punto máximo. Sin embargo, tras el compromiso de Quiñones Rivera, la asistencia de los empleados se normalizó.

“A partir del martes se vio la asistencia regular. Sí, siempre hay doble jornada en varias instituciones, pero es por la necesidad de servicio que hay de oficiales para poder atender lo que es el roster y lo que son los puestos y y todo lo que es la seguridad”, compartió Martínez.