Justo antes que comenzara una reunión entre la gobernadora Jenniffer González y los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) este jueves, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó una propuesta para financiar las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, a la vez, sustituir los ingresos que genera el impuesto al inventario.

El líder del Senado indicó, en un comunicado, que presentó su iniciativa, por escrito, a la mandataria y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para que esos fondos provengan del “remanente” del Puerto Rico Trust Fund, que se nutre de los aranceles que pagan pasajeros e importadores de mercancía en Puerto Rico.

“No se trata de pedir más dinero, sino de administrar con prudencia lo que ya pertenece al pueblo”, sostuvo Rivera Schatz.

La propuesta de Rivera Schatz surge a poco más de una semana de aprobarse el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que eliminaría el impuesto al inventario a partir del año contributivo 2028, si no se le encuentra un sustituto antes. La legislación es rechazada por alcaldes rojos y azules, mientras que representantes del sector privado reclaman que se convierta en ley.

Ante el llamado de alcaldes del PNP, la gobernadora se reunió tarde este jueves en La Fortaleza con un grupo de ellos. Al cónclave, asistieron poco más de 15 de los 37 alcaldes federados, encabezados por su presidente, Gabriel Hernández, y el presidente de la Junta Directiva del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Jesús Colón Berlingeri.

Estos dos líderes del PNP sostendrían un breve encuentro con González previo a la reunión formal. Los líderes legislativos no participaron de la reunión, que, al momento de esta publicación, pasadas las 7:00 p.m., no había culminado.

El Nuevo Día supo que González no ha tomado una decisión sobre qué hacer con el PC 420 y deseaba escuchar las alternativas que traerían los alcaldes.

Sin embargo, dijeron dos fuentes adicionales, existe malestar entre los alcaldes del PNP con los líderes legislativos por enmendar la pieza para que, contrario al programa de gobierno, se elimine el impuesto al inventario en el 2028. Incluso, hay alcaldes penepés desconfiados de la gestión del presidente de la Federación de Alcaldes, que tampoco advirtió los cambios en la Legislatura, dijeron las fuentes.

Esta semana, Rivera Schatz advirtió que no atendería más el tema del impuesto al inventario en ese cuerpo, lo que frenaría el que la gobernadora devuelva la medida a la Legislatura para reconsideración. Igual advertencia hizo el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez. El liderato legislativo ya se había reunido con los alcaldes federados más temprano en la semana para discutir alternativas de ingreso en remplazo del impuesto al inventario.

La mandataria recibió el PC 420 el martes, y tiene 10 días laborables para aprobarlo o vetarlo. De no actuar al cabo de ese plazo, queda aprobado. Los 10 días se cumplen el 30 de octubre.

Los alcaldes de Bayamón y de San Juan, Ramón Luis Rivera Cruz y Miguel Romero, respectivamente, se ausentaron al encentro en la Mansión Ejecutiva.

Mientras, los ejecutivos afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), agrupados en la Asociación de Alcaldes, no fueron invitados.

Los alcaldes populares, según dos de ellos, no tienen expectativas de que González, al cabo de la reunión, reconsidere el impacto negativo que entienden tendría la medida si se convierte en ley.

“Lamentablemente, nuestro llamado a que todo se trabaje como un solo país no ha hecho eco en La Fortaleza. Desde el pasado 10 de octubre, solicitamos una reunión. No se nos ha contestado al día de hoy (jueves). Hoy, vemos cómo, una vez más, se divide al país, en vez de unir al país, atendiendo solamente a un sector de la población, que son los alcaldes que pertenecen a la Federación de Alcaldes. El llamado sigue siendo a la gobernadora a que, como país, atendamos esta situación en beneficio de todos”, dijo el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

Recordó, de paso, que alcaldes del PNP, encabezados por Edward O’Neill Rosa, de Guaynabo, y su homólogo de Bayamón, han reclamado al Ejecutivo que no apruebe el PC 420 por entender que afecta no solo a los municipios, sino también al Estado, la banca y, por ende, los servicios que llegan al pueblo.

El impuesto al inventario sobre la propiedad mueble representa $314 millones anuales para los municipios. De esa cantidad, $169 millones van para pagar deuda del gobierno central, que fue reestructurada en el Tribunal Federal mediante lo que se conoce como el Fondo de Redención. Otros $129 millones corresponden a la contribución adicional especial (CAE), que los ayuntamientos usan para respaldar los préstamos que toman a la banca. Los restantes $145 millones son los fondos que llegan a las arcas municipales para servicios y gastos. Todo el dinero –los $314 millones– es recaudado por el CRIM.

Antes de llegar a La Fortaleza, Colón Berlingeri se había mostrado confiado en que González haya obtenido un informe adecuado de la “implicación” de aprobar el proyecto. “Y (esperamos), posiblemente, una alternativa por parte de ella. Hemos hablado con algunos ayudantes de la gobernadora. He visto bastante apertura”, expresó.

Colón Berlingeri agregó que el Código Municipal establece que cualquier legislación que le reste dinero a los municipios debe estar acompañada de otra que identifique recursos adicionales. Recalcó que ese dato fue traído a la atención de la primera ejecutiva.

Aun así, tanto Cruz Molina como el alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, quien preside la Asociación de Alcaldes, recordaron que, cuando el Fondo de Equiparación se eliminó, hubo promesas para revivirlo y no pasó nada, también bajo el liderato del PNP. El Fondo de Equiparación era un pote de dinero que se distribuía entre todos los municipios a tono con su necesidad económica. Fue eliminado paulatinamente desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares (2017-2019).

“Aquí, no hay un rumbo establecido porque, si hubiese un rumbo establecido, hay que reunir a todos los componentes de todos los partidos y, por el beneficio del país, buscar la mejor alternativa. Pero aquí esto es inventando. Estamos apagando fuego”, sentenció González Otero.