Bajo el alegato de que la información sobre las gestiones realizadas “se perdió”, el jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario Hernández, rechazó este martes el resultado de una auditoría federal que apunta a que no hubo mitigación del Estado para trabajar con la presencia de plomo en 220 residenciales públicos de la isla.

La información presuntamente perdida, dijo, desglosaba las acciones de la AVP y el Departamento de la Vivienda, y era resguardada por los administradores privados de los residenciales.

“Hay diversos procesos que nosotros, desde la AVP, en coordinación con otras agencias, trabajamos para poder atender esta necesidad. ¿Qué pasa? La auditoría, como tal, viene, no a que no se haya hecho nada en relación a la mitigación de los 220 residenciales públicos, sino fue que se perdió información dado a que, en el pasado, la información o la orientación debió trabajarse a través de la Administración de Vivienda Pública, y se les echó esa responsabilidad a los agentes administradores. Ahí, es que yace el señalamiento, en que no se trabajó de la forma correcta en cuanto a la orientación”, dijo Rosario Hernández, durante la conferencia bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Detalló que la AVP tiene 328 residenciales bajo su responsabilidad. De esos, 220 fueron construidos en o antes de 1978 y es posible que tengan pintura con plomo.

“Al momento, hemos podido trabajar 180 residenciales públicos (de los 220 incluidos en la auditoría). Nos quedan 40 proyectos que están pendientes por mitigar”, sostuvo.

“Y, para conocimiento de todos ustedes, toda persona que vaya a estos 40 residenciales públicos, que vaya a entrar de nuevo ingreso al residencial, en el contrato firma una cláusula donde se le adviene en conocimiento que el residencial tiene presencia de plomo. Desde el pasado año, nosotros hemos estado trabajando diferentes iniciativas, diferentes actividades para poder orientar a estos 40 residenciales que, al día de hoy, continúan con la mitigación”, agregó.

La auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) cubre el período de enero de 2022 a diciembre de 2023.

Rosario Hernández indicó que, para finales de febrero, deben presentarle a HUD un plan de acción.

El plomo es tóxico para los seres humanos y animales, según la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés). Puede afectar casi todos los órganos y sistemas del cuerpo, y causar dolor abdominal, fatiga, irritabilidad, dolores de cabeza, problemas de concentración y memoria y estreñimiento.

“Entendemos que vamos a poder cumplir, a octubre de este año, con la mitigación de estos 40 residenciales (restantes de la auditoría)”, afirmó Rosario Hernández, al indicar que una unidad de ingeniería de la AVP se encarga de la mitigación.

“Estamos trabajando en coordinación, además, con el Departamento de Salud. Hemos estado en conversaciones con el secretario (de Salud, Víctor Ramos) para poder trabajar con el equipo y un ‘staff’ especializado en plomo que tiene el Departamento, para poder atender estas necesidades. Estamos creando una presentación para poder adiestrar completamente a nuestros agentes administradores, para que puedan llevar la información uniforme, completa y correcta a estos 40 residenciales públicos que aún están siendo por mitigar”, abundó, al explicar que el plan de acción incluirá ese trabajo colaborativo con Salud.

La auditoría concluyó que la AVP no trabajó de manera adecuada el riesgo de plomo en los residenciales, al incumplir con tareas como inspección, prevención y mantenimiento. Para la auditoría, se usó una muestra de 52 complejos construidos antes de 1978. Para ese año, se dio paso a una ley federal que prohibió el uso de pintura a base de plomo.

Cuestionado sobre qué garantías hay de que, en efecto, se trabajó con los residenciales y solo restan 40 por atender, Rosario Hernández respondió: “No tienen plomo porque sorpresivamente la EPA ha venido a monitorear estos 180 residenciales y han salido con 0%”.