Desde febrero, la Administración de Vivienda Pública (AVP) ha recuperado 44 apartamentos que fueron ocupados de manera ilegal en los 328 residenciales que tiene bajo su jurisdicción, reveló el administrador Juan A. Rosario.

De esos 44 apartamentos, 36 ya fueron desocupados y entregados a personas que cualificaban para la vivienda, destacó.

“Desde febrero, que yo llegué (a la AVP), no se llevaba un conteo en la administración. Con todos los operativos que se hacen, hemos identificado 44 unidades que, de esas, 36 están siendo habitadas de forma legal ya. ¿Cómo lo vamos a atajar? Con la necesidad que hay“, afirmó.

Rosario proveyó a El Nuevo Día el listado con el total de apartamentos recuperados y el residencial público al que pertenecen: Los Mirtos, en Carolina (20); La Lorenzana, en Carolina (3); La Esmeralda, en Carolina (2); Arístides Chavier, en Ponce (2); Portugués, en Ponce (2); Covadonga, en Trujillo Alto (3); Vista Hermosa, en San Juan (2); Las Casas, en San Juan (1); y Luis Llorens Torres, en San Juan (9).

Reveló, en tanto, que la AVP trabaja en una subasta para adquirir “cerraduras inteligentes” que se colocarían en los 53,596 apartamentos de los 328 residenciales públicos. La compra, estimó, costaría poco más de $1 millón, con fondos federales.

“Esas cerraduras van a estar conectadas a un sistema que vamos a instalar en la oficina de seguridad de la AVP y, si esa cerradura se rompe o se trata de mover, nos va a enviar una alerta para poder llegar y ver qué está pasando con la unidad”, explicó el administrador.

Advirtió que las intervenciones en los residenciales continuarán para detectar unidades vacías que puedan estar siendo ocupadas de manera ilegal.

“Tenemos un plan de trabajo calendarizado, y vamos a seguir. Vamos a tocar a toda la isla”, alertó.

Rosario señaló que la AVP tiene un listado de 24,000 personas que han solicitado vivienda en complejos públicos y “deben ser evaluadas”. Esa lista, admitió, no está actualizada, pese a que el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) exige que sea depurada cada dos años.

“Estos registros nuestros no se limpian hace aproximadamente cuatro años, o sea, que la mayor posibilidad es que, cuando limpiemos esa lista, eso (cantidad) baje un 50% o 60%”, sostuvo.

Recientemente, la AVP reveló que tenía 661 unidades que no solo permanecen desocupadas, sino que algunas, según las autoridades, están siendo utilizadas para actividades delictivas o están ocupadas de manera ilegal, lo que ha llevado a la dependencia a encaminar esfuerzos para asegurar el buen uso de los apartamentos bajo su jurisdicción.

Más temprano en agosto, agentes de la Policía adscritos a la División de Drogas Metropolitana, junto a HUD, intervinieron en el residencial San Fernando, en San Juan, como parte de un plan de trabajo para inspeccionar los apartamentos vacíos en el complejo y descartar que estuviesen siendo usados para actividad delictiva o que hayan sido ocupados ilegalmente.

El Código Penal, en su Artículo 196, dispone que toda persona que ocupe ilegalmente terrenos u otras propiedades ajenas asignadas por el gobierno para brindar vivienda pública incurrirá en delito grave, con pena de reclusión por un término fijo de tres años.