El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo J. Paniagua, afirmó este martes que no hay garantías de que la congelación del impuesto al inventario –bajo discusión en la Legislatura– se traduzca en ahorros a los consumidores, ni en un alza en el almacenaje de artículos de primera necesidad.

Advirtió, asimismo, que, contrario a la percepción general, solo 514 compañías –la mayoría dedicadas a la distribución amplia de productos–, de 98,000 planillas de contribución sobre la propiedad mueble, cargaron con el 80% del pago del impuesto al inventario.

“Eso queda total y completamente en manos de los comerciantes, porque el CRIM y los municipios no ajustan los precios del mercado, son los comercios”, dijo Paniagua sobre una posible baja en los precios como resultado de la aprobación del Proyecto de la Cámara (PC) 420, que propone congelar el impuesto al inventario por cinco años estableciendo un tope.

“Este período de congelación, creo que nos da tremendo espacio para ver cómo proceden los comercios”, agregó, durante una vista de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado.

“Si se congela el pago del impuesto a cinco años significa que no importa la cantidad de inventario que tú tengas en almacenaje, tú no vas a pagar más de un tope. Así que no hay excusa ni razón ninguna para que no haya suficientes bienes en ningún lugar”, expuso.

El PC 420, que tiene su génesis en La Fortaleza, fue refrendado por la Cámara de Representantes el 7 de abril y es avalado, con enmiendas, por la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista.

Pese a que la legislación implica que los municipios dejarían de recibir dinero por concepto del pago del impuesto –un promedio de $300 millones al año en total–, Paniagua sostuvo que el impacto sobre sus arcas “es casi neutro”. Con él, coincidió el alcalde de Orocovis y presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jesús E. Colón Berlingeri.

“Estamos recogiendo cerca de $300 millones ahora; estaríamos cediendo $25 millones. Pero, por otro lado, la Junta (de Supervisión Fiscal) está soltando $66 millones que están congelados ahora mismo, que serían para los municipios”, expuso Colón Berlingeri.

Como parte de sus argumentos a favor, el alcalde indicó que la legislación es parte de la política pública de la gobernadora Jenniffer González y atiende un asunto que recurrentemente los comerciantes han traído a la mesa. “Queremos ser parte de la solución. Hemos estado hablando de medidas permanentes, y entendemos que, en menos de tres años, esa alternativa va a estar”, apuntó.

Paniagua resaltó, por su parte, que el proyecto no es una propuesta de los municipios. Afirmó que aquellos alcaldes que se han expresado a favor de la congelación del impuesto al inventario lo han hecho “en apoyo” a la gobernadora que, dijo, está sirviendo de “árbitro”.

“Los comerciantes tienen un reclamo que es justificado, y los que venimos de la empresa privada lo entendemos perfectamente. Lo que pasa es que tiene que haber un balance aquí, en que no se vean severamente afectadas las finanzas de los municipios, a la vez que se atiende el reclamo justo, en muchos casos, del comerciante”, expuso.

Por años, miembros del sector empresarial ha denunciado que el impuesto desincentiva que se mantenga un inventario de artículos de primera necesidad. Respecto a la legislación, se han expresado en contra alegando que, de aprobarse, quedarían “ante un panorama incierto”.

Han sostenido, igualmente, que el proyecto no garantiza la eliminación del impuesto en cinco años, como esperaban. Paniagua insistió, sin embargo, en que el período de cinco años les dará el tiempo necesario para buscar una solución permanente.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, coincidió en que es “imperioso” que, al cabo de los cinco años, haya un mecanismo que genere los ingresos que los municipios dejarán de recibir por la congelación del impuesto al inventario.

“Eliminar dicho impuesto sin alternativas y sustitución del mismo sería un gran golpe para los municipios. Por tal razón, se debe identificar las mejores vías para que no tenga un impacto fiscal por los municipios”, aseveró.

Sostuvo que la mayoría de los ayuntamientos enfrentan una crisis fiscal, no solo por el fin del Fondo de Equiparación, sino también como consecuencia de la eliminación de recaudos municipales, de la concesión de decretos y de las aportaciones que anualmente tienen que hacer para la tarjeta de salud y el sistema de pensiones “PayGo”.

El también alcalde de Camuy propuso que la congelación del impuesto al inventario aplique para los años fiscales 2025 al 2029 y no 2024 al 2028, como dispone la legislación; y la integración de lenguaje que garantice los fondos para financiar las modificaciones que requerirá el sistema de radicación de la planilla de contribución sobre la propiedad mueble.

En tanto, Paniagua estimó entre $300 mil y $400 mil el costo de dichas modificaciones y aclaró que, de no buscarse otra opción, el dinero le tendría que ser retenido a los municipios de las remesas que la envían mensualmente. “¿Al perjudicado le estás cobrando por quitarle este ingreso? No es justo. Sin embargo, la gobernadora se ha mostrado, al igual que el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz), abiertos a que esto se incluya en el proyecto”, apuntó.