En los últimos cuatro años, la isla municipio de Culebra ha registrado 112 accidentes de tránsito con carritos de golf o vehículos de baja velocidad, siendo el 2023 el período con mayor número de incidentes de este tipo reportados, para un total de 45.

El accidente más reciente se produjo el pasado 6 de febrero, y resultó en el transporte vía ambulancia aérea de uno de los perjudicados, confirmó el alcalde Edilberto Romero. “En lo que va del 2026, la sala de emergencia del hospital de Culebra ha atendido a 10 pacientes relacionados con cinco accidentes”, expresó.

Los 45 accidentes registrados en 2023 resultaron en 11 personas heridas. En 2024, fueron 26 los lesionados. Mientras, entre 2025 y lo que va de 2026, se han reportado “más de 25 querellas relacionadas con accidentes de tránsito” que involucran carros de golf y/o vehículos de baja velocidad.

El 80% de estos 25 incidentes recientes “han resultado en pasajeros con heridas de gravedad”, requiriendo asistencia médica fuera de Culebra, confirmó la Policía en una misiva cursada a Romero, con fecha del 9 de febrero. “Al alquilarse con facilidad, muchas personas que nunca han manejado un carrito de golf terminan ocasionando accidentes”, apuntó el ejecutivo municipal.

A esto, se suma la realidad de este tipo de transporte, que carece de una estructura que garantice la seguridad del conductor y los pasajeros. “Culebra es una isla pequeña en la que cualquier accidente puede ser más complicado de atender rápidamente, por lo que reducir el número de incidentes potenciales es una prioridad”, subrayó.

“Si autorizan los ‘four tracks’, los CanAm y estos otros vehículos, los negocios de alquiler los van a comprar por lote y los van a alquilar… Nos gustaría la eliminación total de carritos de golf en las vías públicas porque están ocasionando un dolor de cabeza a los residentes”, señaló.

Las expresiones del alcalde surgieron durante una vista senatorial de la Comisión de Transportación, donde se evaluó el Proyecto del Senado (PS) 916, que permitiría el tránsito –por ciertas vías públicas– de los vehículos todoterreno y de los carros de golf que cumplan con un registro oficial.

“La Comisión está evaluando con detenimiento todos los planteamientos presentados para garantizar, ante todo, la seguridad de nuestros ciudadanos. Si ese componente no queda plenamente salvaguardado, ningún senador va a poder avalar la medida”, sostuvo el senador Héctor Joaquín Sánchez, presidente de la Comisión.

Romero cuestionó, asimismo, que la legislación, según radicada, disponga una exención con el cumplimiento de ciertos requisitos a personas que, con fines turísticos, alquilen vehículos todoterreno en ambas jurisdicciones.

Desde que comenzó la discusión en la Asamblea Legislativa, la medida de administración ha enfrentado la oposición de senadores y representantes. Mientras, dependencias públicas, como la Policía, han sugerido múltiples enmiendas en vías de fortalecer la propuesta.

El panorama en la isla municipio de Vieques no es muy diferente. A pesar de que el alcalde José A. Corcino no ofreció estadísticas sobre accidentes vinculados a los carritos de golf, motoras o vehículos todoterreno, indicó que han sido “testigos de múltiples incidentes graves”.

En particular, agregó, se han registrado accidentes fatales en la PR-201 y la PR-906, conocida como “la recta” de La Esperanza. “Estas situaciones, aun cuando no se encuentren documentadas en estadísticas oficiales, forman parte del conocimiento adquirido por el Municipio”, indicó, en una ponencia enviada vía email.

Corcino también expresó preocupación con el hecho de la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las restricciones que se impondrían a los conductores que quieran transitar en un todoterreno por una vía pública, como, por ejemplo, contar con una certificación de inspección mecánica emitida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que acredite que la unidad está en cumplimiento.

“Este Municipio favorece que se mantenga el estado de derecho vigente y que los esfuerzos del Estado se concentren prioritariamente en el fortalecimiento de la seguridad vial y en la fiscalización efectiva de las disposiciones existentes”, apuntó.

Mientras, el Departamento de Justicia mantiene confiscados 273 vehículos todoterreno, lo que representa el 34.2% del total de unidades ocupadas, confirmó el licenciado Robert Bradley, director de la División de Confiscaciones de la agencia.

De los registros, consta que la mayor parte del inventario la componen los vehículos de motor, con 514, para un 64.3%.

Según Bradley, la aprobación de la legislación impulsaría el desarrollo económico, ya que podría mover a las instituciones bancarias a financiar la adquisición de los vehículos todoterreno. “Una de las razones por las que ellos no entran a financiar este tipo de vehículo es por el riesgo de confiscación”, planteó.

La razón principal para las ocupaciones, de hecho, es por su uso no autorizado en las vías públicas. También, está el incumplimiento con la Ley 130-2013, que ordena el registro de las unidades todoterreno, dijo. “Como está tipificada la ley, el simple hecho de que estos vehículos crucen por la vía pública, ya es causa de confiscación”, expuso.

En su memorial, Justicia sostuvo que la propuesta armoniza la jurisprudencia vigente con la realidad social y tecnológica del país, autorizando el uso “ordenado” de vehículos carentes de regulación.

No obstante, indicó que la medida debe ser enmendada para hacer extensivas las penalidades establecidas en la Ley de Tránsito a los conductores de estas nuevas categorías. Igualmente, propuso la incorporación de lenguaje “concreto” que disponga la celebración de campañas educativas.

Mientras, Evinmotors PR –representante autorizado de Can-Am en la isla– y Powersports favorecieron la legislación, la cual representa “una oportunidad histórica” para que el país “adopte un modelo moderno, balanceado y ejecutable, alineado con las mejores prácticas” de otras jurisdicciones de Estados Unidos.