Las personas que incumplan órdenes de protección emitidas en casos de violencia sexual enfrentarán ahora cargos por delito grave, una medida que autoridades y legisladores aseguraron este jueves busca reforzar la seguridad de las víctimas.

En conferencia de prensa, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, destacó la importancia de la Ley 40-2026, presentada por el representante José “Che” Pérez Cordero, que tipifica como delito grave violar una orden de protección emitida a favor de víctimas de violencia sexual y establece una pena de hasta tres años de reclusión.

Piñeiro Vázquez explicó que antes de la aprobación de la ley, el incumplimiento de estas órdenes se procesaba como delito menos grave, lo que creaba una diferencia con otros estatutos como la Ley de Acecho y la Ley 54 de 1989, donde la violación de órdenes de protección conlleva consecuencias más severas.

“Ahora se uniforma haciéndose un delito grave para todos aquellos que violenten las órdenes de protección en casos de violencia sexual”, sostuvo la procuradora. “Esto hace justicia y crea equidad para todas aquellas víctimas”, aseguró.

La funcionaria subrayó que las órdenes de protección constituyen una herramienta clave para prevenir daños mayores.

“Las órdenes de protección salvan vidas. Es importante que las personas que estén en una relación violenta, o familiares que conozcan de una situación, sepan que existe un sistema que está en constante búsqueda de mejoría y que estamos para apoyarlas”, expresó.

Asimismo, señaló que muchas víctimas permanecen en ciclos de violencia que dificultan denunciar o salir de la situación.

“En ocasiones algunas personas piensan que las víctimas no desean buscar ayuda o que no quieren contar su historia, pero eso no es correcto. Las víctimas de violencia se encuentran en un ciclo del cual todavía no encuentran cómo salir”, indicó.

Por su parte, el representante Pérez Cordero afirmó que el cambio legal busca ofrecer mayor certeza jurídica y garantizar que las consecuencias por violar órdenes de protección sean consistentes.

“En aspectos prácticos es algo sencillo, pero el impacto es grande porque estamos uniformando las consecuencias de violentar una orden de protección cuando se imputa un delito de violencia sexual”, explicó.

El legislador sostuvo que anteriormente resultaba injusto que estos casos se procesaran como delitos menos graves pese a la gravedad de la conducta.

“Aquí hay una obligación de que aquellos que violenten la ley enfrenten sus consecuencias”, añadió.

El representante subrayó que, aunque estas órdenes constituyen una herramienta clave para proteger a las víctimas, no siempre son suficientes por sí solas.

“Las órdenes de protección son importantes. Han salvado vidas, pero no son infalibles. Hay otros aspectos que tenemos que tener muy pendientes de todas aquellas personas que están protegidas por estas órdenes, y sobre todo la comunicación y la educación para que realmente surtan efecto”, sostuvo.

Pérez Cordero añadió que la Asamblea Legislativa continúa evaluando otras medidas dirigidas a fortalecer la respuesta del gobierno ante la violencia doméstica y delitos relacionados.

Entre ellas, mencionó propuestas que van desde la creación de un código de violencia doméstica hasta enmiendas técnicas que buscan reforzar el objetivo principal de la Ley 54.

Durante la conferencia, también participó la teniente Lillian Ortiz, directora de Delitos Sexuales y Delitos contra Menores de la Policía, quien destacó que la nueva ley envía un mensaje de respaldo a las víctimas de agresión sexual.

Según la oficial, la legislación también fortalece la confianza de las víctimas en el sistema de justicia.

“Esto le da confianza a nuestras víctimas de agresión sexual de que el gobierno está unido para ayudarlas y hacer valer sus derechos”, afirmó.

Ortiz enfatizó que los casos de violencia sexual implican un impacto particularmente profundo en las víctimas debido a que involucran su integridad física e íntima.

Añadió que reforzar las consecuencias para quienes violen órdenes de protección busca precisamente prevenir nuevas agresiones y proteger a las víctimas.

“Lo que queremos es salvar vidas con las órdenes de protección”, concluyó.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.