La Cámara de Representantes le dio paso a una legislación que le permitiría a las sobrevivientes de violencia de género obtener una licencia de portación de armas de fuego por un período de cinco años, y no de 90 días, como establece la jurisprudencia vigente.

La legislación, de la autoría de la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez, responde a una realidad “urgente y documentada” que enfrentan las víctimas de violencia de género. “Este proyecto no crea una nueva política de armas ni flexibiliza los controles existentes. Por el contrario, perfecciona un mecanismo ya vigente en la ley y corrige una ineficiencia administrativa”, expuso.

La Ley de Armas de 2020 (Ley 168), en su Artículo 2.14, provee un proceso expedito para las víctimas de violencia de género, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, entre ellos, ser mayor de 21 años y tener expediente negativo de antecedentes penales. La licencia especial no tiene costo y su vigencia es de 90 días.

Desde el 1 de junio de 2020 hasta el 4 de octubre de 2025, la Policía de Puerto Rico expidió 820 licencias bajo esta modalidad, según la medida que cuenta con la coautoría del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Pacheco.

Si bien el mecanismo provisional cumple un propósito de respuesta rápida para salvaguardar la seguridad inmediata de las víctimas, según los autores de la pieza, resulta “innecesario” que la persona beneficiada deba pasar por dos procesos administrativos consecutivos, uno provisional y otro regular.

“Obligar a estas personas a atravesar dos procesos administrativos consecutivos, uno provisional y otro regular, no solo resulta redundante sino que genera una carga adicional tanto emocional como administrativa”, señaló la legisladora.

“Esta medida propone que desde el inicio, y bajo los mismos criterios estructurados de elegibilidad y seguridad, que ya existen en la ley, las licencias puedan expedirse en una vigencia de cinco años, garantizando la continuidad de la protección y mayor eficiencia administrativa”, agregó durante al debate legislativo.

Armar a una sobreviviente de violencia de género puede ser una opción, de acuerdo a algunos estudiosos del tema, ante el temor persistente de que el agresor la amenace con un arma ilegal o se le acerque. No obstante, para otras personas expertas, puede ser un riesgo mayor ante el alto nivel de letalidad que hay detrás, según reportó este medio.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, integrada por Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón, votó en contra de la medida.

“No es una liberación de una política de armas, sino una herramienta excepcional de protección bajo supervisión estatal y para situaciones de riesgos, reales e inmediatas”, subrayó Martínez sobre la legislación que pasa ahora ante la consideración del Senado