El representante Luis “Junior” Pérez, presidente de la Comisión cameral de Asuntos Municipales, aseguró este jueves que ese cuerpo atenderá las preocupaciones “legítimas” levantadas por “casi todo el comercio de Puerto Rico” en torno al proyecto de ley que congela el impuesto al inventario.

El análisis del Proyecto de la Cámara 420, tras las enmiendas incluidas a la legislación en el Senado, estará en manos de un comité de conferencias a nombrarse mañana, viernes.

“Vamos a atender responsablemente esas preocupaciones”, dijo Pérez.

El Nuevo Día intentó conversar con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, pero no estuvo disponible.

Como parte del análisis legislativo, el Senado no solo redujo de cinco a tres años la congelación del impuesto al inventario, sino que agregó lenguaje que, según portavoces del sector comercial, se traduce en un nuevo impuesto a todo artículo o producto al momento de su venta.

La enmienda en controversia le impone al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la responsabilidad de someter, antes del 31 de mayo de 2028, un proyecto sustituto para reemplazar esa fuente de ingreso de los municipios o, de lo contrario, se dejará sin efecto la congelación. Justo después, establece que, en tal caso, se comenzaría a cobrar el impuesto al momento de la venta de cada producto.

“Quizás, mañana (viernes) haya un borrador atendiendo esas preocupaciones. Estamos pendientes porque es un asunto apremiante, no solo no solo para los comerciantes, sino para la economía y para aquellos que sostenemos el impacto de cualquier situación contributiva, que es el consumidor”, expuso Pérez.

El representante novoprogresista reconoció que el futuro de la medida va a depender del diálogo y la disposición de todas las partes a ceder y aportar. “Ningún proyecto está escrito en piedra, pero una de las partes bien importantes es el diálogo y, para eso, es el comité de conferencia”, recalcó.

Las partes tienen hasta el próximo lunes, 30 de junio, para llegar a un acuerdo sobre el contenido de la medida o el asunto quedará pendiente para la próxima sesión ordinaria, que inicia en agosto.

“Anhelo, por el interés grande que tiene no solamente entre los comerciantes, sino entre los alcaldes, que se pueda lograr algo”, apuntó Pérez.

La legislación es parte de la política pública de la gobernadora Jenniffer González y atiende un reclamo que recurrentemente los comerciantes han traído a la mesa, como mecanismo para, según este sector, ampliar el almacenaje de artículos de primera necesidad en el país. Durante la discusión legislativa, sin embargo, el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, alertó que no hay garantías de que la congelación se traduzca en ahorros a los consumidores, ni en un alza en el almacenaje de artículos.