La Cámara de Representantes dio paso este lunes a tres medidas de administración, entre ellas, el Proyecto del Senado (PS) 920, para prohibir la “influencia económica” de entidades o personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas.

Asimismo, fue aprobado el PS 921, para que el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) integre el “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”, creado para fomentar la coordinación entre las entidades públicas con responsabilidad en la fiscalización.

Además, el PS 921 amplía las funciones de ese grupo de trabajo para incluir la formulación de iniciativas de política pública anticorrupción, la revisión periódica del marco legal y administrativo vigente y el análisis de los patrones de riesgo identificados mediante denuncias, auditorías e investigaciones gubernamentales.

Durante la discusión, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, reconoció que la legislación va en la dirección correcta, pero sostuvo que el mayor escollo que ha enfrentado el grupo de trabajo desde su creación, en 2018, es la baja asistencia de sus miembros a las reuniones que se convocan.

Precisó que, entre 2018 y 2022, el grupo celebró 25 reuniones formales. En 2019, se celebraron 11 de estas reuniones, y de estas, la Policía, el Departamento de Justicia y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) participaron en tres. El Departamento de Seguridad Pública (DSP), en tanto, acudió a una. Números similares se repiten en los años subsiguientes, destacó.

“De nada vale tener un grupo por ley y que se tengan que reunir, si los llamados a asistir al grupo no van a estas reuniones”, indicó Ferrer Santiago. El PS 921 fue aprobado de forma unánime, con 46 votos.

El PS 920, en tanto, define a la persona jurídica extranjera como aquella que está organizada, incorporada o registrada fuera de Puerto Rico o Estados Unidos, independientemente posea o no operaciones en la isla. Estas no podrán, directa ni indirectamente, y/o a través de los miembros de sus juntas de directores, ejecutivos, gerentes, socios gestores o subsidiarias, realizar donativos ni organizarse como un comité de acción política.

También fue avalado, aunque con 13 votos en contra, el PS 854, dirigido a que las agencias y corporaciones públicas destinen -al hacer una campaña publicitaria- el 5% de los fondos asignados para esos servicios a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

El PS 854 fue aprobado sin enmiendas, por lo que pasa a la consideración de la gobernadora Jenniffer González.