La Cámara de Representantes aprobó este martes una legislación que dispone el establecimiento de un protocolo para requerirle a toda menor de 15 años o menos la autorización de su padre, madre o custodio para poder terminar un embarazo.

Durante la presentación del Proyecto del Senado 297 –aprobado con 35 votos a favor–, el representante José “Che” Pérez Cordero, presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, sostuvo que “prácticamente” lo que hace es elevar a rango de ley el reglamento del Departamento de Salud, promulgado en 2008, que rige las clínicas de aborto en la isla.

“Elevándolo a rango de ley, le damos mayor certeza, protegemos a las menores de estos procedimientos y atendemos cualquier caso que ocurra de agresión sexual, de violación o de incesto”, argumentó Pérez Cordero.

El protocolo propuesto requiere que previo a la realización de un aborto a toda menor de 15 años o menos, el médico incluya en el expediente los datos de identificación del progenitor o tutor legal que la acompaña; hacer “un referido inmediato” al Departamento de la Familia, aun cuando el adulto responsable haya prestado su consentimiento informado; y documentar el número de dicho referido, la fecha y hora.

Asimismo, previo a la entrega del formulario de consentimiento, la menor sería entrevistada a solas por un trabajador social o consejero profesional, a fin de confirmar o descartar que haya sido víctima de agresión sexual por parte de su progenitor, acompañante o tutor legal.

“Este proyecto promueve una política de poder y control de padres abusivos y de impunidad a pedófilos. Solo transfiere la decisión de una joven a otra persona adulta con un poder de veto absoluto; un poder que puede estar motivado por capricho, por creencias religiosas, por prejuicios y que, muchas veces, va en contra de bienestar y de la autonomía de la menor”, expuso la representante Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueña, al consignar su voto en contra.

Sostuvo que, si el interés “genuino” de la Legislatura fuera proteger a las menores, se aprobaría política pública de educación sexual integral, acceso a servicios de salud reproductivos y apoyo psicológico y social. “Pero no lo hacemos porque aquí no se trata de proteger, se trata de imponer una moral conservadora que niega la realidad social de nuestro país”, afirmó.

Previo a la votación, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, argumentó que la medida presentaba “varias lagunas” que evitaban una aplicación coherente, y solicitó –sin éxito– que se devolviera a la Comisión de lo Jurídico para continuar con su evaluación.

“Hago un llamado a que nuestro esfuerzo legislativo sea que se haga valer la ley”, señaló.

Burgos sostiene que el aborto en Puerto Rico es ilegal tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó el reconocimiento al derecho constitucional en 2022, lo que –a su juicio–también dejó sin efecto el caso de Pueblo vs. Duarte Mendoza, que reconoce la práctica a nivel local desde 1980.

“Nuestro ordenamiento jurídico no contempla el aborto electivo... por lo tanto, las clínicas abortivas operan al margen de la ley”, argumentó.

Alegó que la medida “guarda silencio” sobre los protocolos que deben seguirse en abortos realizados en embarazadas entre los 16 y 21 años, y cuestionó que, como parte de la evaluación, se haya eliminado el lenguaje que obligaba a Salud a documentar la asistencia de las menores a las clínicas hasta tanto cumplan la mayoría de edad.

También, se excluyó del proyecto la imposición de multas de $25,000 y reclusión fija de tres años a cualquier persona que, mediante el uso de fuerza, coacción, amenaza o violencia física, obligara a una menor embarazada someterse a un aborto.

Grupos defensores de los derechos reproductivos y la comunidad médica han cuestionado la intención legislativa debido a que no atiende los embarazos de adolescentes ni las agresiones sexuales, que suelen perpetrarse por personas del círculo familiar o cercano de los menores.

Al recibir enmiendas, la medida –de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve– regresa al Senado.