Desde la prohibición del uso de gas pimienta en las instituciones juveniles como mecanismo de intervención, los Centros de Tratamiento de Ponce y Villalba han enfrentado “mayores dificultades” para manejar incidentes violentos, aseguró este jueves Zulma Matías Otero, coordinadora de Seguridad en Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Argumentó, asimismo, que los riesgos de seguridad –tanto para el personal correccional como para los propios menores– han incrementado, aunque no presentó estadísticas totales para sustentar el planteamiento.

Según Matías Otero, datos de la Oficina de Seguridad del DCR apuntan a que, en 2022, previo a la prohibición, hubo seis eventos de agresión contra empleados, mientras que, en 2023, ya eliminado el uso del gas pimienta, hubo 16. Añadió que, en 2022, también se reportaron 15 intentos de agresión o amenazas contra empleados, frente a 34 en 2023. No proveyó cifras de 2024 y lo que va de 2025.

A su juicio, en todos los incidentes se debió haber usado gas pimienta. “En cada uno de ellos”, dijo, al destacar que, en algunos de estos casos, “hubo lesiones significativas por parte del personal”.

Matías Otero presentó una ponencia, a nombre del DCR, durante una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes, enmarcada en una resolución investigativa sobre la política pública y protocolos que rigen el uso de mecanismos de intervención en las instituciones juveniles.

La ponencia no detalló la posición del DCR ante la posibilidad de reinstaurar el uso de agentes químicos en las dos instituciones juveniles que, actualmente, cobijan a 70 menores. Empero, Matías Otero afirmó que “la opinión de la agencia es que el gas pimienta es una herramienta efectiva de neutralización y control, de manera inmediata, sin la necesidad de una intervención física”.

Fue bajo la Ley 47-2022 que se eliminó el uso de este agente químico y, además, se reformó el sistema para salvaguardar los derechos humanos de la población. “No existe una prohibición constitucional explícita del uso de fuerza química. Su legalidad depende de cómo se implemente”, apuntó la funcionaria.

Agregó que la Asamblea Legislativa podría autorizar agentes químicos mediante protocolos estrictos de uso mínimo y capacitación. En Estados Unidos, no obstante, la mayoría de las jurisdicciones han prohibido o restringido significativamente su uso en centros de menores, reconoció.

“Pero, entre quienes consideran su restauración viable, se argumenta que un uso limitado, supervisado y con fines de legítima defensa o prevención de daños graves podría cumplir criterios de necesidad y proporcionalidad establecidos en jurisprudencia federal”, expuso.

De hecho, para 2011, el 90% de las agencias correccionales juveniles desautorizaban al personal a portar aerosoles químicos en instalaciones de seguridad, según un análisis del Council of Juvenile Correctional Administrators.

El análisis de la posible restauración del uso de agentes químicos surgió en respuesta a los resultados de una vista ocular realizada por la Cámara en ambas instituciones juveniles, donde personal manifestó que, tras la prohibición, “han enfrentado mayores dificultades para manejar incidentes de violencia o altercados entre los jóvenes”, lo que, a su vez, “ha incrementado los riesgos” para la seguridad del personal y los menores.

Para Oscar Ortiz Colón, vicepresidente de la Federación de Oficiales de Custodia, la prohibición del uso de “pepper spray” tuvo el efecto de “vulnerar la seguridad y vida de los internos, al igual que del personal, y ha provocado un período de incertidumbre e inestabilidad” en los centros juveniles.

“El personal de seguridad, al no contar con equipo de respuesta, se encuentra en desventaja numérica de un oficial por cada ocho jóvenes que, en muchas ocasiones, se encuentran en posesión de armas blancas, ya sea de confección casera u obtenidas mediante contrabando”, alegó Ortiz Colón.

Matías Otero indicó, en tanto, que el DCR tiene 120 posiciones abiertas de oficiales correccionales. Factores como la paga y la localidad de las instituciones juveniles, ambas en el sur, han dificultado el reclutamiento. Al respecto, Ortiz Colón añadió que, entre las variables, está también “el factor seguridad”.

Ortiz Colón denunció que el DCR supuestamente ha fallado en identificar una herramienta de seguridad en sustitución del gas pimienta. “El Departamento invirtió en equipo de protección para el personal”, replicó Matías Otero, al alegar que también se capacitó al personal en el uso de escudos.

“El DCR nos capacita, nos adiestra... pero el hecho de que hayan proveído equipo de protección se limita a eso. Carecemos de un equipo de respuesta”, subrayó el oficial, durante la evaluación de la Resolución de la Cámara 326.

Para la representante Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño, la propuesta restitución sería un “retroceso” y “deshumaniza” a los menores en instituciones. “Perdemos la perspectiva del trasfondo y del perfil de estos menores, y yo creo que esa es la médula y la raíz que debemos estar atendiendo”, acotó.