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Cámara de Representantes se apunta una victoria judicial ante la Oficina de Ética Gubernamental por entrega de documentos

Es incierto si el organismo fiscalizador procederá a someter un expediente relacionado con una investigación al exsecretario del DRNA Rafael Machargo o si acudirá ante el Tribunal Supremo

8 de julio de 2024 - 7:21 PM

El expediente solicitado, explicó Ferrer Santiago, forma parte de un referido que hiciera, junto a la representante Estrella Martínez, en 2021, contra el entonces secretario del DRNA por reunirse con el exalcalde de Santa Isabel Enrique Questell, en momentos en que la agencia investigaba una querella en su contra por alegadas construcciones ilegales en ese municipio. (Ramón "Tonito" Zayas)

Aunque anticipa que probablemente no llegará a sus manos pronto, el representante Héctor Ferrer Santiago celebró el lunes que el Tribunal de Apelaciones ordenara al director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, entregar a la Comisión cameral Anticorrupción e Integridad Pública copia del expediente de la investigación que realizó contra el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Rafael Machargo.

“Esta resolución es una clara victoria para la transparencia y la rendición de cuentas. La decisión fortalece nuestro compromiso con la integridad en el servicio público”, indicó Ferrer Santiago, en entrevista con El Nuevo Día.

Con su determinación, el Tribunal de Apelaciones reafirmó la decisión del juez del Tribunal de Primera Instancia Alfonso Martínez Piovanetti, que el 30 de abril, ordenó entregar los documentos solicitados. “Esperemos que, luego de esta decisión, entreguen la información, pero entendemos que recurrirán al Tribunal Supremo buscando dilatar la entrega de los documentos”, previó el legislador.

Este medio intentó obtener una reacción de Pérez Vargas, pero, al momento de esta publicación, las llamadas y mensajes dejados a su portavoz no habían sido respondidos.

El expediente solicitado, explicó Ferrer Santiago, forma parte de un referido que hiciera, junto a la representante Estrella Martínez, en 2021, contra el entonces secretario del DRNA por reunirse con el exalcalde de Santa Isabel Enrique Questell, en momentos en que la agencia investigaba una querella en su contra por alegadas construcciones ilegales en ese municipio.

El análisis de la copia del expediente, subrayó, les permitirá continuar la investigación sobre el trabajo de la OEG, la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), así como las posibles lagunas legales que puedan permitir actos de corrupción en el servicio público.

Un panel de cuatro jueces determinó, según el documento de 16 páginas, que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un abuso de discreción ni actuó bajo prejuicio o parcialidad. Puntualizan, además, que los foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo”.

La OEG, por su parte, alegó en el certiorari presentado que el expediente solicitado es confidencial por disposición expresa de la ley orgánica de la agencia, “no solo porque incluye memorandos preparados por los servidores públicos de la OEG en el ejercicio de su cargo sino también porque contiene las impresiones mentales del abogado investigador a cargo del caso, sus observaciones, ideas y estrategias para trabajar la investigación y el posterior litigio del asunto en los casos que proceda”.

El organismo fiscalizador sostiene, además, que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) erró al determinar que la Resolución de la Cámara 272 –que viabiliza la investigación– le otorga jurisdicción a la Comisión Anticorrupción de requerir el expediente, y que se equivocó al ordenar su entrega.

Luego de examinar detenidamente los planteamientos de ambas partes y el derecho aplicable, no vemos que, en el manejo del caso ante el TPI, se haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya actuado bajo prejuicio o parcialidad”, lee el documento.

“Desconozco (el por qué de la negativa a entregar los documentos). Aparentaría que están escondiendo algo, porque si ves la argumentación durante el proceso judicial, ellos entienden que los expedientes de Ética Gubernamental son confidenciales de por vida. O sea, que ellos son jueces, deciden y no tienen que darle explicación a nadie. Eso es lo que pretende la OEG”, aseveró Ferrer Santiago.

Durante esta sesión ordinaria –que culminó el 30 de junio–, Ferrer Santiago no solo ha investigado el trabajo de las instrumentalidades fiscalizadoras, sino que promovió su reestructuración a través de los proyectos de la Cámara 1701 y 1702. A pesar de que ninguna de las medidas fue aprobada en la última sesión del cuatrienio, el legislador popular sostuvo que retomará el tema en enero, de salir favorecido en las elecciones del 5 de noviembre.

Asimismo, dijo, el tema formará parte del plan de gobierno del Partido Popular Democrático (PPD). “Las prioridades de la Oficina, en vez de ser de total transparencia y de educación al funcionario público, ha sido todo lo contrario y por eso el desenlace de los proyectos 1701 y 1702 que buscaban cambiar el organigrama”, expuso.

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