El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anticipó este jueves que la propuesta presupuestaria para el próximo año fiscal, ascendente a $13,095 millones, recibirá enmiendas dirigidas a atender, entre otras cosas, parte de los reclamos traídos a la mesa por los gremios que agrupan a los 78 alcaldes del país.

A pesar de los ajustes pendientes, Méndez aseguró que procurarán un plan de gastos certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Al final del día, nuestra pretensión es que el presupuesto que aprobemos esté de acuerdo con lo que el Ejecutivo está dispuesto a aceptar, con lo que la Asamblea Legislativa interesa que se acepte y con lo que la JSF, al final del día, nos certifique”, dijo.

Sus expresiones surgieron tras sostener una reunión con el liderato de la Asociación y la Federación de alcaldes, organismos que agrupan, respectivamente, a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), en la que se discutió la “precaria” situación fiscal en la que se encuentran, al menos, 14 pueblos.

“Todavía nos estamos dando el tiempo para la aprobación de presupuesto hasta que tengamos todo el cuadro claro... queríamos escucharlos a ellos, cuáles son sus inquietudes y las alternativas que nos están brindando”, agregó Méndez.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, explicó, por su parte, que la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2025-2026 incluye una partida global de $143.8 a distribuirse entre los municipios, $62 millones por debajo al plan de gastos vigente.

Los $143.8 millones incluyen $15 millones para el Programa de Ama de Llaves, $9 millones para el pago del tercer turno de paramédicos y $35 millones para iniciativas municipales. En este último renglón, los alcaldes están solicitando a la Legislatura mayor especificidad. “Básicamente, lo que nos están pidiendo es claridad y transparencia en término de las partidas”, expuso el líder cameral.

Otro de los reclamos de los alcaldes es la inclusión de una partida de $55 millones para cubrir el “cost share” de los proyectos de reconstrucción del huracán Fiona (2022). Se trata de un adelanto que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) les otorga a los ayuntamientos para que puedan iniciar obras.

“También, hablamos de medidas para buscar más dinero de manera recurrente a los gobiernos municipales quitándoles cargas del Estado. Estamos hablando de que cada año aportamos sobre $450 millones al fisco, cuando cada día los gobiernos municipales tienen menos dinero asignado y menos recursos para poder dar el servicio básico”, expuso Hernández.

El presidente de la Cámara informó que citó para este lunes, a la 1:30 p.m., a los directivos de la OGP para discutir cómo se puede agilizar el desembolso de $105.5 millones a los municipios.

“Te lo voy a resumir bien rápido y directamente: es burocracia, burocracia. Se pasan los tecnócratas la papa de mano en mano y no hay acción inmediata. La gobernadora (Jenniffer González)... dio unas instrucciones claras y precisas de que ese dinero tiene que salir y ha pasado una semana”, señaló sobre las razones para el retraso.

Entre los fondos pendientes a desembolsarse, hay $3 millones para la elaboración y adopción de los planes de ordenación territorial, $1.1 millones para servicios esenciales y los $35 millones que se destinaron para un “rescate financiero” para los pueblos. Además, está pendiente el desembolso de $49.5 millones para “cost share”.

Méndez anticipó que trabajarán legislación dirigida a que, a futuro, estos desembolsos se puedan emitir previo a que los municipios ofrezcan el servicio. “Si el gobierno después tiene que auditar, pues que audite, pero no podemos seguir permitiendo que los gobiernos municipales... no estén recibiendo ese dinero para atender sus necesidades”, expuso.

“Luego del lunes, tendremos una solución final a estos problemas porque, en la Cámara, estamos para trabajar y no para darle vuelta a la cosa”, indicó, en tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Eddie Charbonier.

Por otro lado, Méndez previó que, próximamente, trabajarán una enmienda al Proyecto de la Cámara 420, ante la consideración del Senado, que congela por un período de cinco años el impuesto al inventario.

La idea, explicó, es incluir lenguaje para disponer cómo será la distribución a los municipios de una partida de $66 millones, dispuesta en el presupuesto que culmina este 30 de junio y cuyo desembolso estaba condicionado a la aprobación de la legislación sobre el impuesto al inventario.

“La Junta ya estableció que está dispuesta a evaluar que se haga una enmienda a este proyecto, donde se pueda incluir un lenguaje que sea más sencillo, para que los municipios puedan de manera inmediata presentar las propuestas y obtener los fondos”, agregó.