El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este jueves, por separado, una medida de administración que utiliza el marco del 250 aniversario de Estados Unidos para exigirle al Congreso y al presidente Donald Trump la anexión de Puerto Rico como estado.

Se ordena, además, el envío inmediato de copias certificadas de la legislación a la Casa Blanca.

“La Asamblea Legislativa y la gobernadora (Jenniffer González) solicitan formalmente al Congreso que, de conformidad con su autoridad, promulgue legislación que disponga la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión en igualdad de condiciones con los diversos estados”, lee la pieza.

En tanto, el reclamo al presidente es a que “apoye y trabaje con el Congreso para la promulgación e implementación de legislación y todas las demás medidas necesarias para lograr la admisión de Puerto Rico como estado”.

La Resolución Conjunta del Senado 204 –que permite, además, el uso los recursos del gobierno para “cumplir” con su propósito– recibió 17 votos a favor. Mientras, en el cuerpo hermano, la Resolución Conjunta de la Cámara 391 recibió el favor de 31 representantes.

Tras la acción de ambos cuerpos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que no tiene inconvenientes en atender la versión cameral si con ello se “complace” a la gobernadora. “Los temas que son importantes requieren madurez. Los temas que son importantes requieren carácter y requieren puntualidad”, dijo.

Según el líder senatorial, durante la reunión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), celebrada este jueves y a la cual no asistió, González, “como está un poco enfadada con este servidor”, destacó que la Cámara había actuado sobre la legislación, pero no hizo lo propio con el Senado.

“Cuando la Cámara apruebe y nos envíe el (proyecto) de ellos, pues, también se lo vamos a aprobar, para que la gobernadora se sienta cómoda y firme ese proyecto y no lo vete porque venga del Senado”, sostuvo. “En las cosas buenas, la complacemos y, en las que no son buenas, no podemos. Porque, después de todo, todos los líderes, de todos los partidos políticos, son transitorios. Y lo que importa es el legado, las aportaciones que se hacen”.

Entre 2012 y 2024, se celebraron cuatro consultas de status en la isla. En cada una, la estadidad recibió la mayoría de los votos emitidos entre las opciones presentadas al electorado.

Para el senador José A. Santiago, del Partido Popular Democrático, un voto a favor de la legislación es consentir el uso de recursos gubernamentales para una campaña política de status. “Nuestro voto no es en contra de los puertorriqueños que creen en la estatidad. Nuestro voto es en contra de convertir una aspiración partidista en política pública obligatoria”, afirmó.

“Puerto Rico no necesita otra resolución simbólica enviada a Washington. Necesita que Washington asuma su responsabilidad y establezca un proceso vinculante, con alternativas claramente definidas y consecuencias explicadas de antemano para que, entonces, el pueblo decida”, subrayó.

Este cuatrienio, los trabajos legislativos arrancaron, en enero de 2025, con la aprobación de la Resolución Concurrente del Senado 1, de Rivera Schatz, para requerirle al Congreso el inicio de un proceso de admisión para Puerto Rico, considerando los resultados de la consulta del 5 de noviembre de 2024.

“Estamos hablando de un sitio que está pidiendo ser estado donde si no hay agua, hay luz; y si hay luz, no hay agua. Eso no se parece a ninguno de los 50 estados. Si quieren ser un estado, administren esto como si fuera un estado”, expresó, por su parte, el portavoz alterno del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González.

Previo a la votación, el senador independiente Eliezer Molina expuso que la legislación debía retirarse porque resultaba “académica”, pues “Puerto Rico ya es un estado… de emergencia”. “Cuando uno va, constantemente, a pedir la estadidad en tono de dependencia al que inventó el juego, pues, se ríen”, expresó, durante el debate.

“Puedo entender que la mayoría de la gente quiera la estadidad, eso es democracia... Pero, a quien le están pidiendo la anexión lo rechaza una y otra, una y otra vez. Entonces, uno en la vida tiene que tener dignidad”, agregó Molina.

La Cámara también aprobó legislación para ordenarle al Departamento de Estado a cesar la expedición de certificados de ciudadanía puertorriqueña y derogar el reglamento que rige dicho proceso, por considerarlo incompatible con el ordenamiento jurídico vigente.

“La categoría de ‘ciudadano de Puerto Rico’, tal como ha sido utilizada en distintas etapas del desarrollo legislativo, no constituye una ciudadanía soberana ni separada, sino una denominación territorial o local subordinada al marco federal”, lee la Resolución Conjunta de la Cámara 348, del representante Ángel Morey, del PNP.

La medida, no obstante, dispone que los certificados de ciudadanía puertorriqueña expedidos conservarán su validez documental y no serán revocados, anulados ni invalidados. “Dichos certificados no mantendrán, crearán ni reconocerán derecho sustantivo alguno en materia de ciudadanía”, agrega.

La resolución, que pasa ahora al Senado, obtuvo 32 votos a favor y 11 en contra.