Mientras los expertos advierten sobre el pico de la temporada del fenómeno de El Niño y los efectos prolongados que pudiesen extenderse hasta agosto de 2027, desde el tercer sector se gesta una iniciativa legislativa que, más allá de atender los problemas de infraestructura del sistema de acueductos, se centra en mejorar las áreas de recarga de las fuentes de agua con el fin de atender en el futuro los problemas de la sequía.

La organización La Maraña presentó un borrador para crear la “Ley para la Seguridad Hídrica de Puerto Rico”, que pondría en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) impulsar una política pública que reconozca la disponibilidad del agua como un “asunto de la más alta prioridad e interés público”, y esencial para garantizar la salud pública, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y el bienestar general.

La medida también declararía como infraestructura crítica las “Áreas Estratégicas de Recarga Hídrica”, o cuencas hidrográficas, y ordenaría al DRNA identificarlas y delimitarlas utilizando información científica. De esa manera, la protección de las áreas designadas sería un “criterio obligatorio en los procesos de planificación territorial, evaluación ambiental, ordenación del territorio, desarrollo de infraestructura y otorgamiento de permisos”.

Al discutir el objetivo de la propuesta, en entrevista con El Nuevo Día, la directora ejecutiva de La Maraña, Cynthia Burgos López, recalcó que el agua se genera en el paisaje antes de llegar a las infraestructuras y sistemas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y es en esa etapa que se debe comenzar a cuidar.

“El proyecto de ley va a eso, a poder desarrollar los mecanismos y poder desarrollar la ciencia necesaria para poder entender el sistema de agua actual, específicamente, el tema de paisaje”, afirmó, por la vía telefónica, Burgos López, confundadora de la entidad dedicada a la planificación comunitaria sostenible a través de esfuerzos participativos.

“En Puerto Rico, hay un vacío legal en cuanto a la protección de la fuente de donde se extrae el agua, de donde eventualmente vamos a obtener agua luego de que pasa por todo ese proceso de manejo. No existe una ley que proteja y que resguarde esas zonas críticas”, destacó, por su parte, el licenciado José Arturo Maldonado, de la Clínica Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La iniciativa surge de una encuesta que La Maraña realizó, entre el 20 de febrero y el 26 de mayo, a 138 residentes de ocho municipios de la región oeste, por ser la zona más vulnerable a la sequía, según datos del Monitor de Sequía de Estados Unidos. Entre los participantes del estudio, que dirigió Burgos López, el 43% reportó sufrir interrupciones de una a tres veces al año; el 36% las sufre de una a tres veces al mes, y cerca de un 15% las enfrenta semanal o diariamente.

Como parte del análisis de los resultados, concluyeron que, a corto plazo, se deben atender los proyectos estructurales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la gerencia de esos activos, y trabajar con legislación, como la que proponen, para promover la conservación y la planificación en torno al recurso del agua a largo plazo.

El borrador de la legislación define “seguridad hídrica” como “la condición en la que el Estado garantiza la recuperación, conservación y disponibilidad de las aguas superficiales, los acuíferos y las aguas subterráneas ante periodos de sequía y los efectos del cambio climático”. Para ello, propone establecer mecanismos para proteger y manejar las áreas de captación y de recarga de agua de lluvia, el uso eficiente y el ahorro del recurso, y fortalecer la infraestructura de distribución. El concepto proviene de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Ley 33-2019).

Como parte de la política que establecería para fortalecer la “resiliencia hídrica”, la medida crearía un “Canon por Impacto Hidrológico”, que se impondría en aquellos proyectos que, entre otras cosas, podrían reducir significativamente la capacidad de recarga del agua.

“El Canon tendrá como propósito compensar parcialmente la pérdida de infiltración, el aumento de la escorrentía superficial y la disminución de la capacidad de recarga ocasionadas por el desarrollo del terreno. Por tal motivo, el Canon constituye un mecanismo permanente para financiar la protección, conservación y restauración de las Áreas Estratégicas de Recarga Hídrica y los sistemas hidrogeológicos y superficiales”, detalla la pieza.

El proyecto de ley aún no ha sido radicado en la Legislatura, pero Maldonado confirmó que ya iniciaron conversaciones con los representantes Víctor Parés, del Partido Nuevo Progresista; Héctor Ferrer, del Partido Popular Democrático, y Dennis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño, en busca de recabar apoyo multipartidista para impulsar su aprobación.

Abordado por este medio, Ferrer confirmó que se reunió con representantes de La Maraña. Mencionó que su equipo le explicó a la organización el calendario legislativo, resaltando que el 12 de noviembre es el último día de aprobación de proyectos en Cámara y Senado.

“Nosotros, usualmente, cuando se presentan proyectos por petición, no ponemos objeciones, porque entendemos que constitucionalmente el deber de los legisladores es representar a sus ciudadanos y, si ciudadanos y organizaciones vienen con proyectos por petición, el deber es representarlos”, apuntó el portavoz del PPD en la Cámara.

El legislador confirmó además que su equipo legislativo ya hizo sus recomendaciones. “Vamos a sentarnos para dialogarlo”, indicó Ferrer, al anticipar que discutirá el asunto con su delegación.

“Este no debe ser un asunto de división partidista. El tema del agua es probablemente una de las crisis más grandes que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando. Y todavía no ha habido una discusión robusta a nivel de ajustar política pública de cuáles son los cambios necesarios para que esta crisis no se siga repitiendo”, sostuvo, en tanto, Maldonado.

Burgos López enfatizó que, para abordar la adaptación climática, se necesitan múltiples ideas, y no solo las propuestas que ha encaminado la administración de Jenniffer González.

Con el apoyo del coordinador especial para la estabilidad del agua potable, Carlos Pesquera, la gobernadora impulsa un proyecto para habilitar cinco pozos del área norte con el fin de suplementar los suministros de agua del área metropolitana y presentó un proyecto de ley para mejorar el estado del Superacueducto, para asegurarle redundancia, bajo la supervisión de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

Sobre los pozos, Burgos López resaltó que, aunque históricamente eran utilizados para apoyar las operaciones del Superacueducto, la aprobación parcial de fondos que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para desarrollar esa iniciativa demuestra que ese organismo no está del todo convencido del éxito del proyecto.

“No podemos desarrollar estrategias si no tenemos la ciencia en el lugar, si no tenemos cómo es que se comportan, dónde están esos movimientos de agua, porque, si no, vamos a seguir tomando decisiones arbitrarias”, enfatizó la cofundadora de La Maraña.

Al preguntársele sobre el proyecto de sembrado de nubes que impulsó la AAA para atender los bajos niveles de agua de los embalses Carraízo y La Plata, Burgos López lo calificó como “un tema reactivo y una idea reciclada”. “Es una idea que específicamente no atiende el contexto”, subrayó.

“Hay que tener cuidado con estas soluciones, que les ponemos mucho peso por verlas un poco atractivas y porque podrían tener lógica desde la óptica no estudiada y no científica. Pero, por eso, se requiere un análisis completo, robusto, con expertos y que tome en consideración la complejidad y la visión completa de cómo funciona el sistema”, abundó el licenciado Maldonado.

Burgos López dijo que se puede trabajar en conjunto con la academia y las organizaciones sin fines de lucro con el fin de encontrar estrategias, buscar fondos y trabajar juntos en la preservación del agua.

“Las estrategias para el cambio climático no van a salir de una sola cabeza y no van a salir de la misma manera que hemos estado trabajando las cosas hasta el momento. Hay que colaborar, hay que ser interseccionales, y de esa manera, es que lo vamos a poder lograr”, exhortó la directora ejecutiva.

De acuerdo con Maldonado, en Puerto Rico hay un total de 16 agencias estatales y federales que tienen injerencia sobre el recurso del agua, entre ellas, la AAA, el DRNA, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y la Junta de Planificación (JP).

“El tema del agua no lo puede manejar solamente Acueductos, lo tienen que manejar muchas agencias, empezando por la planificación... Esto tiene que ser una coordinación inmensa, porque el tema del agua no reconoce límites políticos. El tema del agua se tiene que atender de una manera interseccional”, enfatizó Maldonado.