Con el “voto de confianza” de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad, la Cámara de Representantes confirmó este martes a Carmen Vega Fournier como contralora de Puerto Rico.

La nominada fue ratificada en el puesto con 47 votos a favor y la oposición de los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, Nelie Lebrón y Denis Márquez. Vega Fournier ya había recibido el aval del Senado la semana pasada, por lo cual ahora ocupa el cargo en propiedad, en sustitución de Yesmín Valdivieso.

Pocas horas antes, la Cámara evaluó el nombramiento en una vista pública en la que la ahora contralora se comprometió a identificar una nueva sede para el ente gubernamental –que ahora ocupa un inmueble por $2 millones anuales de alquiler– y reducir la plantilla de 56 empleados de confianza.

La Oficina del Contralor tiene “sobre 500 empleados”, 400 de estos, auditores. “Sí, definitivo”, respondió Vega Fournier, a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, sobre si reduciría el número de funcionarios de confianza.

“Cuando yo estuve en el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), había casi 500 empleados, y de confianza eran como 20. En el Banco de Desarrollo Económico (BDE) (entidad que dirigía), hay casi 90 empleados y ocho de confianza. O sea, que no veo por qué tengan que ser tantos empleados de confianza”, agregó, durante la audiencia pública.

“Todos los empleados de carrera, si están mirando, se los digo de frente y bajo juramento, no vamos a botar a nadie. Sobre los empleados de confianza, mandé a pedir un listado…, y eso lo conversaremos más adelante”, apuntó.

Los trabajos de la Comisión de Gobierno iniciaron, cerca de las 10:30 a.m., con la lectura de una misiva enviada por los representantes Márquez y Gutiérrez, del PIP, quienes solicitaron detener la consideración de la designación hasta que se atendieran los señalamientos presentados anónimamente contra Vega Fournier, ante la Contraloría, relacionados con sus ejecutorias como presidenta del BDE.

En la denuncia anónima, se alega que el programa que el BDE tiene para facturar y cobrar préstamos no está siendo administrado adecuadamente, que la dependencia está a punto de perder la certificación de la Small Business Administration por señalamientos de incumplimiento y que la División de Finanzas no está enviando los costos de garantía ni dineros que corresponden en casos de préstamos especiales.

Se alegó, asimismo, que Vega Fournier supuestamente ha recomendado comprar y alquilar espacios “sin el debido proceso”, que con “frecuencia” se obvian trámites reglamentarios y que el BDE ha concedido diferenciales o compensaciones adicionales a empleados que no están realizando funciones adicionales a las descritas en su hoja de deberes.

Vega Fournier respondió con un “falso” a cada una de las denuncias, al ser cuestionada por el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago. “No tengo nada que esconder; el que no tiene hecha no tiene sospecha”, anotó.

Al igual que ocurrió en el Senado, durante su evaluación, se les concedió a los denunciantes anónimos hasta la 1:00 p.m. para que acudieran a la Cámara a sostener –bajo juramento– sus denuncias. “Entonces, usted estaría hábil para detener el nombramiento”, expuso el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Durante la sesión, que comenzó cerca de la 1:00 p.m., Parés abrió la discusión elogiando a Vega Fournier. Mientras que la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos, sostuvo que daría “un voto de confianza” luego de dialogar con la nominada y escuchar sus explicaciones.

Lo mismo hizo el representante popular Ramón Torres Cruz. Sin embargo, advirtió que, con la confirmación de Vega Fournier, se estaba creando un “estándar” o “precedente”.

“Yo espero que, de ahora en adelante, todas y cada una de las querellas anónimas que se radiquen en la Oficina de la Contralora se tomen con la misma seriedad que se tomó esta. Con ninguna”, manifestó.

Mientras que Ferrer Santiago, el portavoz popular, recordó al pleno que el Código Anticorrupción “permite el que personas bajo el anonimato presenten querellas”.

“Advierto que, de llevarse a cabo una investigación y confirmarse que estas alegaciones sí sucedieron, la nominada estaría cometiendo perjurio. Y créanme, y espero contar con ustedes si así surge, que seamos los primeros en radicar su destitución, porque sí vamos a tener base”, comentó Ferrer Santiago.

En la vista pública, Parés le tomó juramento a la nominada, ante la petición de Ferrer Santiago y la anuencia del presidente de la Cámara. “No tengo problemas con que a la deponente se le juramente. Yo creo que ella es una persona seria, honesta e íntegra y va a ejercer un cargo que requiere esos atributos, así que le pido que la juramente”, apuntó Méndez.

La delegación del PIP había anticipado sus votos en contra de la designación, si bien reconoció que la nominada cuenta con las credenciales para ocupar el cargo. “Tenemos la certeza de que usted cumple con los requisitos para ser la contralora de Puerto Rico, pero a nosotros nos impide, en el cumplimiento de nuestra función legislativa… votarle a favor, en la medida que no se disipen esas dudas”, puntualizó Márquez.

Durante su comparecencia, Vega Fournier presentó su agenda de trabajo para la Contraloría, que incluye la creación de un Observatorio de Cumplimiento Ético y Financiero para reconocer a las entidades con controles internos robustos y manejo financiero ejemplar.

Asimismo, anticipó la modernización tecnológica de la dependencia y el uso de inteligencia artificial como una aliada de la fiscalización. “Mi propósito principal no es castigar, sino prevenir, educar y proteger los recursos del pueblo, asegurando que cada dólar se haya invertido donde realmente se necesita y evitando cualquier desvío o uso indebido de fondos”, sostuvo.

Añadió que, como parte de su desempeño, no habría espacio para las zonas grises, por lo que implementaría una política de transparencia activa, que incluirá procesos abiertos, rendición de cuentas periódicas y la publicación inmediata de auditorías, garantizando el acceso –en tiempo real– a datos de la entidad.

“La institución debe contar con sistemas capaces de integrarse, o hacer interfaces con las plataformas digitales de los municipios y las agencias gubernamentales, fortaleciendo la fiscalización, reduciendo duplicidades y mejorando la trazabilidad de las finanzas públicas”, anotó.

Vega Fournier, nombrada al cargo el 25 de septiembre por la gobernadora Jenniffer González, sustituye a Valdivieso, quien ocupó por 15 años la silla. El Senado avaló su designación el 9 de octubre, a menos de tres horas de haber culminado su comparecencia en vista pública ante ese cuerpo legislativo.

Es abogada y contable con experiencia en el gobierno y el sector privado. Laboró como asesora de instituciones financieras y aseguradoras, así como profesora y ex directora ejecutiva del CRIM. Al momento de su nominación, presidía el BDE.

“No tengo ninguna mancha, gracias a Dios, ni la tendré, porque nadie de los que trabaja, ahora mismo, en el gobierno es mi familia, ni es mi pana. Yo no me debo a nadie del gobierno de Puerto Rico”, aseguró.