El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, describió este miércoles como un “caso cerrado” los señalamientos públicos que apuntan a que la secretaria designada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), María del Pilar Vélez Casanova, incurrió en nepotismo mientras trabajaba para el Municipio de Vega Baja, y mantuvo su apoyo a la nominada.

“De la resolución emitida por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), no se desprende ni un ápice de evidencia de que la señora Vélez Casanova ejerció algún acto afirmativo para influir en el nombramiento (de sus familiares), sino todo lo contrario. La multa se basó en la interpretación de la OEG, que eventualmente fue declarada ‘ultra vires’ por el Tribunal Supremo. Para mí, ¡caso cerrado!”, publicó el líder senatorial en sus plataformas sociales.

La gobernadora Jenniffer González, por su parte, indicó que conocía los señalamientos antes de nominar a Vélez Casanova y se hizo eco de las expresiones escritas del presidente del Senado. “Él (Rivera Schatz) perfectamente resume lo que de verdad pasó allí. Los exhorto a que vean el ‘buenos días’ del presidente del Senado”, mencionó en referencia al mensaje del líder legislativo en redes sociales, y afirmó que “no debe haber ningún problema” con la designación.

Este miércoles, el medio digital Noticel reportó que, en 2010, Vélez Casanova tuvo que pagar una multa de la OEG, ascendente a $400, por incurrir en nepotismo mientras dirigió la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Vega Baja, durante la administración del convicto alcalde Edgar Santana Rivera (2005-2011).

Según la determinación de la OEG, Vélez Casanova tenía la facultad de influir en las decisiones de Santana Rivera sobre la contratación del personal municipal. En este caso, la tía y la hermana de la nominada se desempeñaron como ayudantes del entonces alcalde mientras ella dirigía la división de Recursos Humanos (2005-2008).

Para el presidente senatorial, sin embargo, la determinación de la OEG contra Vélez Santana es “ultra vires”, o sea, nula.

En su escrito, Rivera Schatz sostuvo que un caso del Tribunal Supremo, resuelto posterior a la multa impuesta a Vélez Casanova, concluyó que la interpretación que la OEG realizaba al Artículo 3.2 (nepotismo) de la derogada “Ley de Ética Gubernamental” era “ultra vires”.

“Ese artículo (3.2) no delegó a la agencia administrativa (el poder de) imponer multas a los empleados o funcionarios que, aunque tuvieran la capacidad de influenciar a la autoridad nominadora, no la ejercieran. Es obvio que el artículo de la ley exige algún tipo de participación en el nombramiento o ejercicio de influencia por parte de dicho funcionario o empleado en el proceso de nombrar, promover, ascender y contratar al familiar”, fue parte de la determinación del máximo foro judicial, consignó el líder del Senado.

Según el tracto del caso, Vélez Casanova llegó a consultar con un asesor legal del Municipio de Vega Baja –para el que trabajaba en ese momento– si tenía que tramitar una dispensa, y le respondieron que no.

“En la medida en que la OEG imponga una sanción a un funcionario que tenga el poder de influenciar a la autoridad nominadora, sin que haya evidencia de que ejerció esa influencia, la actuación de la agencia no está autorizada por la ley y, por consiguiente, es ‘ultra vires’”, recalcó Rivera Schatz.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos –que preside Rivera Schatz– evaluará el lunes la designación de Vélez Casanova, así como la de la licenciada Lourdes Gómez, al Departamento de Justicia; y la de la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, a la jefatura del Departamento de Estado. La “meta”, según el presidente del Senado, es “atender los nombramientos ese mismo día” en la sesión de la tarde.

Los tres nombramientos fueron anunciados luego que la gobernadora retirara las designaciones de Janet Parra y Verónica Ferraiuoli a las secretarías de Justicia y Estado, respectivamente. Ninguna contó con los votos del Senado para ser confirmadas.

Como sustituto de Ferraiuoli, González nombró a Arthur Garffer, quien, sin embargo, no cumplía con los requisitos constitucionales del puesto. Mientras, en el caso de Nydza Irizarry, su designación como secretaria del DTRH fue retirada el 15 de mayo, junto a otros tres nombramientos, a pesar de que la ahora exnominada nunca fue considerada por la Cámara alta.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.