La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado denunció este lunes que serán los ciudadanos los que pagarán por los servicios del “experto independiente” que tenga a su bien resolver las controversias contractuales entre LUMA Energy y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Por lo tanto, el grupo de legisladores exigió a la gobernadora Jenniffer González que le comunique al consorcio -“de una vez y por todas”- la cancelación del contrato y que la lucha por la terminación del acuerdo se traslade a los tribunales.

“Basta ya de estar tomándole el pelo al país diciéndole que están haciendo una cosa cuando, en realidad, cuando revisamos los documentos, hacen otra”, afirmó el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, en conferencia de prensa.

Las diferencias entre el gobierno y el consorcio pasarían a manos de la figura de un “experto independiente” tras culminar sin éxito el período de 30 días de negociación en torno a las seis supuestas violaciones o “disputas técnicas” que la administración de González le imputó a LUMA Energy en julio, informó a finales de agosto el director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón. La cancelación del contrato con la empresa a cargo de la red de transmisión y distribución eléctrica es una promesa de campaña de la mandataria.

El “experto independiente”, según el contrato de LUMA y la AAPP, es una persona o grupo de personas “que posean conocimiento y experiencia para la determinación técnica en cuestión y que deberá ser independiente e imparcial hacia las partes”.

La AAPP emitió seis notificaciones de “disputas técnicas” ante LUMA por presuntos incumplimientos en el manejo de fondos federales, los presupuestos y las cuentas operacionales, las tasas de interrupciones de servicio, el control de la vegetación en torno a las servidumbres eléctricas, la preparación de informes financieros y los cobros asociados a los equipos de telecomunicaciones que se adhieren a los postes eléctricos. El consorcio ha señalado que la controversia debe dirimirse en un proceso de mediación y, en última instancia, en corte.

Para Hernández, no se trata de “pugnas y disputas técnicas”, sino de “planteamientos someros”. “Sumir el país a un mediador para saber Dios cuánto nos va a costar es el acto más irresponsable que puede hacer este gobierno”, denunció.

Información solicitada por la delegación popular a la AAPP reveló que el proceso para contratar a la persona o grupo que se desempeñará como árbitro está detenido, luego que LUMA demandara a la entidad pública con la expectativa de que el litigio ponga fin a los argumentos que ha levantado el gobierno en su contra para cancelar el contrato, indicó la senadora Marially González.

“Este es otro golpe al bolsillo de la gente, porque no debe haber dudas de que estos costos (relacionados con el experto independiente) se le transfieren al consumidor. De la información que nos compartió la AAPP, no identifican una partida específica de dónde saldrá el dinero, más allá de decir que saldrá de su presupuesto, o sea del bolsillo de todos nosotros los contribuyentes”, expuso la senadora Ada Álvarez Conde.

Durante el encuentro con la prensa, Hernández señaló que, como único el gobierno no tendría que pagarle a ese experto independiente, es si este resuelve la disputa a favor del Estado. De lo contrario, es la AAPP quien paga. “Esto es jugar a la ruleta rusa con los fondos públicos”, expuso.

“¿En qué lugar en el mundo se ven este tipo de negociaciones? Sobre todo, ¿cuánto nos costará? Ese número aún no lo sabemos. Por eso, nuestro llamado al zar de Energía y a la gobernadora es que le hablen con la verdad a la ciudadanía. El país está cansado de ver cómo, en estos ocho meses, la administración de Jenniffer González ha demostrado su doble cara con el tema energético", señaló, por su parte, el senador Josian Santiago.