Actualizar los sistemas de información, integrar herramientas tecnológicas más eficientes y desarrollar iniciativas de capacitación son algunas de las prioridades del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para el próximo año fiscal, detalló este martes la secretaria Maria del Pilar Vélez.

“Esta propuesta presupuestaria refleja una planificación estratégica y responsable del DTRH, orientada a atender las necesidades operativas, impulsar proyectos prioritarios y garantizar la continuidad en el pago de beneficios esenciales”, afirmó Vélez, ante los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Eddie Charbonier.

Para el próximo año fiscal 2026-2027, que inicia el 1 de julio, el presupuesto propuesto para el DTRH ascendería a $397.3 millones, lo que representa un aumento neto de $3.9 millones en comparación con el plan de gastos vigente. Del total, $44.1 millones corresponden al Fondo General, $32.2 millones a partidas federales, $320.6 millones a Fondos Especiales Estatales y $316 mil a ingresos propios.

“En lo que respecta al Fondo General, el presupuesto refleja una disminución de $639 mil, con respecto al presupuesto para el año corriente, partida que ha ido bajando consistentemente para que, eventualmente, el DTRH no dependa del Fondo General”, expuso Vélez.

A pesar de la reducción respecto al presupuesto vigente, la secretaria aseguró que los recursos solicitados le permitirán gestionar de manera eficiente la política pública de la agencia y la administración de Jenniffer González.

La agencia cuenta con 967 empleados y “varias plazas vacantes”. “Ha sido bien difícil el reclutamiento, sobre todo, en las áreas que tiene que ver con presupuesto y contabilidad”, expresó.

Durante el próximo año fiscal, la agencia espera desarrollar y fortalecer diversas iniciativas tecnológicas, como la plataforma en línea “Desempleo Digital”, que sustituirá el sistema automatizado de beneficios, “actualmente obsoleto”. El programa será lanzado el próximo 1 de julio.

“Con esta tecnología, modernizamos el sistema de beneficios de desempleo, integrando procesos en una sola plataforma”, expuso la funcionaria.

En la misma línea, destacó el desarrollo de un portal de reclutamiento, basado en inteligencia artificial, que facilita la conexión entre patronos y candidatos, así como de una plataforma de respuesta para atender consultas ciudadanas y recuperar llamadas.

“Los usuarios pueden generar su resumés y recibir recomendaciones personalizadas tanto de oportunidades laborales como de programas de capacitación”, dijo, en referencia al portal de reclutamiento. La plataforma de respuesta está en fase de prueba, pero debe estar operando, en su totalidad, en mayo.

En agenda, está también la adquisición de un terreno aledaño a la sede de la agencia, en Hato Rey, a un costo de $1.1 millones, para la instalación de nuevos generadores eléctricos y de un sistema de enfriamiento que permita la continuidad de los servicios durante emergencias o interrupciones eléctricas. La transacción está ante la consideración de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

Las iniciativas incluyen también la realización del estudio de “Ingresos y Gastos del Consumidor Urbano”, conocido como la “Canasta Básica”, el cual constituye una “herramienta fundamental” para la formulación de política pública y la toma de decisiones. El estudio no se actualiza hace 23 años, dijo Vélez.

“Ese estudio se podría demorar unos tres años”, anticipó, al estimar en $14 millones el costo del análisis. “El gobierno, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, está buscando los fondos para que, entre todas las agencias, poder trabajar con este estudio que es tan importante”, añadió.

Durante la vista, Vélez indicó que 12 dependencias públicas adeudan al DTRH poco más de $26.5 millones por concepto del Programa del Negociado de Conciliación y Arbitraje, que atiende diversas instancias, como alegadas violaciones de convenio colectivo.

Durante la presentación del presupuesto fiscal vigente, dicha cifra fue estimada en $25 millones. La corporación pública con la deuda mayor, por dicho renglón, es la Autoridad de Energía Eléctrica, con $12.9 millones.

“La única agencia que ha pagado, que está al día, es la ACAA (Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles”, señaló.

Entre las dependencias que mantienen deudas, mencionó a la Compañía de Turismo, la Autoridad de Puertos, la Compañía de Fomento Industrial y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. “En los pasados tres años, hemos sido bien consistentes en el cobro de este dinero”, aseguró.

En la audiencia pública, también participó el director ejecutivo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Facundo Di Mauro, quien anticipó un presupuesto consolidado de poco más de $11.8 millones, de los cuales $5.8 millones estarían dirigidos al pago de nómina y costos relacionados. De los $11.8 millones, $10.4 serían con cargos al Fondo General.

Di Mauro indicó que, en comparación con el presupuesto vigente, proyectan una reducción neta de $219 mil. La dependencia cuenta con una plantilla de 84 empleados.