La aprobación en la Cámara de Representantes –por descargue, sin vistas públicas y en el último día permitido de esta sesión ordinaria– del Proyecto del Senado (PS) 504, que reconoce al nasciturus –ser humano concebido, pero aún no nacido– como una “persona natural”, provocó este sábado un llamado a que la gobernadora Jenniffer González lo vete, por entender que representa un “disparate jurídico” y un golpe a la autonomía de las mujeres puertorriqueñas.

“Hay que instar a la gobernadora de este país, que es abogada, que se supone que tenga un conocimiento básico de lo que es la ley, que esto es un proyecto que ella tiene que rechazar y repudiar, punto. Aunque ellos (legisladores) tengan los votos para ir por encima del veto, la gobernadora de Puerto Rico tiene que ser una mujer solidaria, pero más que solidaria, inteligente. Ella no puede permitir que, bajo su administración, se cometa el atropello más grande e histórico contra las personas que quieren llevar a término embarazos”, expresó Alondra del Mar Hernández, abogada feminista e integrante del colectivo Aborto Libre Puerto Rico, en referencia a que los derechos del feto irían por encima de los de la persona gestante.

La medida, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmendaría el Código Civil para disponer que “todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación del útero materno”.

La representante Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), describió el PS 504 como una medida “peligrosa” y “un paso más hacia la ilegalización del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas”.

“Es un retroceso en materia de derechos humanos. Es otra amenaza contra la dignidad, la autonomía y la libertad reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. Podría menoscabar servicios de salud reproductiva, incluyendo, pero sin limitarse a, las terminaciones de embarazos, podría abrir la puerta a la criminalización de decisiones médicas necesarias para proteger la vida y la salud de la mujer gestante, entre otras implicaciones de carácter legal. Tiene unos problemas de violaciones a la separación entre Iglesia y Estado, pudiera complicar leyes criminales, pudiera tener unas complicaciones en cuanto a leyes de sucesiones de propiedad, entre otros problemas que tienen que ver con derecho civil”, explicó la legisladora.

El PS 504 fue aprobado, la noche del jueves, en la Cámara, con 40 votos a favor, 12 en contra y un abstenido.

Mientras, Hernández señaló que la legislación “es el golpe a la democracia, a la ciudadanía y a las mujeres más amplio que hemos visto durante las pasadas sesiones legislativas”.

“Esto trae unas implicaciones directas a la salud de las mujeres y suspende la autonomía y la ciudadanía, o sea, nos convierte en ciudadanas de tercera, cuarta, ad infinitum categoría, el agenciamiento queda completamente suspendido. Sin contar que otorgarle capacidad jurídica a un nasciturus es tan y tan absurdo, que en Puerto Rico la capacidad jurídica como norma general es a los 21 años, que advienes a la mayoría de edad, o sea, que un nasciturus tendría más capacidad jurídica que una persona de 18 años”, planteó.

El Nuevo Día solicitó una reacción de la gobernadora, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Profesionales de la salud y diversas organizaciones han rechazado la medida. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico alertó –en una ponencia al Senado– que podría generar “consecuencias jurídicas impredecibles”, y que el reconocimiento del nasciturus como persona desde la concepción podría menoscabar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la terminación de embarazos, tratamientos de fertilidad y procedimientos de concepción in vitro.

“Todo se va a ver trastocado, absolutamente todo. ¿Qué va a pasar con los médicos, con los centros de fertilización in vitro? ¿Quiere eso decir que la población de Puerto Rico va a aumentar? Porque, si le estamos otorgando personalidad jurídica, quiere eso decir que son personas, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una mujer embarazada que ingresen a prisión? ¿Dónde está el debido proceso de ley del feto? Estás metiendo presa a una persona”, cuestionó Hernández. “Aprobar un disparate jurídico como el PS 504 implica alterar por completo el ordenamiento jurídico de Puerto Rico”.