Aunque entiende que la política pública debe propiciar un “balance adecuado entre la conservación y el desarrollo”, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) argumentó este martes que su discreción técnica es “un mecanismo esencial” para protección de la zona kárstica del país, en respuesta a una medida que le restaría poderes en esas gestiones.

Así lo expuso el propio secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, para evaluar las potenciales enmiendas a la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico (Ley 292-1999).

En particular, el Proyecto de la Cámara (PC) 1079 -de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez- propone dejar en manos de la Junta de Planificación (JP) la implantación de ese estatuto y requerir que se considere el uso de la zona kárstica “como parte del desarrollo de Puerto Rico”.

La medida también enmendaría la definición de “zona kárstica”, que en la ley vigente se describe en zonas específicas, para dejar en manos de la JP la definición de los terrenos con ese valor.

“Cualquier revisión, actualización o delimitación de las áreas protegidas dentro de la fisiografía cársica debe realizarse bajo el liderazgo técnico del Departamento o, como mínimo, con su participación sustancial, toda vez que sus componentes técnicos poseen la experiencia especializada y la información científica necesaria para evaluar adecuadamente los recursos presentes en dichas áreas”, expresó Quiles Pérez, al leer la ponencia de la agencia.

El DRNA enfatizó que su peritaje técnico es “particularmente relevante” al momento de identificar, delimitar, revisar o actualizar los límites de las áreas kársticas protegidas, puesto que “dependen primordialmente de criterios geológicos, hidrológicos y ecológicos”. En su memorial, la agencia planteó que las zonas kársticas cubren apróximadamente el 20% de la superficie terrestre de Puerto Rico.

Quiles Pérez se retiró de la vista pública, por razones de salud, tras contestar algunas preguntas de la presidenta de la comisión cameral, la representante Elinette González Aguayo, quien afirmó que aún tiene dudas que aclarar sobre el proyecto de ley y que no tiene prisa en producir un informe sobre la medida.

“Hoy tuvimos unas dudas con respecto a la postura final del DRNA, y entenderán que esta es una agencia clave en este proyecto porque, vamos a decir, redistribuye unas funciones a la JP que las están haciendo ahora ellos. También, es bien importante que, dentro de la ponencia de la JP, ellos indicaron que iban a hacer unas recomendaciones al proyecto. No las he recibido aún”, dijo González Aguayo, al concluir la tercera vista pública para evaluar la medida.

En la vista, también participaron representantes del Departamento de Justicia y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), que plantearon sus reservas respecto a las disposiciones que incluye el PC 1079 sobre la propiedad privada en la zona kárstica.

Particularmente, el proyecto establece, como enmienda, que lo que dispone la Ley 292-1999 “no menoscabará ni impondrá ninguna carga o limitación para disponer del disfrute de la propiedad privada en toda su extensión a ninguna persona natural o jurídica cuya propiedad se encuentre dentro de tal delimitación”.

Sobre ese lenguaje, Justicia estableció que lo propuesto debe armonizarse con los principios constitucionales que regulan ese derecho que, si bien se considera fundamental, “no es absoluto y puede estar sujeto a la reglamentación razonable en atención al bienestar y al interés público”.

Mientras, la OGPe recomendó revisar tal disposición “para reconocer el uso y disfrute de la propiedad privada sin privar de efecto a las medidas de conservación válidamente establecidas”.

“Una distribución precisa de responsabilidades y unos criterios claros de compatibilidad permitirán proteger el recurso cársico y ofrecer mayor certeza a las agencias, a los propietarios y a quienes presentan solicitudes de permisos”, establece el memorial de la OGPe, que recomendó mantener el rol técnico del DRNA.

Justicia también instó a definir “materia prima”, cuando se menciona en la declaración de política pública que el karso es “fuente de materia prima para el desarrollo que se utiliza para poder mejorar nuestra economía”.

En la vista, estuvieron presentes los representantes Luis Pérez Ortiz, del Partido Nuevo Progresista; Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño, y Héctor Ferrer Santiago, del Partido Popular Democrático.

Los últimos dos plantearon preocupación respecto a que los jefes de las agencias consultadas no estuvieran presentes en la evaluación de medidas legislativas relevantes para el país.

“Como parte de un trámite legislativo responsable, deberíamos poder contar con las opiniones de los secretarios y secretarias de las distintas agencias que hoy los representantes no pueden asumir posiciones porque los secretarios no vienen o no están presentes en unas vistas públicas de unos proyectos que son importantísimos y que tienen unas consecuencias muy serias”, expresó Gutiérrez Colón, a cuyas preguntas, un representante del DRNA afirmó que no cuentan con estudios recientes que validen la necesidad de aprobar el PC 1079.

A raíz de las dudas que quedaron sobre el proyecto, la representante González Aguayo acogió remitir preguntas por correo electrónico para obtener las posturas de las agencias consultadas.