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Más de 40 científicos reiteran rechazo a la reforma de permisos y a proyecto que debilitaría la protección de la zona kárstica

Ecólogos, biólogos, oceanógrafos, científicos ambientales y otros profesionales denunciaron que estas medidas atentan contra la preservación de zonas de valor crítico natural

12 de agosto de 2026 - 1:34 PM

Se estima que el karso es hábitat del 73% de las especies reportadas de anfibios y reptiles para el archipiélago. (Pablo Martínez Rodríguez)

A pocos días para el inicio de la sesión ordinaria, más de 40 científicos dedicados a la conservación del patrimonio natural de Puerto Rico se unieron para recalcar su oposición a varias medidas ante la consideración de la Legislatura, por entender que atentan contra la preservación de zonas de valor crítico natural.

Ecólogos, biólogos, oceanógrafos, científicos ambientales y otros profesionales endosaron una declaración y resolución en la que exponen sus preocupaciones por las medidas que proponen una reforma de permisos, así como el Proyecto de la Cámara 1079, que debilita la protección de la zona kárstica.

“La ciencia demuestra que las decisiones relacionadas con los sistemas naturales tienen profundas repercusiones sobre el bienestar, la resiliencia y el desarrollo del país; en consecuencia, toda iniciativa legislativa o administrativa relacionada con estos debe fundamentarse, desde su formulación, en la evidencia científica disponible, reconociendo que la conservación del patrimonio natural y el desarrollo no son objetivos incompatibles, sino responsabilidades complementarias orientadas al bienestar presente y futuro del pueblo de Puerto Rico”, plantea la declaración.

Según los científicos, la reforma al sistema de permisos –tal cual consignada en varias medidas– debilita la planificación, las evaluaciones preventivas, la intervención de las agencias científicas, la participación ciudadana, la fiscalización ambiental y el acceso a la justicia. Además, denunciaron que debilita el rol de agencias dedicadas a la protección del medioambiente, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para priorizar la estructura de permisos.

“Estas medidas reducen controles preventivos y amplían el uso de certificaciones privadas, determinaciones ministeriales, trámites automáticos y mecanismos de fiscalización posterior, aun cuando determinados daños ambientales pueden ser graves, acumulativos e irreversibles”, plantea la resolución, aprobada en San Germán el 1 de agosto.

El Nuevo Día solicitó una reacción a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente. Al momento no ha obtenido respuesta.

La gobernadora Jenniffer González reiteró en días recientes que la reforma de permisos está entre sus prioridades de cara al inicio de la nueva sesión ordinaria el 17 de agosto, medida, según planteó la ejecutiva, “importantísima” para el desarrollo económico. Además, Rivera Schatz ha anticipado que este proyecto será aprobado en la venidera sesión.

“Una reforma de cientos de páginas que enmienda, deroga o sustituye numerosas leyes no debe aprobarse aceleradamente, sin tiempo suficiente para el análisis interdisciplinario, sin publicar oportunamente todas sus versiones y sin celebrar vistas públicas amplias sobre el texto que realmente será sometido a votación”, esbozó el grupo de científicos.

Mientras, exigió que toda reforma “respete expresamente”, entre otros, el mandato constitucional de conservación; el Plan de Uso de Terrenos (PUT) –actualmente en revisión ante la Junta de Planificación; las leyes de bosques, vida silvestre, aguas y patrimonio; la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico; las designaciones de reservas naturales y agrícolas; y la Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico.

“Los atrasos en los procesos de permisos no pueden atribuirse a la existencia de leyes ambientales o de planificación. También responden a la falta de personal especializado, recursos económicos, coordinación interagencial, tecnología adecuada, fiscalización efectiva, continuidad administrativa y transparencia gubernamental”, lee la resolución.

Por otro lado, solicitaron “el retiro o la revisión sustancial” del P. de la C. 1079, de la autoría de Méndez, por entender que impactaría la política pública de protección y conservación de la fisiografía kárstica, que los expertos describieron como “un sistema natural no renovable que almacena y transmite agua, sostiene ecosistemas de alto valor, alberga especies endémicas y amenazadas, conserva patrimonio arqueológico y paleontológico, provee materias primas y contribuye a la agricultura, la industria, el turismo, la investigación y la seguridad hídrica”.

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