En los pasados dos meses, 268 centros de inspección de vehículos han sido visitados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tras reactivarse la fiscalización, confirmó este miércoles el secretario auxiliar de la agencia, Marcos García, quien prefirió no precisar el número de negocios donde se detectaron posibles irregularidades administrativas o violaciones de ley.

“Hemos inspeccionado 268 centros. (…) Resultan ciertas observaciones y preocupaciones que se han levantado, las cuales requieren que se lleve a cabo la investigación y se hagan referidos formalmente”, indicó García, tras participar de una vista pública en la Cámara de Representantes.

A mediados de abril, durante otra audiencia, García había informado que las inspecciones para identificar posibles violaciones permanecían detenidas desde julio de 2025 tras la salida de Arturo Deliz Vélez de la dirección de la Oficina de Investigaciones e Inspección del DTOP.

En diciembre de ese mismo año, sin embargo, la dirección de dicha oficina quedó en manos de Ángel Reyes, quien, según García, se dio a la tarea de analizar los procedimientos en curso, conocer al equipo y hacer ajustes a los procedimientos establecidos. Asimismo, dijo, se han hecho manuales nuevos y ofrecido adiestramientos a los empleados.

Este miércoles, a preguntas de El Nuevo Día, García dijo que cuentan con 34 investigadores para realizar estas funciones. “Hicimos adiestramientos para los investigadores para que sepan cómo hacer la inspección correctamente y ahí comenzamos a hacer inspecciones. En los últimos dos meses, es que realmente alineamos toda la oficina, adiestramos todo el personal e hicimos las reformas necesarias y empezamos en la calle”, expuso.

Por meses, la Oficina de Investigaciones e Inspección estuvo en el ojo público. Deliz Vélez fue quien denunció el supuesto mal manejo en la emisión de marbetes de más de 60 centros, incluyendo Yabucoa Auto Services, que fuera propiedad de Ciary Pérez Peña, exsecretaria de la Familia y quien renunció tras los señalamientos.

En medio de la controversia, salieron a relucir, además, presuntas deficiencias en aspectos relacionados con los procesos administrativos aplicables a los centros de inspección, incluyendo la imposición de multas, gestión de planes de pago y la reactivación de estaciones oficiales de inspección. Supuestamente, los centros se habrían beneficiado de un proceso de reducción de multas, algunas de las cuales alcanzaban los miles de dólares.

Durante la vista de este miércoles, García dijo que el DTOP revisó las suspensiones impuestas y dejó sin efecto las que determinó “improcedentes”. También, paralizó gestiones de cobro relacionadas con multas mientras examinaba la autoridad jurídica y el procedimiento utilizado. “No se trató de una negociación de sanciones, sino de una revisión dirigida a impedir que continuaran imponiendo sanciones no autorizadas por leyes o reglamentos”, apuntó.

Afirmó, de otra parte, que, bajo el estado de derecho actual, la facultad administrativa del DTOP de imponer multas se limita a la infracción de $500 y son, específicamente, por no exhibir el rótulo de advertencias, según el Artículo 12.02 de la Ley 22-2000. “Esa multa, una vez impuesta, no se negocia... las herramientas que la ley provee al DTOP para multar a las estaciones oficiales de inspección son limitadas”, sostuvo.

De otra parte, García indicó que ya cuentan con un borrador para atender la contratación de un nuevo proveedor de las máquinas de inspección, servicio que presta la empresa Cartek Caribe, que desde 2011 opera sin contrato con el DTOP.

Según García, el documento está listo para ser publicado. No obstante, están a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe la pieza que tiene en análisis –específicamente,el Proyecto de la Cámara 1279– dirigida a que la agencia promueva la competencia de proveedores certificados y evitar un control monopolístico.

El presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara, José “Cheíto” Hernández, dijo que la legislación debe estar aprobada en los próximos días. “La semana que viene, pensamos mover estos proyectos y enviarlos al Senado. Hay un compromiso del presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) que va a atender el tema rápido, para ponerle fin a esto de una vez y por todas”, dijo.

Hernández también tiene ante su consideración la Resolución Conjunta de la Cámara 354 para ordenar al secretario del DTOP enmendar el Reglamento 9526.