El representante José “Cheíto” Hernández se allanó este martes a la instrucción del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, de detener la investigación legislativa sobre los centros de inspección de vehículos, pero aseguró que el trabajo realizado hasta ahora no será en vano y que producirán un informe final con recomendaciones y, si fuera el caso, posibles referidos.

Para ello, sin embargo, dijo, es esencial continuar con el trámite investigativo, que, tras la determinación de Méndez, podría estar detenido por hasta seis meses.

“No estoy de acuerdo con esta decisión del señor presidente y se lo verbalicé a él. Creo que tenemos la obligación de trabajar estos procesos de manera clara”, expresó Hernández, presidente de la Comisión de Transportación.

“Hasta este momento, hemos sido muy responsables con esta investigación, hemos sido muy honestos, hemos protegido lo que hemos tenido que proteger, pero, sobre todas las cosas, se trata de darle claridad a la gente que está pendiente de esta investigación”, agregó, en conferencia de prensa, desde su oficina.

Al emitir su determinación, Méndez argumentó que continuar con los procesos investigativos sobre los centros de inspección, según dispuesto en la Resolución de la Cámara 352, “puede perjudicar irremediablemente los procesos penales que han comenzado” en el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Alegó, asimismo, que continuar con la investigación podría “exponer prueba antes de tiempo, alertar a posibles imputados, destruir o alterar evidencia, contaminar testigos e influir en potenciales jurados”.

Hernández, sin embargo, opinó lo contrario. “Debimos continuar con la investigación. Vamos a esperar que las investigaciones culminen, por orden del presidente y, posterior a eso, vamos a terminar nuestra investigación”,apuntó, al sostener que Méndez tomó una decisión “unilateral”.

Además de la radicación de un informe con los hallazgos, Hernández dijo que trabajará legislación dirigida a corregir las fallas identificadas y solicitará cambios a la reglamentación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La semana pasada, la Oficina del PFEI confirmó la designación de las fiscales especiales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández para investigar a la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, quien renunció luego que estallara la controversia por presuntas irregularidades en un centro de inspección, en Yabucoa, que figuró a su nombre hasta diciembre de 2025.

Mientras, Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP y quien destapó las supuestas irregularidades, es investigado por Justicia, según confirmara su secretaria, Lourdes Gómez Torres.

La Ley de la Oficina del PFEI confiere al organismo 90 días para completar la pesquisa, con la posibilidad de extenderlo hasta un máximo 180 días cuando se considere “que, por su naturaleza y complejidad, no será posible completar adecuadamente la investigación”.

A preguntas de los medios, Hernández descartó que la directriz de Méndez esté dirigida a proteger a alguna de las personas involucradas en la pesquisa, y dijo no creer que el líder cameral haya recibido presiones de La Fortaleza para actuar como lo hizo. Mientras, rechazó responder si sentía decepcionado tras lo ocurrido.

“Yo estoy seguro que el presidente no va a querer tapar a nadie aquí. Él quiere cuidar los procesos. Yo entiendo la posición, aunque no estoy de acuerdo”, insistió.

Por su parte, el representante José “Conny” Varela, autor de la resolución, sostuvo que la decisión de Méndez es errada y que las facultades constitucionales concedidas a la Rama Legislativa permitían continuar con la investigación.

“No sabemos a quién está beneficiando la paralización y no quiero pensar que haya sido una llamada de La Fortaleza, pero no hay razón justificada en derecho para cancelarla”, expuso.

La resolución iba dirigida a investigar, particularmente, la implantación de un nuevo sistema de inspección en los centros tras recibir denuncias de los operadores quienes cuestionaban la contratación y adquisición del nuevo equipo. En el proceso, sin embargo, trascendieron irregularidades en la otorgación de marbetes.

“El pueblo va a perder la confianza en la Asamblea Legislativa”, advirtió Varela, al cuestionar el momento elegido por Méndez para su anuncio. “¿Por qué no mandó a paralizar las vistas cuando refirieron el caso al FEI? ¿Cuándo designaron los dos fiscales (a investigar a Pérez Peña)?”, argumentó.

El análisis estaba dispuesto a continuar hoy, miércoles, con la comparecencia, en vista ejecutiva, de Deliz Vélez y los secretarios del DTOP y Hacienda, Edwin González Montalvo y Ángel Pantoja. También, falta por entrevistar a los administradores de Yabucoa Auto Services.