El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, ordenó este martes “suspender” la investigación que realiza, desde diciembre, la Comisión de Transportación e Infraestructura de ese cuerpo legislativo sobre las pre­sun­tas irregu­la­ri­da­des en los cen­tros de ins­pec­ción y venta de marbetes que dieron pie a la salida de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña.

Méndez argumentó que continuar con los procesos investigativos sobre los centros de inspección de vehículos, según dispuesto en la Resolución de la Cámara 352, “puede perjudicar irremediablemente los procesos penales que han comenzado” en el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“Ordeno suspender y paralizar la investigación legislativa bajo la Resolución de la Cámara 352, por un término equivalente al que dispone el fiscal especial para culminar la investigación encomendada”, lee parte de la misiva cursada por Méndez al presidente de la Comisión de Transportación, el representante José “Cheíto” Hernández.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de Hernández, pero al momento de esta publicación no había sido posible.

La semana pasada, la Oficina del Panel sobre el FEI confirmó la designación de las fiscales especiales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández para investigar a la extitular de Vivienda.

La Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley 2-1988) confiere a ese organismo un término de 90 días para completar la pesquisa, con la posibilidad de extenderlo hasta un máximo 180 días cuando se considere “que, por su naturaleza y complejidad, no será posible completar adecuadamente la investigación”.

La semana pasada, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó que la agencia realiza una investigación contra Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), adicional a la que realizó sobre Pérez Peña por las pre­sun­tas irregu­la­ri­da­des en los cen­tros de ins­pec­ción.

Deliz Vélez fue el funcionario que investigó los centros de inspección, incluido Yabucoa Auto Services, que, hasta diciembre, estuvo a nombre de Pérez Peña, quien renunció como secretaria poco más de un mes después que estallara la controversia sobre la supuesta venta de marbetes fraudulentos en la instalación.

Supuestamente, Yabucoa Auto Services emitió más de 1,900 marbetes fraudulentos. Como resultado, se le impuso una multa de $987,500, la cual se habría transado por $5,000.

“Reconocemos el amplio poder de investigación que poseen las comisiones legislativas. Sin embargo, la paralización de una investigación legislativa cuando existe un referido y una pesquisa criminal en curso ante el PFEI se fundamenta en principios constitucionales y en jurisprudencia tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos”, argumentó Méndez por escrito.

Según el presidente de la Cámara, continuar con la investigación legislativa podría violentar el principio constitucional de separación de poderes. “Cuando la Legislatura continúa una investigación paralela sobre los mismos hechos, puede invadir esas funciones. La jurisprudencia reconoce que debe existir deferencia para evitar conflictos entre ramas”, esbozó.

“Una investigación legislativa pública puede exponer prueba antes de tiempo, alertar a posibles imputados, destruir o alterar evidencia, contaminar testigos e influir en potenciales jurados”, agregó.

Las vistas públicas relacionadas con la investigación cameral continuarían este miércoles con la comparecencia, bajo apercibimiento de desacato, de Deliz Vélez y del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.

Entre los asuntos investigados por la comisión cameral, está el cuestionado proceso de reducción de multas del que supuestamente se beneficiaron 68 centros de inspección y si el DTOP refirió a las autoridades alguna de las irregularidades detectadas. Asimismo, algunos de los propietarios han alegado que solicitaron evidencia de la visita de los inspectores, así como copia del informe redactado, pero los documentos no les fueron entregados.