La aprobación de un alza salarial para los jueces, al parecer, no se concretará en lo que queda de cuatrienio, luego de que no se lograra un consenso con la propuesta traída públicamente por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, para incrementar el sueldo de los legisladores, el gobernador y el gabinete constitucional.

“Escuchen, escuchen bien. Nosotros siempre llegamos a consensos. Si no hay consenso, se podrá dejar para que la próxima Asamblea Legislativa atienda todo, todo, todo lo que tenga que ver con análisis sobre salarios. Yo creo que estamos claros, todo. ¿Ok?”, expresó este martes el líder cameral al inicio de la sesión ordinaria.

Con sus expresiones, Hernández Montañez dejó fuera de discusión el Proyecto del Senado 1292, que otorga a los jueces –retroactivo al 1 de julio– alzas salariales que oscilan entre $22,164 y $29,556 anuales.

El Nuevo Día intentó comunicarse con el representante para expresiones adicionales, pero, al momento de esta publicación, no había sido posible.

El Proyecto del Senado 1292, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau, fue aprobado por ambos cuerpos, pero está ante un comité de conferencia –integrado por senadores y representantes– para dirimir las diferencias que existen sobre los ajustes económicos propuestos.

En entrevista previa con este diario, Hernández Montañez advirtió que no había consenso entre la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) para conceder aumentos salariales a los jueces, y agregó, en un intercambio posterior, que fue, precisamente, durante un caucus para atender el tema, donde surgió la necesidad de “uniformar las posiciones de las ramas constitucionales”.

Desde 2013, el salario base de un legislador es de $73,775.

Las expresiones de Hernández Montañez surgieron después de que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, así como su homólogo del Partido Nuevo Progresista (PNP) Luis “Junior” Pérez Ortiz rechazaran el otorgamiento de alzas salariales a los legisladores, el gobernador y el gabinete constitucional.

“Aquí, no comparan los salarios del magisterio, no comparan los salarios de muchos servidores públicos, de los empleados y empleadas de la Rama Judicial, y estamos pensando en subirle el sueldo a unos funcionarios que se supone son servidores públicos… mientras la mayor parte de esta gente está, no desde ahora, sino desde hace tiempo, pensando si va a pagar sus medicinas, si va a pagar la factura de la luz”, dijo Nogales.

La legisladora hizo un llamado a reflexionar sobre el propósito de un servidor público al momento de aceptar trabajar para el país: “Me parece que este no era el momento de traer ese asunto a la discusión pública, porque resulta un ataque adicional, sobre todo, a la clase trabajadora”.

Pérez Ortiz, por su parte, manifestó que los esfuerzos legislativos deberían estar dirigidos no a atender la “idea de verificación de sueldos”, sino a otros asuntos, como el presupuesto y la educación. “Hay que analizar, pensar cómo está la gente de a pie allá abajo, pasando necesidades, que no tiene para pagar el agua, que no tiene para pagar la luz, que no tiene para pagar la renta… en qué país estamos viviendo”, cuestionó.

“Vamos a dejar de estar pensando más en el pan y la mantequilla, y pónganse a pensar en cómo está viviendo mi país, el compromiso que debemos tener, la encomienda que tenemos”, agregó el político, quien indicó que, desde 2013, no recibe el salario base como representante, aunque sí el pago de dieta “cuando les da la gana reunirse”.

De otra parte, el portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Matos, opinó que esta discusión sería innecesaria si el PNP no hubiera derogado un proyecto que establecía una fórmula que elevaba cada 10 años –de manera automática– los salarios de los legisladores. La legislación fue derogada por el exgobernador Luis Fortuño.

“Cada vez que este tema se asoma, es por hechura de los compañeros del Partido Nuevo, porque, si hubiera una fórmula automática cada 10 años, como se había legislado, pues este asunto no causa el alegado calor político que hay allá afuera”, compartió Matos.

“Yo me temo que pasará lo que pasa con estos temas, que, para los tiempos y espacios, se logran o no se logran”, concluyó.

Ante las gestiones de Hernández Montañez para revisar los salarios, el gobernador Pedro Pierluisi había indicado que cualquier revisión “debía atenderse de forma separada y luego de hacer todos los estudios necesarios para justificar cualquier aumento propuesto”. Agregó que la evaluación no debía estar atada al alza salarial propuesta para los jueces.

El sueldo del gobernador es de $70,000 anuales.