Por entender que coarta facultades y responsabilidades de los municipios, la Asociación de Alcaldes rechazó la legislación que enmendaría el Código Municipal para “aclarar” que los bienes inmuebles pertenecientes al Departamento de la Vivienda no podrían ser declarados estorbo público ni expropiados por los ayuntamientos.

En una vista pública el miércoles de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, el asesor de la Asociación, Joel Sánchez Ayala, expresó que los alcaldes del Partido Popular Democrático, a quienes representa, entienden que el Proyecto de la Cámara (PC) 996 “limitaría de manera indebida la facultad y responsabilidad de los municipios de atender un serio problema social, de seguridad y salubridad pública que no es aceptable”.

En esa línea, la Asociación propuso el establecimiento de “mecanismos de coordinación interagencial, plazos razonables y procesos claros que permitan a los municipios actuar” en estos casos, según un comunicado de prensa difundido por la Cámara.

A este punto, el subsecretario de la Vivienda, Omar Figueroa Vázquez, respondió indicando que, actualmente, la agencia colabora con los municipios –que ha asistido con fondos federales– en la reconstrucción y reubicación de viviendas y, en esos casos, dichas estructuras son derribadas y transformadas en parques, gimnasios al aire libre o pistas de caminar para la comunidad, evitando que caigan en abandono.

Al defender el PC 996, Figueroa Vázquez sostuvo que las enmiendas propuestas “protegen” las estructuras que forman parte de planes estratégicos y que, además, requieren procesos “complejos” de planificación, permisos, financiamiento y “estricto” cumplimiento con los marcos regulatorios para ofrecer vivienda accesible.

A preguntas del presidente de la Comisión, Luis “Junior” Pérez Ortiz, el subsecretario alertó que las incautaciones de los municipios pudieran afectar los fondos federales actuales y futuros de Vivienda luego del paso de eventos atmosféricos.

“La declaración de estorbo público o la expropiación municipal de estas propiedades podría colocar al gobierno de Puerto Rico en incumplimiento con acuerdos federales, comprometer la elegibilidad de la jurisdicción para recibir fondos futuros y exponer al Estado a sanciones o reclamaciones administrativas”, advirtió.

De otra parte, el asesor legal del Departamento de Justicia, Gerardo Rodríguez Ortiz, también favoreció el PC 996, por entender que protegería los bienes de Vivienda que forman parte de proyectos con financiamiento federal, y recomendó enmiendas al texto para establecer que, una vez el municipio investigue la propiedad que pretende declarar estorbo público y determine que pertenece a Vivienda, quede expresamente excluido de tal declaración.

“A su vez, al realizar dicha identificación, el municipio deberá notificar al Departamento de la Vivienda sobre el estatus de la propiedad e informar cualquier preocupación relacionada con asuntos de salubridad o seguridad pública, a fin de que dicha agencia pueda atender oportunamente la situación planteada”, dijo Rodríguez Ortiz, al sostener que esta enmienda favorecería un balance entre la facultad municipal de declarar en estorbo y expropiar, y el interés de la Legislatura de salvaguardar las propiedades de la agencia.

Pérez Ortiz solicitó a Vivienda entregar información adicional del listado de propiedades de espacios abiertos, cuyas familias fueron relocalizadas con fondos federales en caso de desastres y que deben estar limpios y rotulados por seguridad para los vecinos donde ubiquen estos locales, que la agencia tiene en todos los municipios.

“No se le está quitando ningún derecho a los municipios, ni tenemos una intromisión indebida en lo que ellos desempeñan como autoridades municipales. El propósito de la legislación sería uniformar el proceso, ya que, si un municipio va a expropiar una propiedad, primero tiene que verificar a quién pertenece y que no se impacte, según lo estableció el Departamento de la Vivienda, en los fondos de recuperación y otros fondos federales”, sostuvo el representante.

El PC 996 fue radicado por Pérez Ortiz en diciembre de 2025.