En medio de la discusión del proyecto que tipificaría como asesinato la muerte intencional del concebido en cualquier etapa de gestación, decenas de personas respondieron este lunes a un llamado de la Asociación Pro-Vida de Puerto Rico en reclamo de que se apruebe esa legislación y que se garantice la ejecución de otras leyes recientes que han reconocido derechos al no nacido.

Portavoces del grupo, así como de la Coalición Provida y Familia, insistieron a la Cámara de Representantes que apruebe cuanto antes el Proyecto del Senado (PS) 923, una medida de la administración de Jenniffer González que algunos salubristas y juristas han planteado busca sentar las bases para eventualmente prohibir el aborto.

“Es una legislación que va en apoyo a lo que ya existe en Puerto Rico, que es el Código Penal, los artículos 98, 99 y 100, que indican que el aborto es un crimen en Puerto Rico y siempre lo ha sido, y que lo único que lo sustentaba, que era Roe vs Wade, fue abolido en el 2022″, expresó Daisy Quiles, de Toda la Vida Puerto Rico.

Algunos grupos sostienen que el aborto en Puerto Rico es ilegal tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó el reconocimiento al derecho constitucional al aborto en 2022, lo que –a su juicio–también dejó sin efecto el caso de Pueblo vs. Duarte Mendoza, que reconoce el aborto en la isla desde 1980.

Según la interpretación de estos sectores, el procedimiento debe realizarse solo cuando medie una certificación médica de que la vida de la embarazada está en riesgo.

Sin embargo, el aborto sigue siendo legal en la isla, ya que, de acuerdo con juristas y médicos, a pesar de que está tipificado en el Código Penal, esa ley establece que puede realizarse para preservar la vida o la salud de la persona embarazada, lo que incluye, según la jurisprudencia de Duarte Mendoza, la salud mental.

“Todo ser humano es digno de protección desde la concepción hasta la muerte natural”, subrayó Quiles.

Jóvenes, adultos mayores y familias se congregaron frente a las escalinatas del Capitolio, donde levantaron mensajes en contra de la terminación de los embarazos. Algunos llevaron pancartas y otros camisetas con mensajes impresos, como: “Yo soy provida”.

“Nosotros veremos el fin del aborto”, proclamó Quiles.

A finales de 2025, la gobernadora promulgó la Ley 166-2025, que tipifica como doble asesinato cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación.

Además, fue aprobada la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. El estatuto recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho, que advirtieron que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.

“Ellos (las clínicas) están abortando por la libre y en contra de la ley, y tenemos que hacer que la gobernadora no solamente escriba un proyecto, pero que realmente se regule la ley”, subrayó Quiles.

Voces de sectores médicos y legales aseguran que el PS 923 –aprobado la semana pasada en el Senado, luego que la gobernadora manifestara que lo retiraría– sienta las bases para seguir legislando para ilegalizar las terminaciones de embarazo y crean un ambiente de confusión en el ordenamiento jurídico y la práctica médica que pudiera costar la vida o la libertad de personas embarazadas.

Claribel Maldonado, de Mujeres por Puerto Rico, sostuvo que el PS 923 viene a darle coherencia a las legislaciones recién aprobadas.

“No tenemos que fabricar mucho más allá de unas clarificaciones en los casos de emergencia. Pero está claro que solamente se permiten (los abortos) por excepción, si está en peligro la vida y la salud de la madre”, expuso Maldonado.

“Vamos a seguir empujando hasta que de ahí (Capitolio) salga algo que diga: ‘prohibidas las clínicas de aborto’”, aseveró, por su parte, Edgard Aubray, pastor de la Iglesia Con Cuerdas de Amor.