El pleno del Senado acogió este martes una recomendación de la Comisión de Ética para amonestar a la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú, con una sanción de $2,000 y “acompañamiento psicológico para el manejo de emociones” tras, supuestamente, incurrir en un patrón de acoso laboral contra empleados de su oficina.

La Comisión de Ética del Senado sugirió inicialmente la imposición de una multa de $5,000. ”El inicio de este proceso deberá ser evidenciado a la Comisión dentro de los próximos 15 días laborables. Se dispone que la Comisión podrá recibir evidencia adicional de la continuidad de las sesiones", señaló el presidente de la Comisión de Ética, Juan Oscar Morales, quien presentó los hallazgos.

De inmediato, la senadora negó las denuncias. “Sostengo que yo no acosé a nadie. Yo sostengo que obré dentro de las facultades y el marco de la ley. No estoy de acuerdo con los hallazgos”, apuntó Soto Aguilú, quien escuchó, desde su escaño, todas las denuncias presentadas en su contra. Concluida la exposición, la senadora abandonó el hemiciclo.

La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, votó en contra de las recomendaciones, así como los independientes Joanne Rodríguez Veve y Eliezer Molina.

El 30 de junio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, confirmó que la Oficina de Recursos Humanos atendía unas denuncias de supuesto acoso laboral presentadas contra Soto Aguilú por un grupo de exempleados que alegaron ser víctimas de insultos y un ambiente de trabajo hostil.

La Comisión de Ética asumió jurisdicción en el asunto luego que la Oficina de Recursos Humanos remitió a Rivera Schatz los hallazgos de su investigación. El presidente del Senado, conforme al reglamento, refirió el informe a la Comisión de Ética para su análisis y determinación.

Por espacio de 20 minutos, Morales detalló las denuncias de los tres querellantes, hoy exempleados de la senadora. La primera alegación fue el uso reiterado de palabras soeces, gritos y trato hostil, estipuló el legislador.

Asimismo, los querellantes alegaron ser víctimas de comentarios humillantes y de descrédito profesional por parte de Soto Aguilú, así como de amenazas de despido y trabas en la ejecución de sus funciones. Igualmente, alegaron que se les privó de las herramientas de trabajo.

“Eso constituye una forma de acoso laboral, no tengo dudas de eso, que crea un ambiente hostil que dificultaba el desempeño de estos empleados”, puntualizó Morales al sostener que los testimonios de los querellados fueron “congruentes” y “corroborados”. El informe contiene 58 páginas.

Al listado de denuncias se sumó la asignación de tareas fuera de su descripión de trabajo y en plazos “imposibles de alcanzar”. “Esta situación afectó el ambiente de estos empelados: todos y cada uno de ellos terminaron su función aquí, en el Senado, por el ambiente que se generó en la oficina”, afirmó Morales.

Los querellantes denunciaron que la senadora “hablaba despectivamente de compañeros senadores”, lanzaba gritos, presentaba cambios abruptos de actitud y prohibía que el nombre del presidente del Senado se mencionara en su oficina.

“La determinación de la Comisión con relación a esos hallazgos es que definitivamente esto que acabamos de escuchar creó un ambiente hostil que afectó de manera sustancial el desempeño laboral de los querellantes. Esto no se puede catalogar como un incidente aislado, como pretende hacer ver la querellada”, concluyó Morales.

El presidente de la Comisión de Ética describió el “acompañamiento personal” como un proceso profesional de apoyo emocional dirigido a que la persona pueda enfrentar situaciones difíciles y mejorar su bienestar en momentos de transición. La terapia puede ser ofrecida por un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, un pastor o un sacerdote, dijo Morales.

La senadora Álvarez Conde dijo comprender el contenido del informe, pero afirmó que el acompañamiento psicológico no es un castigo. “Si es basado en la descripción del compañeros Juan Oscar sería la recomendación que todos los senadores tengamos uno”, expuso.

En el cierre de los trabajos legislativos en junio, Rivera Schatz removió a Soto Aguilú de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico por una aparente falta de productividad en el organismo. Asimismo, la dejó fuera de todas las comisiones de las que era miembro luego que la legisladora objetara permanecer en la Comisión de lo Jurídico solo como integrante.

La senadora ha alegado –mediante sus redes sociales– que fue precisamente por esa aparente falta de productividad que despidió a parte de su equipo de trabajo.

Este no fue el primer incidente entre la senadora y el líder senatorial. El 14 de mayo, Soto Aguilú alegó que era evaluada con una vara “distinta”, luego que Rivera Schatz le exigió que presentara justificación por ausentarse a tres sesiones legislativas consecutivas, específicamente los días 5, 8 y 12 de mayo.

Antes de dicho reclamo, Soto Aguilú y Rivera Schatz tuvieron un primer encontronazo durante la Comisión Total que el Senado celebró, el 23 de abril, para discutir asuntos relacionados con la entonces designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli. En ese momento, el líder senatorial le apagó el micrófono ante las críticas de la senadora de mayoría respecto al manejo de los procesos legislativos.