La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inició su análisis del proyecto que prohibiría que una persona imputada de delito permanezca más de seis en presión a la espera de una determinación de procesabilidad, confirmó su presidente, José “Che” Pérez, quien, sin embargo, no garantizó su aprobación antes que culmine la sesión el 30 de junio.

Pérez sostuvo que, por la “pertinencia” de la medida –aprobada en el Senado–, prefiere que darle el “debido proceso” y que sea atendida en vistas públicas. Agregó que el equipo de la Comisión de lo Jurídico ya solicitó memoriales a las agencias concernientes.

“Entiendo que es loable y que sigue siendo una preocupación genuina que debemos atender. Por lo tanto, le estaré dando su curso y propiedad, pero quiero verlo en vista pública. Lo que no garantizo es que podamos verlo en estos días que quedan”, reconoció.

“Puedo decir, de antemano, que veo bien la legislación, pero, vuelvo, quiero discutirla. Estos temas importantes, que atienden a la población de diversidad funcional, se nutren de otros asuntos que inciden en los procesos judiciales”, añadió.

El Proyecto del Senado 655, de la autoría de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), fue aprobado –por descargue– en dicho cuerpo el pasado 3 de junio.

Actualmente, según la senadora María de Lourdes Santiago, del PIP, las personas detenidas en instituciones penales en espera de que se determine si son procesables pueden permanecer más de seis meses –y hasta años– en este “limbo jurídico”, contrario a lo dispuesto en el ordenamiento vigente, que establece que la detención preventiva no puede exceder los seis meses sin la celebración de un juicio.

“Esta anomalía jurídica no es inusual. Se trata de un patrón de encarcelación y castigo indefinido que se repite, año tras año, contra personas con diversidad funcional”, sostuvo Santiago, durante la consideración de la medida en el Senado.

Esta semana, El Nuevo Día reseñó el caso de Jonathan López Jiménez, un joven de 24 años, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que lleva más de seis meses preso por un incidente con sus vecinos tras sufrir una crisis de salud mental. Inicialmente, el próximo señalamiento de su caso, al amparo de la regla de Procedimiento Criminal 240, era en septiembre, cuando llevaría nueve meses tras las rejas. Pero, tras la publicación de la historia en este medio, fue adelantada para el jueves 26 de junio.

La Regla 240 recoge el trámite para determinar la procesabilidad de una persona imputada de delito, como, por ejemplo, la evaluación periódica por un psiquiatra que determine si puede o no enfrentar juicio.

Por otro lado, Pérez ni confirmó ni descartó la posible votación –antes del 30 de junio– del proyecto que exigiría que toda menor de 15 años o menos presente una autorización del padre, madre o custodio legal para poder terminar un embarazo.

“Todavía estamos en el análisis de la medida. Recibimos una cantidad de ponencias, pero ya estamos en esos toques finales. En un tema como este, que puede ser polarizante, quiero que la determinación que se vaya a tomar incluya todo el análisis correspondiente”, afirmó.

Dijo que la Comisión de lo Jurídico aún trabaja en el informe final, ya sea recomendando o rechazando la aprobación del Proyecto del Senado 297, de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

“Pudiese ser (que baje la medida antes del 30 de junio), pero no te puedo ser categórico porque no me gustaría crear una expectativa que no sea real”, señaló el representante novoprogresista, quien señaló que, además de los deponentes que participaron de las vistas públicas, recibieron más de 20 memoriales de grupos a favor y en contra de la legislación.

Recientemente, como parte de su proceso de confirmación, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó, respecto al aborto, que la política del gobierno es “la protección a la vida desde la concepción”.

Según la postura de Justicia, el marco legal que impera en la isla es el dispuesto en los articulados 98, 99 y 100 del Código Penal, donde se criminaliza el aborto, salvo unas excepciones. Otros sectores, sin embargo, sostienen que la terminación de un embarazo es legal al amparo del caso de Pueblo vs. Duarte Mendoza.