La gobernadora Jenniffer González vetó seis medidas legislativas, entre ellas, el Proyecto del Senado (PS) 509, una propuesta dirigida a combatir el ausentismo escolar crónico mediante un protocolo de intervención que hubiese permitido la activación de alarmas tempranas y programas de apoyo social ante faltas recurrentes en las escuelas públicas.

Además, descartó el PS 898, que buscaba reconocer oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural de la comunidad sorda; el PS 627, para crear el “Destino Turístico Paraíso del Este” con un plan estratégico de mercadeo y una junta ejecutiva regional; y el PS 1085, para garantizar la protección y la inclusión de la población de adultos mayores en el ámbito del deporte adaptado.

La misma suerte corrieron, las resoluciones conjuntas del Senado (RCS) 32 y 43, las cuales impactaban directamente la gestión del Departamento de la Vivienda. La primera ordenaba realizar un inventario digital de solares y fincas vacantes o en usufructo; mientras que la segunda disponía la digitalización de planos, documentos técnicos y expedientes originales en las oficinas regionales de la agencia y así proteger y preservar la información ante el azote de desastres.

El PS 509 sobre ausentismo escolar, en resumen, proponía crear equipos interdisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales y consejeros en cada escuela como mecanismo para combatir ese problema en niveles crónicos. Estos profesionales investigarían las causas de las incomparecencias mediante evaluaciones individuales y visitarían los hogares del alumno. La medida del senador Héctor Joaquín Sánchez imponía multas de hasta $1,000 o servicio comunitario a los progenitores, si se determinaba un patrón de negligencia.

Según datos del Departamento de Educación correspondientes al año escolar 2022-2023 y recogidos en la legislación, la tasa de deserción alcanzó el 2.85% entre estudiantes de primaria, el 5.5% de secundaria y el 8.65% entre estudiantes de Educación Especial.

De acuerdo con el reporte, las razones por las que los estudiantes no culminaron sus estudios varían entre irse a trabajar, enfermedad, ausencias excesivas, faltas disciplinarias, asumir responsabilidades en el hogar, matrimonio, estudiar programas acelerados, paradero desconocido, baja para estudiar en instituciones privadas para adultos, entre otros.

Por tratarse de un veto de bolsillo, la primera ejecutiva no viene obligada a explicar las razones por las cuales objetó la legislación. No obstante, en la exposición de motivos, su autor argumentó no solo que la propuesta era de “fácil aplicación”, sino que iba “acorde con la principalísima responsabilidad que la Constitución le impone al gobierno de Puerto Rico de proveer un sistema de instrucción pública”.

González, en cambio, firmó el PS 567 para crear la “Ley Especial para Uniformar el Proceso de Titularidad de los Bienes Inmuebles del Gobierno”, que establece un procedimiento especial para identificar y acreditar la titularidad de inmuebles públicos cuando no existan documentos que validen cuál es la agencia titular. El Departamento de Transportación y Obras Públicas quedaría facultado para certificar que las estructuras pertenecen al gobierno y para representarlo como custodio ante el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, lo que, según la intención legislativa, agilizaría la disposición de propiedades públicas en desuso.

De igual forma, convirtió en ley el PS 789, que dispone que el manejo y conservación del bosque Gabia, en Coamo, se regirán por la Ley de Bosques. “Con esta ley, el gobierno formaliza el reconocimiento ecológico del área y garantiza la continuidad de los esfuerzos de conservación, educación ambiental, investigación científica y manejo sostenible que actualmente se realizan en la finca”, indica un comunicado de La Fortaleza.

La primera ejecutiva, igualmente, dio paso a la RCS 196, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que distribuye $1,352,861 entre varios municipios para financiar proyectos de infraestructura, mejoras de capital, desarrollo económico, mantenimiento de infraestructura crítica, así como obras relacionadas con la salud y seguridad pública.

La distribución incluye $500,000 para Manatí, $250,000 para cada uno de los municipios de Villalba, Utuado y Añasco, y $102,861 para Cayey.

Asimismo, estampó su firma en la Resolución Conjunta de la Cámara 376, que reasigna $2,792,772 –en sobrantes de 13 medidas aprobadas entre 2017 y 2020– para financiar proyectos de infraestructura y alto impacto social. Los fondos se destinarán a la Autoridad de Tierras, agencias y municipios para obras viales, mejoras en escuelas, instalaciones deportivas y sistemas de agua.

La medida, del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, incluye, por ejemplo, la asignación de $100,000 para mejoras viales en los distritos representativos 3 (San Juan) y 5 (Aguas Buenas), así como la asignación de $25,000 para reparar el techo de la antigua escuela Ernesto Juan Fonfrías, en Toa Baja.

Incluye, asimismo, $26,325 para mejoras al vagón de la banda escolar y otras mejoras en la escuela Arístides Cales Quiróz de Guayanilla y $32,000 para mejoras a la cancha bajo techo Alturas de Yauco, en el barrio Barinas. Abarca también una partida de $20,000 para mejoras a la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Mientras, $66,318.95 estarían dirigidos a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) para instalar aires acondicionados –y otras obras menores– en las escuelas Trina Padilla de Sanz y Julio Seijo, ambas en Arecibo, y los planteles Luis Meléndez Rodríguez y Carmen N. Peraza, en Hatillo y Arecibo, respectivamente.