La gobernadora Jenniffer González vetó tres medidas radicadas a petición de la Federación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP)–, que eran parte de un paquete de nueve legislaciones a través de las cuales el organismo pretendía allegar $11 millones a los municipios.

Entre las piezas rechazadas, está el Proyecto del Senado 776 para que las patentes municipales por servicios de telecomunicaciones brindados hacia el exterior se paguen directamente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y que los fondos recaudados se distribuyan entre los municipios conforme a la fórmula establecida en la Ley 53-2021.

Dicha fórmula dispone que el dinero debe ser distribuido utilizando cuatro criterios: ingresos por contribución sobre la propiedad, cantidad de residentes dependientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), densidad poblacional y la limitación en otras fuentes de recaudos.

Asimismo, ordena la transferencia al CRIM de los balances acumulados relacionados con estos recaudos y exige la preparación de informes anuales detallando la cantidad recaudada y la distribución de los fondos.

Al hacer el anuncio del paquete legislativo, en octubre, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, indicó que esta medida atraería a los municipios $1.1 millones. El Nuevo Día solicitó expresiones adicionales del también alcalde de Camuy, pero no estuvo disponible.

La misma suerte corrió el Proyecto del Senado 775, una legislación que enmendaba el Código Municipal de Puerto Rico a los fines de agilizar los procesos de adquisición de equipos, suministros y servicios.

Entre las enmiendas propuestas, estaba igualar el umbral para excluir de subasta pública las obras de construcción o mejora por contrato mediante la obtención de tres cotizaciones. Asimismo, disponía que el certificado de elegibilidad de la Administración de Servicios Generales (ASG) era suficiente para la adquisición de bienes y servicios, otorgaba a los municipios la facultad de mantener un Registro de Licitadores y ampliaba el marco de la reglamentación interna en compras no sujetas a subasta formal.

En el inicio de los trabajos legislativos el lunes, el Senado aprobó una nueva medida para distribuir $2.4 millones entre nueve municipios, reviviendo el propósito de la Resolución Conjunta del Senado 98 que también fue vetada por González –también presidenta del PNP– el 15 de agosto.

La asignación presupuestaria proviene de los sobrantes acumulados en el fondo de patentes de telecomunicaciones. Ambas medidas fueron presentadas por petición de la Federación de Alcaldes a través del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

La legislación, por ejemplo, asigna $500,000 a Lajas para la ejecución exclusiva de obras y mejoras permanentes. Por su parte, Loíza y Maricao recibirán $250,000, cada uno, para cubrir sus operaciones municipales, realizar mejoras de capital, impulsar el desarrollo económico y dar mantenimiento a su infraestructura crítica.

Los otros pueblos que se beneficiarían son Adjuntas, Cayey, Ceiba, Coamo y Dorado.

Junto a estas medidas, la mandataria también emitió un veto en contra del Proyecto del Senado 240, que extendía a cinco años la vigencia de los decretos de exenciones contributivas para jóvenes empresarios, en reconocimiento de los retos que enfrentan en las primeras etapas del desarrollo empresarial, destacó, al presentar la legislación, su autora, la senadora Marially González, del Partido Popular Democrático.

Las medidas recibieron un veto de bolsillo, lo que quiere decir que la gobernadora no firmó ni devolvió el proyecto de ley dentro del plazo constitucional de 30 días.