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Juan Oscar Morales sobre veto a medidas de su autoría: “No quisiera pensar que aquí hay cosas ajenas a la razón verdadera”

El portavoz alterno del PNP en el Senado dijo que, por ahora, no se inclina a volver a radicar los proyectos rechazados por Jenniffer González

16 de abril de 2026 - 6:54 PM

Juan Oscar Morales, portavoz alterno del PNP en el Senado. (Ramon "Tonito" Zayas)

El senador Juan Oscar Morales lamentó este jueves que la gobernadora Jenniffer González no se comunicara con él antes de anunciar públicamente el veto a dos medidas de su autoría, a la vez que rechazó los argumentos de la primera ejecutiva para engavetar las propuestas.

“No quisiera pensar que aquí hay cosas ajenas a la razón verdadera y haya vetado los proyectos porque se trate de Juan Oscar Morales”, indicó el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, quien ha sostenido diferencias públicas con González, específicamente, por el tema de las escoltas a los exgobernadores.

“Lamento que me haya tenido que enterar por ustedes, los medios de comunicación, que me ventaron los proyectos. Tengo que decir que La Fortaleza se equivoca en las justificaciones que dio con relación a los proyectos”, sostuvo.

Más temprano este jueves, González anunció, en comunicado de prensa, que vetó tres medidas presentadas por senadores de su delegación –PNP– por no contemplar o atender su impacto fiscal o ser contradictorias a los objetivos de su administración. Se trató de la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 24 y de los proyectos del Senado 531 y 582. Estos últimos dos de Morales.

El PS 531, radicado por petición de la Sociedad Americana del Cáncer, la Alianza Pro Acceso a Medicamentos y la Asociación de Padres de Niños con Impedimentos, iba dirigido a facilitar el acceso de los pacientes a su expediente médico. No obstante, la gobernadora alegó que su implantación tendría el efecto contrario al imponer cargas operacionales y fiscales que dificultarían su cumplimiento.

“No tenía impacto ninguno y es algo que beneficiaba al paciente. Decidieron también colgarlo bajo el pretexto de que tenía un impacto significativo en las entidades”, señaló Morales.

En cuanto al PS 582, que buscaba incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), González alegó que “no ofrece un mecanismo de financiamiento adecuado y sin certeza actuarial”.

Según el informe de la Comisión de Salud de la Cámara, la Oficina de Presupuesto de Asamblea Legislativa proyectó el costo fiscal preliminar de la propuesta en $79,353 para el año fiscal vigente (2025), escalando a $80,519 en 2026, $82,672 en 2027, $84,553 en 2028, $87,909 en 2029 y $90,020 en 2030. El PS 582 fue aprobado en ambas cámaras de forma unánime.

“Vamos a decir que el impacto es de $100,00 anuales. La pregunta es: ¿es el gobierno incapaz de identificar $100 mil cuando, hace unas semanas, estaban decidiendo que habíamos tenido $904 millones en ahorros de contrato?”, cuestionó Morales. “Quiero pensar que lo vetaron por falta de información y no por otras circunstancias ajenas al trámite legislativo”, enfatizó.

“Al final del día, con esto, no me hacen daño a mí. Les hacen daño a los vigilantes del DRNA, que no le dieron la oportunidad de tener un buen seguro médico”, agregó.

De acuerdo con el documento preparado por la Comisión de Salud, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA cuenta con aproximadamente 362 oficiales. De concluir que la mitad tiene cónyuge y, al menos, un hijo, podría concluirse que la medida impactaría a unas 724 personas. El salario base de estos funcionarios es de $2,600 mensuales.

Morales cuestionó, asimismo, la aparente rapidez con que se evaluaron sus medidas, pues se recibieron en La Fortaleza apenas este pasado lunes. Agregó que no contempla volver a radicar las legislaciones, pero apoyaría cualquier iniciativa presentada por otro senador a los mismos efectos.

“Si me dijeran la verdad de cuál es el error y qué tendríamos que hacer para que fueran viables, pues, me sentiría en la libertad de radicarlos de nuevo. Pero, ¿para qué?”, planteó.

La otra medida vetada, la RCS 24, le ordenaba al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evaluar la viabilidad de transferir a la administración municipal de San Germán las instalaciones y edificaciones del antiguo centro de transbordo para desarrollar una planta de reciclaje.

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