La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 315, para suspender provisionalmente el arbitrio al combustible conocido como “la crudita”, es inconsistente con la ley Promesa y el Plan Fiscal por carecer de fuentes de financiamiento para cubrir su impacto estimado de hasta $25 millones.

El ente que controla las finanzas públicas señaló que la propuesta de utilizar supuestos excedentes de nómina en 66 agencias genera serias dudas, ya que mantiene bajo evaluación más de 200 solicitudes de reprogramación presupuestaria del gobierno. A esto, se suma un potencial “abismo fiscal del (programa) Medicaid”, lo que podría reducir aún más cualquier sobrante.

“La RCC 315 afecta el presupuesto del Estado Libre Asociado porque reduciría los ingresos fiscales sin proveer una compensación fiscalmente responsable y sostenible”, lee la misiva cursada ayer, lunes, por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, al portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara y autor de la legislación, Héctor Ferrer Santiago.

Para Ferrer Santiago, la postura de la JSF no debe interpretarse como una oposición directa a la resolución. Según el legislador, el señalamiento responde estrictamente a la aparente falta de disponibilidad de los fondos sugeridos para cubrir el impacto económico de la pieza, ya que el gobierno decidió reprogramarlos para otros fines desconocidos.

“El Ejecutivo le entregó a la Asamblea Legislativa información sobre un exceso en nómina y exceso de fondos de más $1,200 millones, lo cual tomamos como cierto y lo plasmamos en la exposición de motivos. Pero, el gobierno solicitó su reprogramación y no que se bajara el costo de vida de los puertorriqueños”, dijo Ferrer Santiago.

La medida –que quedó pendiente en esta sesión ordinaria– propone suspender, por 45 días, el arbitrio a la gasolina y el diésel establecido en el Código de Rentas Internas. Para compensar sus costos, ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal identificar y reprogramar excedentes de nómina en 66 agencias e implantar medidas de ahorro de costos, como ajustes a los gastos de nómina de empleados de confianza, publicidad y servicios profesionales.

“La RCC 315 no cumple con los requisitos del Plan Fiscal ni de Promesa debido a que no existe certeza de que los fondos excedentes identificados en la resolución estén disponibles para ser reprogramados. Por lo tanto, la resolución, tal como está redactada actualmente, sería inconsistente con el Plan Fiscal y con Promesa”, añade la carta de Mujica.

“Legislar la suspensión de una fuente significativa de ingresos sin medidas de compensación adecuadas se desvía de las mejores prácticas de planificación financiera y anularía parte del progreso significativo por el cual Puerto Rico ha trabajado”, añade.

Por otro lado, la JSF destacó la reciente aprobación de la Resolución Conjunta 6-2026, que asignó $554 millones del Fondo General para proveer un incentivo contributivo no recurrente a los contribuyentes y que, si bien resultó en un alivio económico, su naturaleza no recurrente limita la capacidad fiscal del gobierno para reducciones adicionales de ingresos que no estén financiadas.

“El impacto acumulativo de conceder más suspensiones contributivas sin identificar compensaciones recurrentes representa un riesgo para la estabilidad fiscal de Puerto Rico”, advirtió el ente.

Ferrer Santiago radicó su legislación con miras a conceder un alivio a la ciudadanía ante el alza del petróleo como resultado de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero.