La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera solicitó la recusación de cuatro de los nueve jurados ya seleccionados y juramentados al argumentar que algunos expresaron posturas que podrían comprometer su imparcialidad, y que otros supuestamente omitieron información relevante durante el proceso de selección.

La moción de reconsideración fue presentada ayer, jueves, por las abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) que representan a la joven acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.

En el escrito, la defensa solicitó al Tribunal de Aibonito que “a los fines de garantizar los derechos constitucionales” de Avilés Cabrera a un debido proceso de ley, proceda a “recusar por razones motivadas” a los cuatro jurados identificados por números e iniciales.

El planteamiento surgió hoy durante la continuación de la selección del jurado para el juicio pautado para comenzar el próximo 15 de octubre. Un total de 29 potenciales jurados fueron citados para la jornada de hoy. Nueve integrantes fueron elegidos en sesiones anteriores.

Todavía resta por seleccionar tres integrantes para completar el panel principal de 12 jurados y seis suplentes.

En la moción, la defensa retomó planteamientos levantados durante el proceso de selección celebrado el 4 de agosto y sostuvo que las respuestas de dos jurados supuestamente reflejaron prejuicios o experiencias personales que podrían incidir sobre su capacidad para evaluar el caso de forma imparcial.

Sobre una de las personas, la defensa señaló que expresó que su padre fue asesinado de un disparo en el corazón mientras se encontraba en el cumplimiento del deber y que esa experiencia “la ha afectado mucho”.

La defensa interpretó su respuesta como que llega al caso “con un prejuicio por la experiencia personal vivida”.

En el escrito se indicó que otro miembro del jurado indicó que era el único que provee sustento para su familia y que trabaja por cuenta propia. Durante el interrogatorio, al preguntársele si esa situación podría llevarlo a apresurarse al momento de tomar una decisión en medio del juicio, respondió que sí.

Además, según la defensa, indicó que fue víctima de varios delitos, incluido un robo a mano armada en su hogar. Ante preguntas de la defensa sobre si esa experiencia lo inclinaba más hacia la Fiscalía y la Policía, contestó: “En lo personal, yo le puedo decir que sí. Claro”.

También respondió afirmativamente cuando se le preguntó si entendía que, como jurado, debía aportar para que “no haya delincuentes en la calle”.

La defensa sostuvo que, aunque posteriormente los candidatos expresaron que podrían considerar únicamente la prueba presentada durante el juicio, esas respuestas no necesariamente subsanaban las expresiones iniciales.

“Una vez ambos candidatos compartieron opiniones y experiencias que establecen un abierto prejuicio o parcialidad contra la acusada o la causa a juzgar, ello no puede ser subsanado con una ‘mera promesa’ o ‘compromiso’ de que serán imparciales”, planteó la defensa en la moción.

La solicitud de reconsideración también incluye cuestionamientos surgidos luego que la defensa recibió información relacionada con los candidatos a jurado obtenida mediante el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC).

Según la moción, el 5 de agosto las abogadas solicitaron al tribunal que ordenara al Ministerio Público entregar la documentación del SIJC y que utilizó durante la etapa inicial de selección. La defensa indicó que recibió la información solicitada después de que los primeros candidatos fueran seleccionados.

Según la defensa, después de revisar los cuestionarios y compararlos con la información suministrada, encontraron discrepancias en las respuestas de tres de los nueve candidatos seleccionados.

Sobre una de ellas, la defensa alegó que había negado en el cuestionario que ella o un conocido hubiese sido víctima de delito, pero posteriormente reconoció durante el interrogatorio en sala que ella o un familiar había sido víctima de uno.

Respecto a otra persona, la defensa señaló que contestó que no había participado en investigaciones, pero, al revisar la información que sometió al SIJC, sostuvo que formó parte de una pesquisa relacionada con un caso de Ley 54 y violaciones a la Ley de Armas.

En cuanto a un tercer jurado, el escrito sostiene que también contestó en la negativa varias preguntas, pero la información entregada por el Ministerio Público reflejó que formó parte de una investigación por apropiación ilegal y entrada no autorizada a una propiedad privada.

La defensa sostuvo que “tres de los nueve candidatos a jurado ya preseleccionados” incumplieron, a su juicio, con la obligación de suministrar la información requerida en el cuestionario.

“Tal actuación u omisión de tales candidatos conlleva en definitiva su recusación por motivada”, argumentaron las abogadas.

Señalaron, además, en la moción que las partes acordaron, el 11 de agosto, que cualquier candidato que suprimiera información o negara un hecho cierto en el cuestionario sería recusado por causa.

El proceso para conformar el jurado ha ocupado varias jornadas durante las últimas semanas.

El 11 de agosto, 61 potenciales jurados fueron citados al Tribunal de Aibonito, mientras 32 presentaron excusas ante el juez Juan Reyes. Tras evaluar esos planteamientos, el magistrado excusó a 27 personas, mayormente por razones médicas.

Ese mismo día fueron juramentados decenas de testigos que podrían comparecer durante el juicio, entre ellos agentes de la Policía, ciudadanos, funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), empleados del Hospital Menonita de Aibonito y testigos de refutación.

Avilés Cabrera enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por la muerte de Gabriela Nicole, ocurrida el 11 de agosto de 2025 en Aibonito.

Su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentó un juicio separado y fue hallada culpable el pasado 23 de julio por los mismos cargos.

El juicio contra Avilés Cabrera está pautado para comenzar el 15 de octubre.