Tras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) extender hasta el 16 de junio la fecha límite que tiene la Asamblea Legislativa para presentar el presupuesto para el próximo año fiscal 2025-2026, la Cámara de Representantes está enfocada en atender parte de los reclamos de los alcaldes, pero sin alterar el monto del plan de gastos remitido por el ente federal.

“Por el momento, no podemos cambiar números ni quitar, pero sí vamos a adoptar lo que los alcaldes pidieron para que las partidas dirigidas a los municipios están más claras en el presupuesto”, indicó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier.

Los alcaldes, a través de los gremios que los agrupan, han exigido que la partida de $59 millones destinada a iniciativas municipales no esté englobada, sino que sea fragmentada para especificar su uso. Por ejemplo, esta asignación incluye fondos para el servicio de ama de llaves y paramédicos.

“El presupuesto ya está sometido ante la Asamblea Legislativa. Quien tiene espacio para enmendar somos nosotros y la Junta de Supervisión Fiscal”, expuso Charbonier.

El reclamo del liderato de la Asociación y la Federación de Alcaldes, organismos que agrupan, respectivamente, a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), surgió durante una reunión del liderato cameral en la que se discutió la “precaria” situación fiscal en la que se encuentran, al menos, 14 pueblos.

Otra de las exigencias de los municipios es que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) desembolse una partida de $105.5 millones, correspondiente al presupuesto vigente, que les adeuda a los municipios por alegada “burocracia”, según indicó en una entrevista previa el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

La reunión para finiquitar el asunto será este lunes, a la 1:30 p.m., en la oficina de presidente cameral.

Entre los fondos pendientes a desembolsarse hay $3 millones para la elaboración y adopción de los planes de ordenación territorial, $1.1 millones para servicios esenciales y los $35 millones que se destinaron para un “rescate financiero” para los pueblos. Además, está pendiente el desembolso de $49.5 millones para “cost share”.

“Queremos que el dinero se les desembolse ahora. No hay razón por la cual debe dilatarse el desembolso del dinero”, dijo Charbonier, al sostener que no descartan la radicación de legislación que, a futuro, evite este ataponamiento en la entrega de fondos.

“No vamos a permitir que el dinero se mantenga ahí”, subrayó el representante por San Juan.

La extensión para la aprobación del plan de gastos surge luego que la JSF advirtiera sobre un aparente descuadre de $109 millones que identificó en el presupuesto propuesto para el año fiscal 2025-2026 de la Administración de Seguros de Salud (ASES), a causa de un alza mayor a la proyectada en las tarifas contractuales de las aseguradoras que gestionan el Plan Vital.

Una vez refrendado el presupuesto, el próximo 16 de junio, la JSF tiene hasta el 23 de junio para emitir a la Asamblea Legislativa una certificación de cumplimiento o un aviso de infracción. Tres días después -el 26 de junio-, la Cámara y el Senado deberán presentar una versión revisada, en el segundo escenario, que tiene que estar aprobada en o antes del 30 de junio.

“Va a ser la primera vez que un gobierno, en su primer año logre un presupuesto certificado”, dijo confiado Charbonier.