Ante el hecho de que la Cámara de Representantes aprobó retrasar a diciembre de 2026 la evaluación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, el ecólogo e ingeniero Carl Soderberg, uno de los expertos a cargo de la elaboración del documento, recalcó que Puerto Rico necesita abordar “ahora” este tema urgente o, de lo contrario, “sufriremos las consecuencias”.

“Hay ciertos efectos del cambio climático que necesitamos abordar ahora y no dentro de dos años, y un ejemplo son los calores extremos que afectan desproporcionalmente a la comunidad de envejecientes, que constituimos una tercera parte de la población”, apuntó Soderberg, integrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc).

El lunes, la Cámara avaló una medida para extender hasta diciembre de 2026 el período que la Asamblea Legislativa tiene para evaluar el Plan, una determinación que generó preocupación en el Ceacc.

Según la Ley 33-2019, la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, integrada por 11 senadores y representantes, tiene “hasta la culminación” de la sesión ordinaria, o sea, hasta el próximo 25 de junio, para presentar el documento ante ambos cuerpos. Empero, la enmienda recién aprobada le da una ventana de 18 meses adicionales.

“Yo le hago una exhortación al Senado a reconsiderar eso que ha aprobado la Cámara”, afirmó Soderberg, también exdirector de la División del Caribe de la Agencia federal de Protección Ambiental.

Junto a la urgencia de implantar medidas que ayuden a aplacar los efectos del calor extremo que se anticipa para el verano, Soderberg destacó la necesidad de empezar a trabajar en la extensión de la vida útil del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, así como en la preservación de los canales de riego.

Las recomendaciones incluidas en el Plan para el principal puerto aéreo del país –construido sobre terreno pantanoso– van dirigidas a evitar que se inunden algunos de sus componentes clave y, en el caso de los canales de riego, se trata de un sistema esencial para aumentar la producción agrícola, pero que actualmente pierde el 60% del agua, un recurso que escasearía aún más a futuro.

“Aumentar la producción agrícola para lograr una seguridad alimentaria se hace cada vez más necesario ante las amenazas del cambio climático, que también sufren los países que producen el 85% de los alimentos que consumimos. Necesitamos agua y hay que empezar a reparar los canales de riego”, recalcó.

Soderberg también expresó preocupación con lenguaje incluido en la medida, que dispone que la Comisión Conjunta tendría hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar un informe con sus “hallazgos y recomendaciones”, lo que implica, a su juicio, que el futuro del Plan no se conocería hasta 2027.

El Plan –ante la consideración de la Legislatura desde el 22 de abril de 2024– incluye no solo los “diagnósticos” del Ceacc y su equipo de trabajo en torno a las implicaciones de la crisis climática para el país, sino también 156 cursos de acción y 808 estrategias que, una vez aprobado, tocaría al gobierno implantar.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, Marissa Jiménez Santoni, aseguró que atenderá, en vista pública, el Proyecto de la Cámara (PC) 566, y no descartó la posible integración de enmiendas a la legislación, de la autoría del representante Ángel Morey.

“Lo vamos a atender como atenderíamos cualquier otro proyecto. No lo vamos a atender por descargue”, dijo Jiménez Santoni, quien también lidera los trabajos de la Comisión Conjunta.

La senadora, del Partido Nuevo Progresista, indicó que conoció de la medida a través de Morey, aunque reconoció que estaban “contemplando” solicitar una prórroga hasta la próxima sesión ordinaria para la evaluación del Plan. No obstante, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, “se inclinaba por que se le diera prontitud”.

“Una vez (el proyecto) llegue (a la Comisión) y podamos evaluarlo, determinaremos las recomendaciones o las enmiendas que el Senado le haga, si alguna, a la medida”, expuso.

Entre las primeras medidas radicadas este cuatrienio por Rivera Schatz, está el Proyecto del Senado 78, dirigido a disponer una asignación anual mínima de $500,000 al Ceacc, a los fines de que pueda cumplir con los objetivos de la Ley 33-2019.

Para la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, la aprobación del PC 566 refleja la teoría “de negación de la crisis climática” de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Es allanarse a la posición anticiencia”, expuso.

Sostuvo que el proceder de la Cámara es incompatible, por ejemplo, con los problemas de erosión costera que sufren comunidades de Loíza y Luquillo, que, dijo, están “a punto de desaparecer”. “Creo que lo que va a pasar es que van a terminar aguando el Plan para que vaya en la línea del concepto de varilla y cemento que está promoviendo la administración”, apuntó.

“Es como si recibieran primera noticia de lo que significa no solo el informe, sino el tema en general. Creo que están en una etapa elemental de comprensión de un tema complejo”, añadió Santiago.

La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico también exigió premura en el asunto, y catalogó el PC 556 como “un intento de frenar deliberadamente un proceso urgente para el bienestar del país”.

“Si seguimos poniendo el lucro por encima de la vida de la gente, las estampas desastrosas que hemos visto con estas recientes inundaciones serán el pan nuestro de cada día”, denunció Federico Cintrón, director de la entidad, por escrito.

El Puente Puerto Rico, a través de Cintrón, indicó que han observado con preocupación un “patrón de obstrucción” a políticas climáticas por parte de la administración de Jenniffer González. Entre ellas, mencionó la firma del PC 267, que eliminó los plazos intermedios para alcanzar la transición energética a fuentes renovables hacia 2050 y permitió la extensión de la operación de la carbonera AES Puerto Rico hasta 2032.

Cintrón agregó el retiro voluntario de la demanda presentada por el Estado contra grandes compañías petroleras por ocultar información sobre el impacto de sus operaciones en la aceleración del cambio climático. “El gobierno de Jenniffer González ha adoptado una serie de decisiones que evidencian un desdén por atender con urgencia la crisis climática”, subrayó.