En espera de que la Cámara de Representantes retome mañana, miércoles, su investigación por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en centros de inspección, incluyendo el perteneciente a la familia de la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, la controversia tomó este martes un nuevo matiz con reclamos de información del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Específicamente, Rivera Schatz les pidió a cinco dependencias públicas que entreguen, en 48 horas, “copia de todas las facturas sometidas y aprobadas como parte del contrato de servicios profesionales” que mantienen con el exsecretario de Justicia Antonio Sagardía, a quien en algunos foros se le ha identificado como abogado de Pérez Peña.

El requerimiento fue dirigido a los departamentos de Educación y de la Familia, las autoridades de Energía Eléctrica y para las Alianzas Público Privadas, y la Corporación del Fondo para el Seguro del Estado.

Sagardía no estuvo disponible para entrevista, pero negó –en redes sociales– que sea representante legal de Pérez Peña. “Si fuera su abogado, ya lo hubiera expresado”, dijo, señalando que sus expresiones previas sobre este tema han sido en calidad de extitular de Justicia.

Las peticiones de información trascendieron luego que Rivera Schatz y Sagardía ofrecieran, por separado, entrevistas radiales en WKAQ.

En su turno, Rivera Schatz cuestionó el manejo del gobierno a la controversia de Pérez Peña en términos de “proyección”, y abordó las consecuencias sobre la administración de Jenniffer González.

“La gente que dice que son parte del equipo de la gobernadora no ha mostrado aprecio cuando la ubican en una situación donde constantemente tiene que estar dando explicaciones. Creo que lo han manejado mal desde el principio… Esas circunstancias no son buenas para ningún gobierno”, afirmó.

Sagardía dijo, por su parte, que no coincidía con Rivera Schatz, y le recordó cuando apoyó al exsenador Héctor Martínez, quien enfrentó una convicción federal de la que luego fue absuelto.

“A los amigos, uno los apoya en las buenas y en las malas”, dijo Sagardía, mencionando cuando Rivera Schatz se trasladó al Tribunal Federal en una guagua, junto a otros legisladores, en apoyo a Martínez. “Estoy seguro que al amigo Rivera Schatz no le importó las consecuencias, los efectos y las críticas que le hicieron”.

Más tarde, pero en entrevista en NotiUno, Rivera Schatz cuestionó que Sagardía, “en lugar de estar trabajando por lo que supuestamente se le paga”, estuviera “politiqueando por las emisoras en horas laborales”.

En reacción al requerimiento, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, confirmó que entregará la información. “Ya se le han dado instrucciones a nuestro secretario auxiliar de Asuntos Legales a poder recopilar la información y proveerla”, señaló, y explicó que Sagardía lleva “años” dándole servicios a la agencia y, actualmente, está asignado al área de Administración.

“Más que nada, (trabaja en) políticas públicas, redacción, verificaciones de legalidad, igualmente opiniones relacionadas con distintos asuntos”, detalló Ramos.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, expresó: “Respetamos las investigaciones de la Asamblea Legislativa, es parte de sus facultades, y las agencias a las que se les hizo la solicitud de información contestarán porque es su deber”.

Mañana, se supone que 10 propietarios de centros de inspección –multados por supuestamente emitir marbetes ilegales– se presenten ante la Comisión de Transportación de la Cámara, como parte de una investigación. Inicialmente, la citación incluía a Pérez Peña, pero luego se indicó que iba dirigida al centro de inspección Yabucoa Auto Services.

La información que resulte de la vista ejecutiva a puerta cerrada, citada para las 10:00 a.m., será comparada con la presentada a la Comisión por el Departamento de Hacienda, anticipó el representante José “Cheíto” Hernández, quien lidera los trabajos.

Sigue pendiente de atención, además, una solicitud de vista ejecutiva, presentada por la defensa de Arturo Deliz Vélez, para comparecer ante la Comisión. Deliz Vélez fue el funcionario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que investigó las supuestas irregularidades señaladas en Yabucoa Auto Services.

“Cuando una persona solicita comparecer ante una comisión legislativa para ofrecer información sobre asuntos que podrían tener implicaciones de política pública o de fiscalización gubernamental, lo responsable es atender esa solicitud con seriedad. La Asamblea Legislativa tiene el deber constitucional de investigar, escuchar a los testigos y evaluar la información disponible”, expresó Domingo Torres, portavoz alterno del Partido Popular Democrático en la Cámara.

Adelantó que solicitará formalmente que, de celebrarse la vista, se establezcan salvaguardas para proteger a cualquier persona que comparezca.

Hernández no estuvo disponible para entrevista.

Como divulgó inicialmente el programa televisivo “Los datos son los datos” (WAPA), Yabucoa Auto Service –que hasta diciembre estuvo a nombre de Pérez Peña– supuestamente emitió más de 1,900 marbetes fraudulentos. Como resultado, se le impuso una multa de $987,500, la cual se habría transado por $5,000.

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Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.