Organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales exigieron este martes a la Asamblea Legislativa el “descarte inmediato” del proyecto que crea una nueva reforma de permisos, al tiempo que sostuvieron que la legislación prioriza los intereses de los grandes desarrolladores sobre la crisis urgente de agua y electricidad que sufre el país, amenazando con agravar el colapso de los recursos naturales.

“Este país amaneció, otra vez, con los embalses en picada y con familias completas resolviendo con cubos, y la prioridad de la Legislatura es una ley que le abre la puerta a megaconstrucciones que consumen agua que no tenemos. Exigimos que estos proyectos se descarten”, reclamó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.

Tras presentarse dos propuestas legislativas para transformar el sistema de permisos –una del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y otra de la gobernadora Jenniffer González–, el Senado trabaja en un proyecto sustitutivo. El borrador, según Rivera Schatz, está adelantado. Sin embargo, no ha estado accesible a las organizaciones, denunciaron.

“Aunque el gobierno utiliza al pequeño comerciante como justificación de la reforma, la propuesta tiene un alcance mucho mayor. Su estructura responde, principalmente, a las necesidades de grandes desarrolladores e inversionistas, mediante mayor rapidez, certeza para la inversión, ampliación de las certificaciones privadas y reducción de los controles preventivos”, subrayó Vázquez.

“A un colmado, a una barbería o a un taller de la comunidad, no le hace falta una reingeniería completa del sistema de planificación del país. Le hace falta que le contesten el teléfono en las agencias, que le atiendan el trámite a tiempo y que haya los técnicos y los empleados para poder ejercer esas funciones”, apuntó.

Por su parte, el abogado ambiental Pedro Saadé sostuvo que el proyecto no debe aprobarse porque representa una amenaza al acceso y disfrute de las playas y las áreas costeras, al presuntamente abrir paso a su privatización o limitación. Asimismo, dijo, incrementa la desigualdad social y económica, y agravaría el problema del agua en un contexto de crisis climática cada vez más severo.

“La propuesta reduce las evaluaciones preventivas, amplía los procesos ministeriales y las certificaciones privadas, y traslada buena parte de la intervención gubernamental hacia la fiscalización posterior, en un país donde las agencias ya carecen del personal, los recursos y la capacidad técnica necesarios para fiscalizar adecuadamente”, expuso.

Aunque ambos líderes del Partido Nuevo Progresista han establecido que sus medidas –los proyectos del Senado 1173 y 1183– no son incompatibles, presentan grandes diferencias. La propuesta de González, por ejemplo, pretende centralizar todas las autorizaciones del Estado en materia de construcción y operación de negocios, y elimina la Junta de Planificación.

También, existe preocupación entre múltiples sectores sobre la definición que finalmente se acogería para la zona marítimo terrestre y cómo se garantizaría la autonomía municipal.

La arqueóloga Mariela Declet denunció, en tanto, que la reforma, según propuesta, elimina el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, reduce el papel del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y permite que, en algunos casos, la intervención especializada ocurra después de comenzada la excavación.

“La arqueología es fundamental para proteger y custodiar nuestra herencia cultural, ella resguarda nuestra historia e identidad. Los arqueólogos no estamos para evitar el desarrollo, estamos para custodiar y proteger nuestra historia y nuestros recursos arqueológicos”, explicó.

Puntualizó que el colapso del sistema de permisos no se debe a las leyes de protección arqueológica, las cuales cumplen con los más altos estándares internacionales. El verdadero problema, aseguró, radica “en el desmantelamiento estructural y la falta crónica de personal que sufre el ICP”.

“El patrimonio cultural no es solamente un permiso. Va más allá de eso. Es nuestra herencia, nuestra historia; y el ICP y los arqueólogos estamos aquí para protegerlos e investigar, estudiar y ampliar en profundidad nuestra identidad como puertorriqueños”, agregó Declet.

En entrevista previa con El Nuevo Día, Rivera Schatz no descartó celebrar vistas públicas adicionales antes de considerar el proyecto sustitutivo. Se expresó, además, confiado en lograr un 100% de armonía en la propuesta.

“Cuando un proyecto pueda afectar el agua, los bosques, los humedales o el karso, las determinaciones de las agencias científicas deben ser previas y vinculantes. La Legislatura debe divulgar el texto final y permitir que la comunidad científica evalúe sus consecuencias antes de cualquier votación”, reclamó el ecólogo Jesús Danilo Chinea.