Cualquier legislación que promueva congelar el impuesto al inventario deberá contemplar cómo se repondrían, al menos, $450 millones que los municipios dejarían de recibir por concepto de este y otros ingresos, advirtieron este miércoles las dos organizaciones que agrupan a los 78 alcaldes.

El recaudo del impuesto al inventario es una de las principales fuentes de ingreso -si no la principal- para muchos municipios. Para el año fiscal 2025, que concluyó el 30 de junio, se estima que este gravamen generó en total $318.7 millones.

Esa última cifra excluye otros $21.5 millones anuales, aproximadamente, que dejarían de recaudar los gobiernos municipales tras la firma, el 27 de julio, de la Ley 78-2025, que exime del pago de la propiedad mueble los medicamentos recetados.

“La variación que hay, excluyendo ahora los medicamentos, agrava las circunstancias en términos de lo que se va a recaudar o no”, reconoció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien encabezó una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

Durante la pasada sesión legislativa, se estimó que el Proyecto de la Cámara (PC) 420 –una medida de la administración de Jenniffer González para congelar o fijar la tasa contributiva del impuesto al inventario por cinco años– tendría un impacto de unos $300 millones, pero la Ley 78 complica ahora el panorama fiscal de los ayuntamientos.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que la aprobación de la Ley 78 representa una reducción de $90.5 millones en recaudos por los próximos cinco años, pero información “extraoficial” del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) apunta a que el impacto ascendería a $107.5 millones en ese plazo, indicó Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Contrario a la percepción general, sostuvo Hernández, solo 534 compañías –la mayoría dedicadas a la distribución amplia de productos–, entre 100,052 planillas de contribución sobre la propiedad mueble radicadas, cargaron con el 80% del pago del impuesto al inventario, equivalente a $254.9 millones.

Hernández propuso que, para determinar el valor del inventario sujeto a la contribución sobre la propiedad mueble y establecer la congelación, se utilicen los datos correspondientes al 2024 para mitigar el impacto de la nueva Ley 78.

“Con lo que se recaudó ese año, podríamos cubrir los servicios esenciales en todos los municipios”, expresó.

La Legislatura retomó la discusión sobre el impuesto al inventario con el análisis del Proyecto del Senado 433, el equivalente al PC 420, cuya aprobación quedó en suspenso en la pasada sesión legislativa luego que el sector privado argumentó que la medida -tras enmiendas incluidas en el Senado- establecía un nuevo impuesto en la compra de productos, comida y medicinas.

Ello, porque el Senado propuso, entonces, reducir a tres años el tiempo de congelación y que el impuesto se pagara al momento de la venta de cada producto. El sector comercial, en tanto, ha exigido que se elimine la totalidad del cargo, lo que entiende aumentaría la capacidad de inventario.

A juicio de Rivera Schatz, el proyecto de administración está más dirigido a incentivar y proteger a la empresa privada que a los gobiernos municipales. Reconoció que la propuesta fue avalada por el pueblo en el plan de gobierno del PNP.

“Hay otros ejercicios que estamos haciendo, con otra legislación que, al final del camino, es para llevarle dinero a la gente a través de los municipios”, apuntó el presidente senatorial. “La congelación es un remedio, un alivio, pero no la solución”, expuso.

Al igual que Hernández, el licenciado Carlos Santini, en representación de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos del Partido Popular Democrático (PPD), alertó que una reducción en estos ingresos podría poner en “riesgo” la capacidad de los municipios para ofrecer servicios esenciales.

La Asociación sugirió crear un fondo especial en el CRIM que compense automáticamente cualquier merma de recaudos en los municipios a raíz de la legislación propuesta y que se procure una transición hacia un modelo donde el impuesto al inventario se cobre al momento de la venta.

“Una medida legislativa que impacta ingresos esenciales debe contener garantías explícitas de sostenibilidad fiscal para los municipios”, subrayó Santini.

Mientras, el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, coincidió con Hernández al recomendar que se fije la tasa contributiva a base de la valoración del inventario reportada en la planilla de contribución sobre la propiedad mueble del 2024. De igual forma, sugirió que, de no aprobarse legislación que establezca una fuente alterna de ingresos al culminar el período transitorio, se reevalúe la alternativa de que el impuesto se pague “al momento de la venta” al consumidor.

Actualmente, los gobiernos municipales aportan al gobierno central cerca de $500 millones anuales para subvencionar la tarjeta de salud, el sistema de pensiones “PayGo” y el Fondo de Redención. “La narrativa pública es que no podemos buscar que el gobierno siga subsidiando a los municipios cuando la realidad es todo lo contrario”, afirmó el exalcalde de Comerío y senador popular, José A. Santiago.

La Cámara de Comercio y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) abogaron, durante la vista, por la derogación del impuesto al inventario.

La presidenta de la Cámara de Comercio, la licenciada Margaret Ramírez, sostuvo que esa contribución, la cual describió como anacrónica y dañina, desalienta la competitividad económica e impacta el costo y la disponibilidad de productos en la isla en perjuicio de los consumidores y los comercios locales.

“El impuesto al inventario... afecta en forma desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, tales como las ferreterías, supermercados y farmacias, que dependen de inventario amplio para atender la demanda de sus clientes”, señaló.

“Mantener abastos adecuados se convierte en un costo fiscal adicional que muchas empresas no pueden absorber”, apuntó.

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA, dijo que la legislación que se apruebe debe permitir que se elimine dicha tributación. “El problema histórico ha sido que han puesto dos realidades que no deberían estar encontradas: la realidad de la necesidad de seguridad y de desarrollo económico de Puerto Rico, y la realidad de que los municipios necesitan financiamiento”, expuso.

“Cualquier legislación debe proveer, al menos, para la eliminación gradual o eventual del inventario”, puntualizó Reyes.

Insistió en que el impuesto es un agravante a la seguridad alimentaria, tomando en consideración que la isla importa más del 80% de los alimentos. Agregó que solo 14 estados mantienen algunas versiones de este gravamen, y afirmó que la mayoría lo ha eliminado por supuestamemte obstaculizar su productividad.