La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó este miércoles una medida que procura crear la “zapata” para devolver la administración del sistema eléctrico a manos públicas, al tiempo que reforma la composición de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con miras a especificar los criterios de selección de sus miembros y ampliar la representación de los consumidores en el organismo.

Si bien la pieza legislativa no ordena la cancelación de los contratos de LUMA Energy y Genera PR, sienta las bases para la administración del sistema energético si la Rama Ejecutiva procede con la rescisión de uno o ambos acuerdos de privatización vigentes, señaló la senadora María de Lourdes Santiago.

“Los contratos, para ser cancelados, necesitan acción del Ejecutivo. No hay manera de radicar una resolución conjunta en Cámara y Senado y decir ‘mediante la presente, cancelamos el contrato’. Eso corresponde al mismo poder gubernamental que lo firmó. (…) La documentación para la cancelación del contrato, nos parece a nosotros que está ahí, incluyendo en las disposiciones y resoluciones del Negociado de Energía”, señaló la legisladora.

El anuncio del proyecto de ley –que llevará el número 797 en la Cámara de Representantes y el 695 en el Senado– estuvo encabezada por el secretario general y excandidato a la gobernación del PIP, Juan Dalmau, en su reaparición pública luego de su hospitalización hace casi dos semanas tras un episodio gastrointestinal.

“Creo que hay un consenso de país, más allá de líneas partidistas y líneas ideológicas, de que el modelo actual no funciona y tiene que superarse. Hoy, tenemos un sistema energético más inestable y costoso que antes. Eso es inaceptable, particularmente para los que consideramos que el acceso a la energía eléctrica debe tratarse como un derecho humano”, subrayó Dalmau.

Dalmau y los cinco legisladores de la colectividad reconocieron que la medida, con toda probabilidad, enfrentará un camino cuesta arriba en la Legislatura, dominada por supermayorías del Partido Nuevo Progresista en ambos cuerpos. A lo largo de la rueda de prensa desde la sede del PIP, sin embargo, recalcaron que, al menos en el caso de LUMA –administrador de la red de transmisión y distribución–, la cancelación del contrato fue un compromiso programático de la gobernadora Jenniffer González.

“La excusa que han utilizado es que, como no hay otras propuestas, tenemos que conformarnos con el desastre que hay. Pues aquí estamos presentando una propuesta en blanco y negro para un nuevo modelo de gobernanza”, acentuó el excandidato a la gobernación por la alianza junto al Movimiento Victoria Ciudadana.

Acompañados del licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, el economista Edwin Irizarry Mora y el líder ambiental Víctor Alvarado Guzmán, Dalmau y los legisladores puntualizaron la necesidad de conformar una gerencia “despolitizada” y “democratizada” en la AEE.

Además de enmiendas a la ley orgánica de la AEE, se propone modificar las leyes 57-2014 y 17-2019, que contienen la política pública energética, y derogar la Ley 120-2018, que ordenó la privatización.

La Junta de Gobierno de la corporación pública, de acuerdo con las enmiendas propuestas por el PIP, tendría cuatro miembros designados por el primer ejecutivo, pero tres de ellos provendrían de listas sometidas, respectivamente, por el sector académico, organizaciones sin fines de lucro y ambientales, y la Asociación de Economistas. Los restantes tres integrantes representarían a los consumidores industriales, comerciales y residenciales.

Actualmente, el organismo rector cuenta con ocho sillas, pero cuatro de ellas permanecen vacantes, incluida la del único representante de los consumidores.

Según Dalmau, el proyecto de ley impediría el activismo político entre la plantilla de la AEE, así como potenciales conflictos de interés entre miembros de su Junta de Gobierno o gerencia con contratistas de la corporación pública.

“El problema de la AEE no era que estaba en manos del pueblo, fue que quieren tuvieron la responsabilidad de administrarla cometieron los pecados capitales de vaciar su presupuesto, politizarlo partidistamente, incurrir en corrupción y, después que ensuciaron el agua, justificar su privatización”, enfatizó Dalmau.

Emmanuelli Jiménez, quien ha intervenido en representación de organizaciones sindicales en los procesos judiciales bajo la ley Promesa, señaló, por su parte, que el diagnóstico que hace el PIP del fracaso de la AEE coincide, en gran medida, con lo que reflejó, hace varios años, el informe Kobre & Kim que comisionó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para analizar el descalabro financiero de la corporación pública y otras entidades públicas. La JSF se ha mantenido firme en que, incluso ante un posible cambio de operador, la AEE debe permanecer bajo administración privada.

La extensión de un proceso de transición, reconoció Dalmau, dependería, en gran medida, de las acciones legales que tomen LUMA y Genera PR en caso de cancelarse sus respectivos contratos, pero, sea como sea, aseguró que podría completarse este mismo cuatrienio.

En tanto, el tiempo que tomaría lograr indicadores de confiabilidad del servicio aceptables para la industria estaría atado a la capacidad de la nueva gerencia de invertir adecuadamente en la modernización de sistema eléctrico, que incluiría una transición a fuentes de energía limpia, enfatizó Irizarry Mora, también excandidato a la gobernación del PIP.

Junto a la medida para reformar la AEE y revertir la privatización, el representante Denis Márquez sometió el Proyecto de la Cámara 798, que reinstalaría los objetivos intermedio de alcanzar un 40% y 60% de producción energética mediante fuentes renovables para 2030 y 2040, respectivamente, que se eliminaron en la Ley 1-2025.