La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicó una medida para que tanto el Senado como la Cámara de Representantes rechacen los reglamentos propuestos por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) que proponen cambios sustanciales y podrían poner en riesgo a las personas beneficiarias de vivienda pública y subsidiada.

La resolución concurrente, presentada en ambos cuerpos, detalla los cambios principales a los reglamentos de HUD que, advierte, “ignoran la realidad social y económica de Puerto Rico”.

Asimismo, alerta que “el efecto ineludible de adoptar reglamentación como la propuesta será un aumento en el número de personas sin hogar en el archipiélago”, así como aumentar el precio de vivienda y pondrá en mayor vulnerabilidad a poblaciones como las sobrevivientes de violencia de género, los adultos mayores y la niñez.

“Lo óptimo es que la Legislatura, como representantes del pueblo, exprese su rechazo a través de los mecanismos existentes, como las resoluciones, y sea enviada esa expresión de la Legislatura al procedimiento de recibir comentarios del público”, dijo el senador Adrián González Costa.

El portavoz alterno del PIP consideró que la expresión de la Asamblea Legislativa se puede sumar a las que cualquier ciudadano u organizaciones no gubernamentales puedan emitir. No obstante, entiende que el posicionamiento de la Legislatura “tendría mucho peso en esa evaluación que esté haciendo el HUD sobre cómo nos sentimos en Puerto Rico y las implicaciones que tendría esto para nuestra gente”.

En el Senado, particularmente, se unieron los legisladores Luis Javier Hernández Ortiz y José Luis Dalmau Santiago, del Partido Popular Democrático. Este último remitió una carta al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que detalla el impacto de la propuesta reglamentación y asegura que falta un análisis riguroso de sus implicaciones en Puerto Rico.

“Si bien es posible enmendar estas regulaciones para garantizar un trato justo a Puerto Rico, tal como están redactadas merecen ser rechazadas. Por estas razones, se urge a la Comisión de Asuntos Internos a evaluar y aprobar con premura la resolución”, sostuvo el también expresidente del Senado, quien, además, remitió una comunicación a HUD.

Los cambios en las reglas que HUD propone incluyen, por ejemplo, reducir el término para notificar desahucios, que actualmente es de hasta 30 días; y eliminar los subsidios de vivienda pública si en la familia hay algún integrante con estatus migratorio irregular.

Además, las autoridades de Vivienda Pública y los propietarios pudieran limitar a un mínimo de dos años los subsidios; y los beneficiarios, de entre 18 y 61 años, tendrían que cumplir con hasta 40 horas de trabajo semanales. Esta regla excluiría a los adultos de 62 años o más y a las personas discapacitadas.

El gobierno aún no asume una postura sobre los reglamentos propuestos. A esos fines, se ha reunido con varios componentes del gobierno federal y estatal, pero aguarda por las opiniones de los residentes de vivienda pública para fundamentar su análisis.

Las fechas límites para emitir los comentarios sobre los distintos reglamentos van desde el 21 de abril hasta el 1 de mayo. La organización Ayuda Legal Puerto Rico detalló la información relevante sobre cada propuesta y cómo se pueden comentar las propuestas en este enlace.