Pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, descartó atender en lo que queda de cuatrienio el proyecto de ley que viabiliza un alza salarial para los jueces, la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, se expresó confiada en que se podrán “superar las diferencias” y que la Legislatura le dé paso a la medida.

“Daremos espacio a que el comité de conferencia dialogue para superar las diferencias y continuaremos atentos al desarrollo de los procesos para aclarar dudas e insistir en la importancia de lograr salarios competitivos que ayuden a fortalecer a la judicatura”, señaló Oronoz Rodríguez a través de expresiones escritas.

Ayer, martes, al inicio de la sesión ordinaria, Hernández Montañez anunció que la Cámara no atendería el reclamo de los togados, luego de que no se lograra un consenso con la propuesta para incrementar el sueldo de los legisladores, el gobernador y el gabinete constitucional.

“Escuchen, escuchen bien. Nosotros siempre llegamos a consensos. Si no hay consenso, se podrá dejar para que la próxima Asamblea Legislativa atienda todo, todo, todo lo que tenga que ver con análisis sobre salarios. Yo creo que estamos claros, todo. ¿Ok?”, dijo el líder cameral.

Las expresiones de Hernández Montañez surgieron luego de que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, así como su homólogo del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis “Junior” Pérez Ortiz, rechazaran el otorgamiento de alzas salariales a los legisladores, el gobernador y el gabinete constitucional.

Desde 2013, el salario base de un legislador es de $73,775.

¿Qué dice el proyecto?

El Proyecto del Senado 1292 otorga a los jueces alzas salariales que oscilan entre $22,164 y $29,556 anuales. Los fondos para subvencionar los aumentos fueron autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que destinó $11.2 millones a tales efectos en el presupuesto para este año fiscal 2023-2024. Sin embargo, en el caso de los togados, la distribución de los fondos requiere un mandato de ley.

“Desde el Poder Judicial, hemos procurado lograr salarios justos para todos nuestros funcionarios y funcionarias, incluyendo los jueces y las juezas. Al momento, hay un comité de conferencia nombrado por los líderes legislativos al cual le corresponde trabajar sobre el Proyecto del Senado 1292″, recalcó Oronoz Rodríguez.

En entrevista previa con El Nuevo Día, Hernández Montañez advirtió que no había consenso entre la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara para conceder aumentos salariales a los jueces y agregó, en un intercambio posterior, que fue precisamente durante un caucus para atender el tema donde surgió la necesidad de “uniformar las posiciones de las ramas constitucionales”.

Este no es el primer escollo que el reclamo enfrenta en la Legislatura. La aprobación del alza salarial a los jueces y juezas se detuvo al cierre de la pasada sesión en junio porque, entonces, los representantes y senadores exigían conocer –antes de tomar cualquier determinación– el impacto del Plan de Clasificación y Retribución de los empleados del Poder Judicial.

Por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, rechazó el intento de atar el aumento salarial de los jueces con el incremento del salario de gobernadores, legisladores y jefes de agencia, y emplazó al presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, a que convoque a su conferencia legislativa para que voten a favor del Proyecto del Senado 1292.

“Secuestrar una rama de gobierno, en este caso la Judicial, solo porque se quiere ‘evaluar’ un aumento a oficiales electos que, repito, no lo han pedido, así como al gobernador, que tampoco lo ha hecho, o los jefes de agencia, es un error”, expuso Méndez por escrito.

El expresidente cameral agregó que “la Legislatura no ha negociado con la Junta aumento de salario para los senadores y representantes, tampoco el Ejecutivo lo ha hecho con los miembros del gabinete. ¿Por qué, entonces, atar un acuerdo entre la Junta y la Judicatura a algo que nadie ha pedido?”.

El Proyecto de Senado 1292 propone elevar el sueldo anual del juez presidente del Tribunal Supremo, de $125,000 a $154,556. Mientras, los jueces asociados del máximo foro judicial verían un alza de $24,480, lo que llevaría su salario anual a $144,480.

En el caso de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de $105,000 a $130,579 anuales, y los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia devengarían $118,133 al año, $28,533 más de lo que reciben actualmente. A nivel municipal, verían un ajuste de $22,164, elevando su salario anual a $91,764.

Los salarios de los juezas y juezas en Puerto Rico no han sido revisados en los últimos 20 años, para fines del Supremo, y 18 años para los foros restantes, cuando se aprobaron las leyes 232 de 2002 (de la Judicatura) y 233 de 2004 (que determinó un aumento de sueldo para los jueces), respectivamente.