La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela, reclamó este miércoles un alza presupuestaria de $14 millones que le permita a la dependencia que dirige sostener sus operaciones y, al mismo tiempo, asumir el incremento en la prestación de servicios que ha experimentado.

Actualmente, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) opera con un presupuesto anual de $3.8 millones, una suma que, aunque le ha permitido mantenerse a flote, ha obligado a mantener vacantes unos 42 puestos de trabajo, indicó Varela, ante la Comisión de Hacienda del Senado, que evalúa el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2025-2026.

De la partida adicional de $14 millones solicitada, la mayor porción –$12 millones– estaría dirigida a la digitalización de los procesos en la Oppea, el manejo de la propiedad pública y costear el pareo de fondos que el gobierno federal exige para acceder a ciertas asignaciones necesarias para la continuidad de programas.

A través de estos fondos, se aseguraría, por ejemplo, la operación de los Centros de Actividades y Servicios Múltiples (CASM) y el ofrecimiento de servicios directos, como alimentos, transportación y consejería.

“No estamos pidiendo un lujo. Estamos asegurando continuidad y trato justo con una población vulnerable de nuestro país”, dijo Varela.

“La Oppea, realmente, no tiene un presupuesto balanceado, considerando tantas necesidades que tiene nuestra población”, agregó.

La procuradora anticipó, asimismo, que, a partir del 1 de julio, cuando inicia el año fiscal, algunos municipios no podrán seguir ofreciendo ciertos servicios a la población de adultos mayores, ante la eliminación del Fondo de Equiparación. “Actualmente, los municipios se encuentran en una situación fiscal que afecta todos los servicios, incluyendo los que se brindan a las personas de edad avanzada desde los CASM”, señaló.

La Oppea estimó en $28 millones los fondos federales que espera recibir el próximo año fiscal.

“Nuestra labor se ha vuelto cada vez más crítica, ante el notable aumento de esta población en la isla”, reafirmó Varela, al destacar datos de la Encuesta de la Comunidad (2022) del Negociado del Censo, que estimó en 944,507 las personas de 60 años o más viviendo en la isla, para un 28.9%.

Se espera que, para 2030, la población de 60 años o más represente un 35%; para 2040, un 38.1%; para 2050, un 39.8%; y para 2060, un 43.7%.

“El crecimiento sostenido de la población de edad avanzada ha resultado en un aumento significativo en las solicitudes de servicios, querellas, consultas legales y coordinación interagencial. Para cumplir con nuestras funciones, es vital el fortalecimiento de nuestra capacidad operativa”, subrayó.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Migdalia Padilla, anticipó que solicitará una reunión con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para dialogar sobre las peticiones. “Que nos escuchen y nos den alternativas porque verdaderamente, si nosotros vamos ahora mismo al plan de gobierno de la gobernadora, una de las prioridades es precisamente las personas de edad avanzada”, expresó.

Por otro lado, Varela indicó que, durante el año fiscal 2023-2024, la Unidad de Protección y Defensa de las Personas de Edad Avanzada recibió 3,745 querellas por posible maltrato y 2,187 denuncias contra agencias gubernamentales u organizaciones privadas.

Además, se realizaron 690 referidos a proveedores de servicios y les dieron seguimiento a 11,748 casos con querellas activas. Mientras, la Oficina de Asistencia Legal realizó 237 representaciones legales, beneficiando a 277 adultos mayores, y asesoró a 662 personas.

La Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), a través de su procurador Edwin García Feliciano, también solicitó un alza presupuestaria, aunque, en este caso, fue de unos $400,000, e irían dirigidos al pago de la nómina, ascendente a 66 empleados, y gastos operacionales. El presupuesto recomendado por García Feliciano, para el próximo año fiscal, es de $3.7 millones.