Ya es ley el proyecto del representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales, incluyendo celulares, en las escuelas públicas hasta octavo grado, informó este martes la gobernadora Jenniffer González, tras estampar su firma en la legislación.

El nuevo estatuto contempla, sin embargo, tres excepciones: cuando el dispositivo se utilice para fines educativos, para comunicarse con padres por alguna emergencia o en casos de acomodo razonable.

La Asamblea Legislativa había aprobado una medida similar en la pasada sesión, pero recibió un veto de bolsillo, en septiembre, luego que, en el trámite, sufriera enmiendas para que la restricción aplicara a alumnos de todos los niveles. Entonces, González recalcó que creía “en la privación del uso de celulares en estudiantes de escuela primaria”. Según la mandataria, “todas” las “correcciones técnicas” que solicitó fueron acogidas.

González también firmó elProyecto de la Cámara 614, que enmienda la “Ley de Internados del Gobierno” para que se incluyan, al menos, dos estudiantes dotados en los internados del Estado.

En tanto, la gobernadora tiene hasta el 7 de enero para determinar el futuro de cerca de 40 medidas legislativas aprobadas ante su consideración, incluyendo varias de alivio económico, como la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 193, que ordena a LUMA Energy detener el cobro de $300 por “estudios suplementarios” a los 96,000 participantes del programa de medición neta.

“Se pidieron evaluaciones y opiniones a diversos sectores, pero también, ciertamente, está en ese grupo de las 40 medidas que la gobernadora va a estar evaluando”, indicó, más temprano este martes, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, quien no anticipó cuál es la postura de González en torno a la RCC 193.

“Todo lo que es energético, siempre va a traer una discusión pública y nosotros estamos conscientes de eso. Se está haciendo la evaluación, se ha estado trabajando y, en su momento, se estará comunicando la firma o veto de cada uno de esos proyectos de ley y resoluciones”, agregó, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

La semana pasada, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico le hizo un llamado a la gobernadora a firmar la resolución conjunta. “Este cobro de $300 es, en la práctica, otro impuesto al sol. Representa un cargo adicional a familias y pequeños comercios que ya están abrumados por los aumentos en la factura eléctrica, y la firma de la RCC 193 frenaría esta injusticia”, dijo, entonces, Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la entidad.

Al mismo reclamo, se unió este martes el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández.

“Este sistema se concibió con la idea de facilitar la interconexión a la red eléctrica y permitir la retroalimentación de electricidad a los clientes que instalen en sus hogares un equipo solar eléctrico o cualquier fuente de energía renovable que sea capaz de producir energía. No puede ahora, ni el gobierno ni LUMA, pretender cobrarle $300 a estas familias”, expresó Hernández.

En el grupo de medidas pendientes de acción de González, también están el Proyecto de la Cámara 602, que otorgaría un 40% de descuento en el pago de multas de tránsito, peajes y otras infracciones bajo la “Ley de Vehículos y Tránsito”; y el Proyecto de la Cámara 288, que declara la calle Cerra como un centro gastronómico y cultural metropolitano.

“Hay otros proyectos de condohoteles, entre otros más, así que son varios proyectos, de mayor o menor grado de complejidad, pero se han estado evaluando”, abundó Peña Payano.

“Como hemos dicho, una vez llega el proyecto a La Fortaleza, nosotros solicitamos opiniones del sector privado, organizaciones sin fines de lucro, expertos en el tema y también miembros de diferentes agencias que son los que tienen que implementar la política pública, y ahí es que la gobernadora usa su criterio para evaluar firma o veto de una medida”, subrayó.