Una medida aprobada el martes a toda prisa por la Cámara de Representantes y el Senado podría generar una serie de controversias legales alrededor del contrato de LUMA Energy ya que, si se convierte en ley, tendría el efecto de convertir al nuevo operador del sistema de transmisión y distribución en el patrono sucesor de buena parte de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La iniciativa, presentada por seis senadores del Partido Popular Democrático (PPD), tuvo el apoyo de las delegaciones de todos los partidos, salvo el Proyecto Dignidad que se abstuvo de votar a favor o en contra de la medida en ambos cuerpos legislativos.

El Proyecto del Senado 450, en esencia, enmienda la Ley de Relaciones del Trabajo (Ley 130 del 8 de mayo de 1945) para añadir un nuevo inciso que establece que cualquier empresa que haya comprado, alquilado u operado activos que eran manejados por empleados gubernamentales unionados estará obligada a respetar los convenios colectivos vigentes y a respetar la unidad apropiada, es decir, el sindicato. La medida es de aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2017.

“(La empresa) Estará obligada a respetar dicho acuerdo de negociación colectiva durante su vigencia y a respetar la unidad apropiada aplicable como patrono sucesor de los empleados gubernamentales cobijados por dicho convenio”, sostiene la medida.

El proyecto, si se convierte en ley, podría generar una controversia legal por su retroactividad. De hecho, esto fue advertido por el portavoz novoprogresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz, quien votó a favor del proyecto junto a buena parte de su delegación. El presidente del Senado, durante la sesión del martes, reconoció que ese efecto retroactivo sería sobre el contrato de LUMA Energy, empresa que ha procurado crear su propio equipo de trabajo lejos de los sindicatos organizados en la AEE.

El proyecto se supone que ahora pase al despacho del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien ha apoyado abiertamente el contrato con LUMA Energy que permite la exclusión de los empleados unionados, los cuales supuestamente serían absorbidos por el gobierno central. El gobernador podría vetar la medida. No obstante, si los márgenes de apoyo legislativo se mantienen, tanto la Cámara de Representantes como el Senado podría imponerse sobre el veto ejecutivo.

El gobernador, en una intervención en el programa Día a Día (Telemundo) destacó que, en la discusión legislativa, la delegación novoprogresita en el Senado advirtió sobre los retos legales que tendría el proyecto que, en términos prácticos, pretende enmendar el contrato con LUMA Energy desde el Capitolio. “Es un menoscabo (a los derechos contractuales)”, dijo.

Afirmó que la delegación penepé en la Asamblea Legislativa apoyó la medida para “enviar un mensaje” de apoyo a la clase trabajadora.

Pierluisi Urrutia alegó que no iba a “prejuzgar” el proyecto de ley y que iba a esperar la opinión de sus asesores y los de las autoridades de Alianzas Público-Privadas (AAPP) y de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para tomar una decisión final. No obstante, advirtió que él juró defender las constituciones de Puerto Rico y EE.UU., documentos que prohíben la aprobación de leyes que menoscaben contratos.

“Yo tengo la responsabilidad de hacer cumplir la constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico y Estados Unidos. Eso pesa mucho en mí”, afirmó el mandatario.

Según el abogado experto en derecho constitucional, Carlos Gorrín Peralta, no hay impedimento para que una ley tenga una vigencia retroactiva. Sin embargo, si la legislación tiene un impacto sobre las obligaciones establecidas en un acuerdo legal puede darse un pleito constitucional puesto que la ley máxima exige que no se aprueben medidas que menoscaben contratos.

“Una ley puede ser retroactiva y se presume constitucional. Pero sí podrían darse impugnaciones. Habrá que ver el impacto de interés propietario en el contrato versus el fin público de la medida”, expresó, por su parte, el también experto en derecho constitucional, Carlos Ramos.

Gorrín Peralta explicó que una controversia así habría que analizarla según el interés que tiene el estado de perseguir el fin establecido en la legislación y el menoscabo que implicaría.

Ese tipo de análisis, por ejemplo, fue el que se hizo cuando servidores públicos impugnaron hace más de diez años la Ley 7, de Emergencia Fiscal que menoscababa los derechos laborales de muchos empleados en el gobierno. En esa ocasión, el Tribunal Supremo determinó que el interés del estado por la emergencia fiscal que se enfrentaba justificaba el cambio a las obligaciones laborales violentadas por la legislación.

Un dilema similar ocurrió también cuando la Asociación de Maestros impugnó la reforma al sistema de retiro del magisterio. En aquella ocasión se entendió que la legislación aprobada era contradictoria y no cumplía con la finalidad de extender la vida del sistema por lo que los derechos contractuales de los empleados no podían ser menoscabados como pretendía la reforma.

“Si hay un contrato que posiblemente se vea afectado por una legislación aprobada con posterioridad hay que someterla a ese análisis legal. Si el contrato en controversia está asociado al gobierno, que tiene la capacidad de aprobar leyes, la legislación puede ser válida si hay una relación importante entre la ley y un interés importante del estado. Ese principio fue lo que se usó para validar la Ley 7”, dijo Gorrín Peralta.

La medida fue presentada y aprobada tanto en Cámara como en Senado el mismo martes en que LUMA Energy comenzó a operar el sistema de transmisión y distribución de energía. En el Senado, la medida tuvo el favor de todos los legisladores excepto la popular Ada García Montes que estaba ausente y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, que se abstuvo. En la Cámara se abstuvo la novoprogresista Lourdes Ramos, el popular Eladio Cardona y Leslie Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad. Estuvieron ausentes los novoprogresistas Ángel Bulerín Ramos, Jorge Navarro Suárez, Ángel Peña Ramírez, Gabriel Rodríguez Aguiló y José E. Torres Zamora. El resto apoyó la legislación.

Pese a que no se concibe como una empresa sucesora de la AEE, LUMA Energy ha contratado a sobre 1,200 trabajadores de la AEE para su plantilla, que todavía está lejos de alcanzar los cerca de 4,000 empleados que se dispusieron a emplear inicialmente.