Tras recibir un referido de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) inició una investigación contra la ex presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Jessika Padilla Rivera relacionada con el pago de bonificaciones a empleados exentos del organismo –incluyéndose–, un hecho del que ya se libró de una acusación penal.

El pasado 11 de septiembre, la Opfei archivó la querella que pesaba contra Padilla Rivera, tras una pesquisa realizada por las fiscales Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón. Ese mismo día, la Opfei refirió su resolución a la OEG; al presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda; la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); y el Departamento de Hacienda.

“Se recibió en la OEG una resolución emitida por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) notificando el archivo del caso relacionado con la Lcda. Jessika Padilla, (ex)presidenta (alterna) de la Comisión Estatal de Elecciones. Este caso atendía señalamientos sobre presuntas irregularidades y pagos indebidos en la concesión de bonos a funcionarios exentos por la suma de $117,586.49”, informó, por escrito, el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas.

“Ante el archivo del caso por parte del PFEI, el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la Oficina procedió a evaluar la investigación, con el fin de evaluar si existe alguna falta administrativa conforme a las disposiciones de ley y los reglamentos aplicables. La Oficina llevará a cabo el análisis correspondiente, incluyendo la revisión de documentos, entrevistas y cualquier otra gestión necesaria para determinar si hubo incumplimientos éticos o administrativos en el proceso”, agregó.

Cuestionado por El Nuevo Día, Rivera Rueda dijo, por su parte, que aún estaba leyendo la resolución de la Opfei, por lo que no concedió entrevista para saber qué acción, si alguna, tomará.

Mientras, el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, y el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, no contestaron llamadas de este medio.

Precisamente, fue Rivera Berríos quien dio pie a la investigación contra Rivera Padilla tras hacer un referido, el 29 de mayo de 2025, al Departamento de Justicia. En ese entonces y como medida cautelar, Rivera Berríos retuvo del presupuesto de la CEE los fondos que la ex presidenta alterna destinó al pago de los bonos.

Padilla Rivera concedió bonos a más de 60 empleados exentos de la CEE, correspondientes al ciclo electoral de 2024, sin el aval de los comisionados electorales, la Junta de Supervisión Fiscal ni la OGP. La Opfei, luego de su pesquisa, determinó archivar la querella por no hallar evidencia que sustentara la comisión de delitos.

En su resolución, estipuló, sin embargo, que, “ante la inexistencia de un cargo jerárquicamente superior a la Presidencia, las fiscales especiales concluyeron que la propia expresidenta tuvo que haber evaluado su desempeño para determinar el pago que recibió”.

La bonificación más alta –de $9,304.20– se la concedió Padilla Rivera a sí misma, según documentos examinados por El Nuevo Día.

Como presidenta alterna de la CEE, Padilla Rivera cobraba su sueldo de jueza superior, que es de $118,133, más un diferencial de $1,500.