Multas administrativas de hasta $2,500 y la suspensión automática de la licencia de conducir por 90 días son dos de las penalidades que podría enfrentar cualquier conductor que obstruya intencionalmente el tránsito, según una propuesta legislativa presentada por la senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú en respuesta a una manifestación que interrumpió el tráfico en la autopista PR-52 el 31 de agosto.