Cualquier proyecto que legalice el tránsito de “four tracks” por ciertas vías públicas debe considerar con detenimiento las realidades clínicas a las que se enfrenta el Hospital de Trauma del Centro Médico, institución a la que llegan la mayoría de las víctimas de accidentes con este tipo de vehículos.

El doctor Pablo Rodríguez, director del Hospital de Trauma, advirtió que el manejo de estos pacientes -que pueden llegar con traumas cráneoencefálicos severos y lesiones cervicales, toráxicas y pélvicas- conlleva un “consumo desproporcionado del sistema de salud”, intervenciones quirúrgicas especializadas, estadías prolongadas en unidades de cuidado intensivo y rehabilitación física, cognitiva y vocacional a largo plazo.

“En momentos en que el gobierno de Puerto Rico impulsa el fortalecimiento del sistema de trauma... resulta fundamental que las políticas públicas se diseñen de forma coherente a dicha meta”, sostuvo Rodríguez este martes ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, que evalúa el Proyecto de la Cámara 1018.

A tales efectos, agregó, el marco regulatorio debe contemplar un análisis actuarial y de riesgo, en el cual la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y otras aseguradoras consideren primas acordes al mayor riesgo de lesiones severas.

“Dichas primas deben reflejar el costo real del cuidado médico, quirúrgico y la rehabilitación de los casos que se generen”, dijo el galeno.

“Este enfoque no pretende penalizar, sino alinear el riesgo real con la responsabilidad financiera, protegiendo así la sostenibilidad del sistema”, agregó Rodríguez, en una ponencia presentada por el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).

Rodríguez indicó -por escrito- que sus expresiones no deben traducirse como un rechazo al proyecto de administración de Jenniffer González, pero sostuvo que es indispensable que la medida incluya entre sus disposiciones programas educativos obligatorios, certificaciones especializadas para operadores y requisitos estrictos fiscalizables de equipo de protección.

“Con un marco robusto, de reglamentación, educación estructurada, fiscalización efectiva y conciencia de salud pública, este proyecto puede atenderse con mayor justicia y menos riesgos”, apuntó.

Actualmente, el costo del cuidado médico de los pacientes que llegan al Hospital de Trauma con lesiones por accidentes en “four tracks” u otros vehículos no autorizados para transitar en las vías públicas es absorbido, mayormente, por la ASEM.

“Si no hay una aseguranza, tiene que pagarlo (el paciente) con su propio pecunio, y esas gestiones de cobro se hacen. Sin embargo, la experiencia nos dice que el recaudo es mínimo cuando no hay una aseguradora pendiente”, dijo el licenciado Rafael Fabre Carrasquillo, en representación del director de la ASEM, el doctor Regino Colón.

La ASEM favoreció la legislación y no anticipó un incremento en el número de pacientes que reciben por accidentes de este tipo. No obstante, la administración reconoció que hay que atender el tema del costo de los servicios. “Tenemos que crear la manera para poder asegurar que estos tratamientos de politraumatizados consigan una fuente de repago”, apuntó.

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, en inglés), se estima que cada año 800 personas mueren y alrededor de 100,000 son tratadas en salas de emergencias por lesiones relacionadas con vehículos todoterreno.

El PC 1018 dispone la creación de un registro, bajo el nombre “VTT Street-Legal”, que permitirá a los conductores que se inscriban manejar vehículos todoterreno, así como de baja velocidad, en ciertas carreteras (secundarias y terciarias).

El titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y el jefe de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González, volvieron a rechazar la posibilidad de enmendar el proyecto para definir, por mandato de ley, cuáles serían las carreteras por las que los vehículos todoterreno y de baja velocidad transitarán.

Tampoco dejaron abierta la puerta a que, una vez redactado el reglamento, el documento sea devuelto a la Legislatura para su aprobación como condición para su entrada en vigor, una alternativa traída a la discusión por el presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara, José “Cheito” Hernández.

“Nos oponemos a eso. Como entidad, tenemos el ‘expertise’ para hacer el reglamento e implementarlo y definir claramente qué carreteras son las que van a estar transitando todos estos vehículos”, expuso González Montalvo.

“Me suena difícil aprobar un proyecto donde yo no tenga constancia de qué carreteras, a qué horas, van a transitar estos vehículos”, insistió Hernández.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se expresó de forma similar, al precisar, ante los deponentes, que la Asamblea Legislativa, teniendo ante sí un proyecto que incide en la seguridad vial, “no tiene ninguna intención de delegar esa autoridad”.

Méndez expresó particular preocupación por el tránsito -debidamente autorizado- de los carritos de golf en vías principales, específicamente en las islas municipio de Vieques y Culebra. “Sé cuál es el deseo de nuestra gobernadora... pero lo tenemos que hacer adecuadamente, donde quede claro y establecido qué vehículos, por dónde van a transitar y hasta qué horario”, planteó el líder cameral.

Segun datos de la Policía, en 2025, solo se registró un choque con un vehículo todoterreno y dos fatalidades. No obstante, constituye un “choque” cuando la colisión es entre un “four track” y un vehículo, explicó el superintendente asociado de la Policía, el coronel Orlando Rivera. Si el choque es con un objeto fijo se considera un incidente. “Los todoterreno no se consideran un vehículo de motor porque no está estipulado en la ley”, señaló.

En la audiencia pública, participaron, aparte del presidente de la comisión legislativa, siete legisladores de todas las delegaciones y ninguno se expresó a favor del proyecto de ley, según redactado.

Actualmente, la Ley 130-2013 ordena el registro de los vehículos todoterreno. Sin embargo, el estauto “no funcionó”, reconoció el secretario del DTOP. Se estima que, en el país, hay unos 7,000 “four tracks”, pero la agencia tiene registrados solo 780. “Las personas no los registran, esa es la realidad, y la Policía no tiene las garras necesarias para poder fiscalizarlos”, dijo González Montalvo.

“Lo que estamos buscando con esta ley es que se pueda aplicar y que la Policía tenga las herramientas”, insistió el titular del DTOP. “¿Para que la Policía tenga las garras, tenemos que permitir la circulación de los ‘four tracks’?”, cuestionó Hernández, en múltiples instancias, sin conseguir una respuesta precisa.

“Nadie va a registrar un vehículo si no tiene acceso a poder transitarlo. Ya hoy hay una ley que lo permite, y nadie lo hace”, señaló el jefe del CST.